La Fiscalía defiende que para frenar una eutanasia tiene que haber vínculo íntimo

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha movido ficha en la batalla judicial, aun no resuelta, sobre si terceras personas pueden o no obstaculizar una eutanasia aprobada por un comité de expertos.El Ministerio Público del alto tribunal se pronuncia sobre el tema al pedir que se rechace el recurso presentado por la Generalitat contra una sentencia que frena la voluntad de Francesc Augé, de 55 años y vecino de Vallirana, a una muerte digna. El asunto, al igual que ocurrió con el caso de Noelia Castillo, ha quedado en suspenso al oponerse el progenitor de Francesc, de 95 años, a la muerte digna suplicada por su hijo.“Tiene que existir un intenso vínculo afectivo presente al tiempo de ejercitar la acción”, sostiene la Fiscalía del SupremoLa Fiscalía defiende que terceras personas puedan intervenir en estos procesos judiciales, pero recalca que esta intromisión “debe de ser interpretada con carácter restrictivo”. Así que inmiscuirse en un caso de eutanasia aprobada por un comité de expertos quedaría “exclusivamente reservado a los parientes ubicados en el más estricto ámbito familiar respecto de la persona solicitante”.No basta, pues, con ser madre, padre, abuela, hermano o tía. El Ministerio Público recalca que “la mera relación biológica o familiar resulta insuficiente por sí misma” en estos casos. Es necesario un requisito añadido: “la existencia de un intenso vínculo afectivo presente al tiempo de ejercitar la acción”.La legitimación para inmiscuirse en un caso debe de negarse también si se detecta un conflicto de interesesLa Fiscalía niega, por otro lado, “tal legitimación si existe un conflicto de intereses”. Podría darse el caso, se apunta desde esta institución, de que una persona intentara frenar una de estas muertes dignas con el único ánimo, por ejemplo, de no perder una pensión de incapacidad de la que podría estarse beneficiando.Y sostiene que las asociaciones o grupos (Abogados Cristianos está detrás del caso de Francesc, como lo estuvo con Noelia) “que desarrollen su actividad en la sociedad civil en el ámbito de la disponibilidad para la interrupción de la propia vida, carecen de legitimación para impugnar resoluciones administrativas tanto de concesión como de denegación, porque esas decisiones no afectan ni perturban el libre ejercicio de su actividad y el cumplimiento de sus objetivos, por lo que carecen de interés directo”.El Ministerio Público recalca que en esta batalla grupos como Abogados Cristianos no están legitimadosLa última palabra, cuando haya conflicto, la tendrán los jueces encargados de esos casos. Ellos tendrán que determinar si esos familiares o allegados están o no legitimados para inmiscuirse en el proceso. Ese “estrecho vínculo íntimo y afectivo” que los fiscales proponen como condición inexcusable para que un tercero pueda intervenir en uno de estos procesos difícilmente habría quedado acreditado, apuntan fuentes judiciales, en el caso de Noelia Castillo.Noelia Castillo, tenía 25 años cuando dejó este mundo. Esperó casi 24 meses para poder ejercer su derecho a una muerte dignaAtresmediaLa joven, que tenía 25 años, se preocupó por hacer saber antes de irse de este mundo que la relación con su padre nunca había sido buena. Ella solo pedía irse en paz y dejar de sufrir, por lo que nunca entendió, repetía, la obcecación de su progenitor en contra de este deseo.Esto será así hasta que se dicte jurisprudencia sobre el tema. Podría fijarse muy pronto ya que el Tribunal Supremo abordará el caso de Francesc el próximo mes de mayo, tras el recurso presentado por la Generalitat en el que se pide, además de que se cumpla la voluntad de este hombre, que se fije un criterio jurídico para casos futuros.Francesc Augé, de 55 años, aguarda desde septiembre de 2024 que se cumpla su derecho a morir con dignidad; ha sufrido cuatro ictus y dos infartos La Generalitat sostiene que la propia ley de eutanasia no prevé la intervención de terceras personas en estos procesos, por lo que entiende que cuando una muerte digna es aprobada por un comité de expertos tiene que cumplirse la voluntad del solicitante sin más trámites. Es lo que ahora tendrán que debatir los magistrados de esa sala de lo contencioso del Supremo. Francesc Augé, de 55 años, vive en ValliranaPau Venteo / Shooting / ColaboradoresFrancesc Augé quiere ejercer su derecho a una muerte asistida para poner fin, dice, a su sufrimiento tras dos infartos y cuatro ictus, que le han dejado secuelas y un fuerte malestar psicológico. Su eutanasia estaba programada para septiembre del 2024 –recibió el visto bueno de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya (CGAC)-, pero una demanda de su padre la paralizó. Y así sigue, hasta que el Supremo falle si el progenitor de Francesc está o no legitimado para frenar su derecho a una muerte asistida. En el caso del padre de Noelia este alto tribunal no entró en el fondo de este debate porque el progenitor ni ninguna otra parte no lo pidieron. Licenciado en Periodismo por la UAB. Redactor de La Vanguardia desde 2000. Fue corresponsal en LLeida y Pirineos. Actualmente adscrito a la sección Sociedad. Autor del libro 'Acoso escolar' (RD Editores)