Una movilidad obsoleta frena a la Barcelona que quiere ser inteligente

La desinversión histórica en Rodalies, el crecimiento demográfico y la crisis de vivienda —que empuja a miles de personas a residir fuera del área metropolitana de Barcelona— han generado nuevas necesidades de movilidad que no están siendo atendidas adecuadamente.En este contexto, las políticas públicas de movilidad se están definiendo sin una participación efectiva de los usuarios, como ha ocurrido con la regulación del sector del taxi y de los vehículos de transporte con conductor (VTC), actualmente en trámite en el Parlament de Catalunya. La conocida como “ley del taxi”, que ordena el transporte de viajeros en vehículos de menos de nueve plazas, llega tras años de normativa fragmentada y de sentencias judiciales que han cuestionado aspectos clave, como la precontratación obligatoria de las VTC, las limitaciones cuantitativas del sector o la consideración del taxi como servicio de interés económico general.Resulta paradójico que Barcelona, impulsora de la Smart City Expo —uno de los principales escaparates globales de innovación urbana—, figure entre las ciudades europeas con mayores problemas de escasez de alternativas de transporte y congestión.Con el objetivo de debatir esta situación, La Vanguardia, en colaboración con Uber, reunió a representantes de distintos ámbitos de la sociedad civil en el encuentro “Movilidad inteligente para una ciudad global”. Participaron Felipe Fernández-Aramburu, director general de Uber en España y Portugal; Javier Cottet, vicepresidente de Mou-te per Barcelona y de Barcelona Oberta; y Roger Pallarols, presidente del Gremi de Restauració de Barcelona.Antes de iniciar la mesa redonda, Marc Tarrés, profesor titular de Derecho Administrativo en la Barcelona" class="entity-link entity-organization" data-entity-id="49938" data-entity-type="organization">Universitat de Barcelona, ofreció una lectura jurídica clave para entender el complejo entramado regulatorio que condiciona la movilidad urbana, con especial atención a la futura “ley del taxi”.Primer paso: la Ley de Movilidad Sostenible reconoce la movilidad como un derechoMientras el taxi opera con tarifas reguladas y puede captar clientes directamente en la vía pública, los vehículos de transporte con conductor funcionan mediante contratación previa y pago digital a través de plataformas. Sobre las VTC, Marc Tarrés destacó un elemento determinante en la experiencia del usuario: el componente reputacional. “El hecho de conocer quién es el conductor y poder valorarlo posteriormente es algo que la gente joven aprecia especialmente”, apuntando a un cambio cultural que la normativa aún no ha incorporado plenamente.Lectura clave. Marc Tarrés, profesor de Derecho Administrativo de la Barcelona" class="entity-link entity-organization" data-entity-id="49938" data-entity-type="organization">Universitat de Barcelona, explicó el complejo entramado regulatorio de la futura ‘ley del taxi’Miquel GomilaFrente a la percepción de que la irrupción de las VTC ha perjudicado al taxi, el jurista defendió que “no se trata de una competencia destructiva”, sino de un modelo de complementariedad necesario para responder a las demandas de movilidad, tanto en entornos urbanos como interurbanos.A esto, se añade otro factor que complica el sistema: las licencias de taxi se han convertido en un valor económico. “Han pasado de ser un título administrativo a comportarse como un activo financiero, con valores que han llegado a superar los 150.000 euros”, explicó. Esto hace que cualquier intento de reforma genere tensiones, ya que afecta directamente al patrimonio de miles de profesionales.La futura ‘ley del taxi’ no prioriza a los ciudadanos ni la funcionalidad urbanaEl profesor Marc Tarrés apuesta por avanzar hacia un marco regulatorio más claro y homogéneo para taxis y VTC en toda Catalunya, inspirado en modelos europeos como los de Portugal o Austria. La normativa actual, centrada en el ámbito metropolitano, dificulta —a su juicio— su adaptación a las necesidades reales de movilidad en el conjunto del territorio. Además, Tarrés advirtió de que la regulación de VTC que se está discutiendo en el Parlament contraviene abiertamente a la una sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y abrirá la puerta a una interminable batalla judicial.Tras la contextualización jurídica, las voces de la sociedad