Una residencia expulsa a una mujer con Alzheimer por repartir su hijo hojas para denunciar su gestión

La residencia privada de la capital Bouco Carabanchel, antes conocida con el nombre Orpea Carabanchel, ubicada en la calle de Antonia Rodríguez Sacristán, ha dado 15 días a una residente de 84 años con Alzheimer, para que abandone las dependencias, denuncia la Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas mayores en las Residencias (Pladigmire).El motivo de la expulsión es que uno de los hijos de la mujer ha repartido unas hojas entre los familiares de otros residentes para que denuncien las deficiencias del centro. Anteriormente, este familiar de la mujer había puesto una queja por escrito por el trato recibido por su progenitora, ya que ha sufrido cinco caídas en el centro en un año y medio y dos golpes cráneo encefálicos, documentados con informes médicos, así como una fractura en un brazo. El hijo ha diseñado y repartido un documento para que otras familias también se quejen de la falta de personal que atraviesa el centro. A los tres días del reparto de esa información, la anciana recibió una notificación de que se le daba 15 días de plazo para abandonar el centro. Esto sucedió a finales de marzo.La mujer, con grado de dependencia III, lleva casi dos años viviendo en esta residencia de ancianos. Este centro asistencial no cuenta con plazas concertadas, pero está acreditado por la Comunidad de Madrid para atender a ancianos que no consiguen plaza pública, pero disponen del cheque servicio de ayuda económica para acceder a centros privados cuando no se les asigna una plaza pública. Dispone de 160 plazas.El hijo, cuyas iniciales son J. E.R, explica que “envié un escrito a la directora regional del grupo para denunciar la situación del centro, la escasez de profesionales y la poca cualificación de los empleados de esta residencia”. A su juicio, “faltan gerocultores, es decir, especialistas en asistencia a mayores en situación de dependencia”. Y esta falta de profesionales, ya se lo comunicó inspección en el 2024 a la dirección del centro.Prohibido tomar represaliasSegún Miguel Vázquez, portavoz de Pladigmare, “la ley 12/2022 de servicios sociales de la Comunidad de Madrid, considera falta grave que los centros y servicios de atención social tomen represalias contra usuarios y familiares como consecuencia del ejercicio de sus derechos, como recoge el artículo 97 en su apartado r”.Desde Pladigmare han solicitado por escrito a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales que “se sancione a la residencia con falta muy grave y se inhabilite al director de la misma para ejercer el cargo por un tiempo de cinco años”, como establece el artículo 102 de la citada normativa.Un portavoz oficial de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales explica a La Vanguardia que “esta residencia es privada y la Comunidad de Madrid no tiene plazas contratadas en ella”. No obstante, destaca la misma fuente que, “la Consejería va a verificar a través de la Inspección estos presuntos hechos”.El grupo cuenta con 50 residencias por EspañaEl propietario de esta residencia es un fondo de inversión, que gestiona al grupo Emeis, que cuenta con más de 50 residencias de mayores por toda España, de las que otras tres están también ubicadas por distintos barrios de la capital. Este grupo también dispone de apartamentos asistidos, así como la clínica López Ibor de salud mental y el centro Lescer de neurorrehabilitación.La Vanguardia se ha puesto en contacto telefónico con la residencia para obtener la versión del director, pero no ha sido posible bajo el argumento de que “hoy no estaba en el centro”.Tras insistir, este periódico ha quedado a la espera de la respuesta de la central del grupo, que le han notificado que es la encargada de tramitar este tipo de incidencias con la prensa.El nombre Emeis se adjudicó para cambiar el nombre del grupo en marzo del 2024, puesto que antes se llamaba Orpea. Según algunas fuentes, tras la publicación de un libro de investigación en Francia de la gestión de algunos de sus centros para mayores, sufrió un fuerte varapalo en bolsa y el estado francés tuvo que salir a su rescate. Con esa incidencia, a finales del 2024, sus residencias en España comenzaron a operar bajo la marca Bouco.Redactora de economía durante 27 años. Desde el año 2007 en La Vanguardia. Ahora escribo historias de Madrid