La Fiscalía defiende seguir adelante con el juicio de Kitchen: rechaza anular la causa y volver a investigar a Cospedal

La segunda sesión del juicio sobre el caso Kitchen, que acoge la Audiencia Nacional desde esta semana, navega de nuevo por aspectos técnicos. La Fiscalía Anticorrupción ha tomado la palabra este martes para contrarrestar los arduos esfuerzos vertidos el lunes por las defensas para tratar de anular las pruebas clave y todo el procedimiento. El ministerio público ha dedicado casi una hora a respaldar la validez de los indicios recabados durante la investigación abierta contra las cúpulas del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional del Gobierno de Mariano Rajoy, que se sientan en el banquillo por el espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas en 2013. Durante sus primeras intervenciones, los abogados de los procesados desplegaron una amplia batería de argumentos para intentar que el tribunal tumbe la causa desde el origen (sin entrar al fondo del asunto) por una supuesta vulneración de derechos fundamentales o por irregularidades cometidas durante las pesquisas. Pero la acusación se ha centrado en frenar esa iniciativa.El fiscal César de Rivas ha dejado claro que, llegados a este punto, Anticorrupción quiere que la vista oral siga adelante tal y como está. No solo se ha opuesto a los intentos de las defensas de tirar abajo la causa o de suspender el juicio por una supuesta falta de competencia de la Audiencia Nacional; sino que ha rechazado igualmente la solicitud del PSOE, que ejerce la acusación popular, de retrotraer las pesquisas y reabrirlas para indagar en la presunta implicación de María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP (a quien el magistrado instructor Manuel García-Castellón dejó fuera). “La causa se encuentra sobreseída para ella. No procede ninguna investigación complementaria”, ha apuntado el representante del ministerio público.Respecto a la exdirigente popular, la Fiscalía considera que el juez García-Castellón cerró en falso la instrucción y que no quiso ahondar en la supuesta implicación de altos cargos del PP en la Operación Kitchen, que tenía el supuesto objetivo de boicotear el caso Gürtel, que cercaba hace una década a la formación conservadora. Sin embargo, como el magistrado obtuvo el respaldo de la Sala de lo Penal y confirmó sus decisiones, Anticorrupción sostiene que el tribunal enjuiciador no puede ahora modificar ese marco. “No tiene competencias”, ha afirmado De Rivas, que ha rechazado también la reclamación de los socialistas de que se siente en el banquillo al PP como partícipe a título lucrativo —para que, en el caso de condena, los populares costee el desvío de los fondos reservados utilizados por la trama (más de 53.000 euros, según el sumario)—.La abogada de la familia Bárcenas, que ejerce la acusación particular como perjudicada, ha mantenido una postura idéntica a Anticorrupción. “Las personas que se quieren incluir ya fueron investigadas”, ha incidido en referencia a Cospedal.En el banquillo se sientan las antiguas cúpulas del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional del Gobierno de Mariano Rajoy. Jorge Fernández Díaz, quien fuera ministro de Interior de 2011 a 2016, se erige como el principal acusado. Pero lo acompañan Francisco Martínez, su antigua mano derecha y secretario de Estado de Seguridad; Eugenio Pino, ex director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo; Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas a quien la trama captó como confidente; y otros seis ex altos mandos policiales, como el comisario José Manuel Villarejo.