Las entidades sociales exigen al Gobierno que apruebe la regularización de migrantes antes del 15 de abril: "Hay una ansiedad absoluta"

Cuenta atrás para la regularización extraordinaria que concederá papeles a más de medio millón de inmigrantes en España. El Gobierno aseguró que aprobaría la norma en abril y, ahora que ha llegado el mes, las organizaciones se impacientan ante la falta de información y la previsión de que no entre en vigor hasta la última quincena. El movimiento Regularización Ya —que impulsó la iniciativa tras haber reunido más de 700.000 firmas— ha advertido de las consecuencias que puede tener un posible retraso en la aprobación del decreto, ya que el plazo para recibir solicitudes se cerrará el 30 de junio. "Tenemos la esperanza de que no se retrase más allá del 15 de abril. El tiempo es tan corto que, si se prolonga más, entraríamos a finales de abril y solo nos quedarían mayo y junio, cuando tenemos constancia de que en extranjería ya no hay citas", subraya a 20minutos Edith Espínola, portavoz de Regularización Ya. La energía, dice, es de "absoluta ansiedad" y "mucho miedo" entre los inmigrantes que esperan poder obetener un permiso de residencia y trabajo con la que será la séptima regularización extraordinaria llevada a cabo en España en los últimos 40 años. La primera en dos décadas. "Significa también dinero para muchos que invierten en pedir documentos a sus países. La mayoría tiene todo el expediente completo, pero está esperando a ver que dice el texto definitivo del BOE para ver si es válido. Hay miedo, pero también tienen la esperanza de que realmente va a ser posible", cuenta Espínola."Han demostrado que, si quieren, lo hacen"Uno de los problemas es que, a pocas semanas de arrancar esa regularización, ni los abogados, ni los trabajadores que gestionarán los trámites, ni los propios inmigrantes saben cómo va a ser el texto definitivo y, por tanto, el procedimiento que tendrán que seguir. De hecho, falta por publicarse las recomendaciones del Consejo de Estado, cuyo informe será clave para llevar el decreto al Consejo de Ministros y que entre en vigor de inmediato, ya que no requiere convalidación parlamentaria. El Gobierno juega, por tanto, contra reloj. "El tema es que cuando salga en el BOE habrá una serie de indicaciones. Los abogados tendrán que leerlo y estudiárselo... entre papel y aplicación siempre hay una semana de trámite", asegura la portavoz del movimiento, que asegura también que los borradores que se han ido filtrando hasya ahora no han hecho más que "confundir", y que por eso están esperando con más expectación a ver qué dice el texto definitivo. Es decir: que si se aprueba la semana del 20 de abril, ya se empezaría a aplicar en la última del mes, dejando solo dos meses para recibir la oleada masiva de solicitudes que hay prevista. Por eso piden también que, en caso de que no sea posible aprobar la norma antes del 15 de abril, se prorroge el plazo final más allá del 30 de junio. El propio movimiento se reunirá este jueves para "calibrar qué hacer" en caso de que el Ministerio de Migraciones, capitaneado por Elma Saiz, retrase la entrada en vigor del texto definitivo. "Veremos qué hacer si no se aprueba antes de 15, a ver si hay movilizaciones, más reuniones o qué hacemos... valoraremos todas las opciones", asegura, antes de recordar que el Gobierno sí que se dio "prisa" a la hora de habilitar un mecanismo exprés de regularización sin precedentes para la acogida de refugiados ucranianos. "Han demostrado que, cuando quieren, lo hacen", zanja. El Gobierno apela a la calmaLa ministra quiso rebajar la tensión la semana pasada, cuando dijo en una entrevista en RNE que habría "tiempo suficiente" para que todos los inmigrantes que cumplan los requisitios puedan acogerse a esta regulariazación. "Calendario previsto y mensaje de tranquilidad", apuntó. El decreto nace de una Iniciativa legislativa Popular (ILP) que fue aprobada en 2024 por todos los grupos, salvo Vox, pero que permaneció bloqueada hasta este enero, gracias a un pacto entre el PSOE y Podemos.El real decreto está dirigido a todas las personas extranjeras que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan acreditar haber permanecido al menos cinco meses de forma continuada en España. La ley establece como único requisito que los solicitantes no tengan antecedentes penales ni supongan una amenaza para el orden público, algo que ha generado mucho debate social y denuncia por parte de los partidos de la derecha, que consideran que estas condiciones son poco estrictas y temen que la regularización abra una brecha en la seguridad nacional del país.