civil tomaron el relevo. Javier Cottet, vicepresidente de Mou-te per Barcelona y de Barcelona Oberta, subrayó que las políticas actuales se basan demasiado en prohibiciones y restricciones, en lugar de promover soluciones que beneficien a la ciudad y a su comercio local.Cottet alertó del riesgo de que Barcelona repita problemas que ya se han visto en otras ciudades, donde limitar la movilidad ha acabado desplazando los comercios y la actividad económica hacia la periferia y, en sus palabras, “han destruido el centro de la ciudad”. Además, criticó la falta de coherencia de la administración: mientras dice querer más restaurantes, bares, comercios y hoteles, sus decisiones van en sentido contrario y ponen en peligro la vida en el centro.El modelo Barcelona sufre una crisis agravada por la movilidad deficienteRoger Pallarols, presidente del Gremi de Restauració de Barcelona, insistió en que la movilidad urbana no puede analizarse solo desde intereses sectoriales o posiciones ideológicas, sino que debe priorizar los derechos de los ciudadanos y la funcionalidad de la ciudad. Pallarols defendió que la movilidad debe ser un motor de la economía de Barcelona. Señaló que tiene que ayudar a dinamizar la ciudad y mejorar su competitividad internacional. Además, subrayó que las normas deben impulsar, y no frenar, la actividad económica y social.Sobre el concepto de movilidad inteligente, Felipe Fernández-Aramburu, director general de Uber España y Portugal, explicó que tiene tres ideas clave: integrar, ser sostenible y adaptarse a las personas. Implica combinar transporte público, taxis y VTC; apostar por opciones menos contaminantes, como los vehículos eléctricos que han introducido en Barcelona con SEAT y CUPRA; y ofrecer alternativas para distintas necesidades, desde jóvenes con control parental hasta mujeres que prefieren viajar con conductoras. En su opinión, poner al usuario en el centro es la base de una movilidad más justa y eficiente y debe marcar el futuro de la ciudad.Alta demanda. En 2025, en Barcelona, se abrió la aplicación de Uber más de 16 millones de veces para acceder al servicio de transporte con conductorMane EspinosaRoger Pallarols, presidente del Gremi de Restauració de Barcelona, afirmó que las políticas de movilidad se han guiado más por ideologías o intereses políticos que por la funcionalidad de la ciudad y los derechos de los ciudadanos. Según él, lo importante no es cambiar cargos, sino revisar las políticas con valentía y honestidad, afrontando los debates de manera realista y sin miedo a las críticas.Felipe Fernández-Aramburu, director general de Uber en España y Portugal, coincidió en que Barcelona tiene todo para convertirse en una ciudad líder en movilidad: talento, demanda internacional y capacidad de atraer inversión. En un momento en que Uber está empezando a operar con vehículos autónomos puso de relieve la contradicción de que “mientras en Barcelona estamos hablando sobre 10 o 15 minutos de espera, en el resto del mundo estamos hablando con los Gobiernos sobre cómo y cuándo vamos a lanzar el coche autónomo”. En ese sentido cabe recordar que Uber ha anunciado el desembarco de sus servicio de vehículos autónomos en Madrid este año 2026.Las ciudades con movilidad inteligente mejoran su economía y bienestar ciudadanoLos tres ponentes coincidieron en la necesidad de actuar con decisión para dotar a Barcelona de una movilidad verdaderamente inteligente. Pallarols subrayó que, tras años de prohibiciones que han limitado la competitividad de la ciudad, es hora de “volver a la casilla de salida” y tomar decisiones claras, sin complejos ni miedo a las críticas: la ciudadanía exige políticas que sitúen a Barcelona nuevamente entre los primeros puestos a nivel internacional. Javier Cottet reforzó la urgencia: “Si de verdad queremos que Barcelona siga en la primera división mundial, debemos tomar decisiones inteligentes cuanto antes”. Por su parte, Fernández-Aramburu señaló que todavía es posible cambiar el rumbo, aunque advirtió que, si no se actúa de inmediato, los mayores perjudicados serán los ciudadanos.El reconocimiento de la movilidad como un derecho en la reciente Ley de Movilidad Sostenible es solo el primer paso. Para que se cumpla de verdad para quienes viven, trabajan o visitan Barcelona, hacen falta decisiones valientes y coherentes, y sobre todo leyes fruto del diálogo con todos los implicados.