Si no fuera porque es Semana Santa, la información de que
Alberto Núñez Feijóo y
Santiago Abascal hablaron tras las elecciones de Castilla y León del 15 de marzo para agilizar las negociaciones entre el PP y
Vox para la formación de gobierno en esta comunidad, pero sobre todo en
Extremadura y Aragón, no sería noticia. Una política seria, o como tituló
Mariano Rajoy uno de sus libros Política para adultos (Plazay Janés), obliga a que los líderes de los partidos que van a pactar hablen, bien para ponerse de acuerdo, para avanzar en el diálogo, o para constatar diferencias. Lo contrario sería lo raro, o debería serlo.Nos hemos acostumbrado a que en vísperas de un acuerdo entre dos partidos, uno de ellos, siempre la parte minoritaria, cargue contra el mayoritario, el que va a tener la presidencia de un gobierno, con acusaciones que leídas en su literalidad llevarían a cualquiera a la conclusión de que el pacto es imposible, de que gobernar juntos no es factible y que el odio impedirá la mínima sintonía que requiere gobernar juntos.El objetivo de Abascal es que
Moreno no revalide la mayoría absoluta de 2022Es lo que ha ocurrido con la carta a los militantes de
Vox firmada por el secretario general de la formación de ultraderecha,
Ignacio Garriga, no por su presidente,
Santiago Abascal, no vaya a ser que alguien le recuerde dentro de unos días, si se alcanza el pacto, dónde quedan esas acusaciones, poco creíbles, de que toda su crisis interna es algo organizado y dirigido desde la dirección del PP, dando a esta una autoridad y una iniciativa que podría estar muy lejos de sus posibilidades, sobre todo si no hay unos mínimos elementos que sustenten las acusaciones.Así pues, de estos tira y afloja entre los dos partidos, se podría llegar a la conclusión –siempre con riesgo de equivocarse– de que es inminente el acuerdo en
Extremadura, el que más prisa corre, ya que la formación de gobierno tiene fecha de caducidad, ya menos de un mes, pero también el de Aragón, donde el popular
Jorge Azcón aún no se ha sometido a ningún debate de investidura.Santiago AbascalDani DuchAhora,
Vox, más que el PP, estará analizando cuándo es más conviene que se produzca el acuerdo, si de forma inmediata, de manera que en una semana pudiera haber presidentes en
Extremadura y en Aragón, o aplazarlo lo máximo, poniendo al límite la paciencia del PP, el más interesado en el acuerdo, porque una repetición electoral puede rebajar sus expectativas.En la decisión de los tiempos que se elijan estará muy presente lo que el partido de Abascal considere que le dará más réditos en la próxima cita electoral, la de Andalucía el 17 de mayo. Si
Vox cree que en los pactos no consigue todas sus exigencias, que planteó como condiciones sin las cuales no habría un pacto, lo que podría defraudar a sus posibles electores, que podrían creer que su partido ha cedido y no ha sabido poner firme al PP, seguramente el acuerdo sea inmediato. Si por el contrario logra exprimir a los de Núñez Feijóo y consigue demandas que exhibir ante los suyos, lo retrasará, porque su objetivo ahora es que Juanma
Moreno no revalide la mayoría absoluta que obtuvo en el 2022. Es el gran objetivo de
Vox en Andalucía, que el PP le necesite, aunque sea por un escaño, para la investidura.En esta ecuación, PP y
Vox no juegan solos. La decisión de Podemos de integrarse en la coalición Por Andalucía, formada previamente por IU y Sumar, ha movido el tablero. No es que el PSOE tenga posibilidad de ganar las elecciones, eso es casi inalcanzable, según todas las encuestas; ni que la unión de populares y la ultraderecha pueda estar en peligro por el bloque de izquierdas. Pero una movilización de la izquierda puede hacerla optimizar los restos que hace cuatro años abundaron la mayoría absoluta del PP. Lo que no está claro es que esa movilización beneficie al PSOE, ya que la unión de las tres organizaciones de izquierda le puede restar votos.Licenciada en Ciencias de la Información, rama de Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, y licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración por la UOC. Formó parte de la redacción de 'La Vanguardia' entre 1992 y 2024, siempre en la sección de Política, donde se encargó del Parlamento y del PP, además de las informaciones de los Ministerios de Defensa y de Exteriores. Antes de incorporarse a 'La Vanguardia' trabajó durante siete años en la Agencia Europa Press, así como en 'Diario16' y el periódico 'El Sol', al que perteneció hasta su desaparición en 1992. Cuenta con varios premios de Periodismo como el Luis Carandell (2014), que otorga el Senado; el Josefina Carabias que concede el Congreso (2022) y el Premio del Ministerio De defensa de Periodismo Escrito (2016) por su reportaje, publicado en 'La Vanguardia' “La salvación se llama Canarias”