Los sindicatos piden blindar sus ayudas públicas antes de un posible gobierno PP-Vox

UGT y CCOO, los dos sindicatos mayoritarios a nivel estatal, han presentado este martes un documento con cuatro bloques de propuestas unitarias en el que destaca, por su novedad, el planteamiento de establecer una ley para el diálogo social y la negociación colectiva. La Constitución Española reconoce en su artículo siete el papel de los agentes sociales (sindicatos y asociaciones empresariales), pero ninguna norma desarrolla todavía su labor ni blinda su financiación, lo que expone a las organizaciones a las sensibilidades de cada gobierno. El debate sobre la necesidad de institucionalizar el diálogo social y la negociación colectiva a nivel estatal es histórico en el seno de los sindicatos, pero en pocas ocasiones se ha materializado con tanta claridad. En el documento elaborado conjuntamente por UGT y CCOO se definen los contenidos básicos que piden para la nueva ley, la cual incorporaría desde criterios de participación para el desarrollo de las políticas públicas a la provisión de una financiación estable anual. En este sentido, los sindicatos proponen que la nueva ley fije una compensación anual en concepto de indemnización por la participación de los agentes sociales en el diálogo social y en la negociación colectiva. Esta compensación sustituiría a las actuales subvenciones que aprueban los gobiernos autonómicos y el estatal y estaría incluida en los presupuestos de cada año. Cada organización más representativa propondría las cantidades al ministerio competente y se abonarían con periodicidad trimestral. Según han referido en una rueda de prensa conjunta, el objetivo es evitar "depender de la voluntad política". Han puesto el ejemplo de la reforma laboral de 2012 del gobierno de Rajoy, no negociada con los sindicatos, y de la ley de participación institucional de la Región de Murcia, modificada en julio de 2025 por el gobierno de coalición de PP y Vox. Aunque el Tribunal Constitucional ha suspendido dicha modificación por el momento por un recurso del Ministerio de Trabajo, esta pretendía eliminar la financiación nominativa y directa a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Esto supone una amenaza clara para el modelo actual de diálogo social, en el que las subvenciones se destinan habitualmente a UGT, CCOO, CEOE y Cepyme, las organizaciones más representativas a nivel estatal. Fernando Luján, vicesecretario de política sindical de UGT, ha explicado que la financiación pública de las actividades del diálogo social y la negociación colectiva está justificada en que, según el modelo de España, lo acordado en el diálogo social se aplica a todos los trabajadores, no solo a los afiliados. Por lo tanto, considera que "es injusto que todo el peso -de financiación- recaiga sobre los afiliados". UGT y CCOO aspiran a pactar la nueva norma con las organizaciones empresariales y a que genere el consenso suficiente en el ámbito parlamentario. Próxima ampliación UGT y CCOO, los dos sindicatos mayoritarios a nivel estatal, han presentado este martes un documento con cuatro bloques de propuestas unitarias en el que destaca, por su novedad, el planteamiento de establecer una ley para el diálogo social y la negociación colectiva. La Constitución Española reconoce en su artículo siete el papel de los agentes sociales (sindicatos y asociaciones empresariales), pero ninguna norma desarrolla todavía su labor ni blinda su financiación, lo que expone a las organizaciones a las sensibilidades de cada gobierno.