El Govern y sus socios chocan por los incentivos para acortar algunas bajas laborales

Los incentivos para reducir la duración de las bajas laborales en materia de salud mental y en dolencias osteomusculares aplicados por el Departamento de Salud amenazan con abrir una brecha entre el Govern y sus socios parlamentarios. Comuns ha advertido este martes en el Parlament que el voto de su grupo parlamentario a los presupuestos de la Generalitat para 2026 dependerá de que el Govern haga decaer la medida. Esquerra, el socio mayor del Govern, también ha criticado el plan, censurado también por Junts. El Ejecutivo niega la mayor y asegura que las bajas médicas solo se han otorgado y otorgarán aplicando criterios médicos.En una rueda de prensa en el Parlament, Cid ha denunciado que parte de los recursos de los ambulatorios y de los salarios a los equipos directivos de los centros de atención primaria (CAP) dependen de cumplir con un indicador que determina la duración de las Incapacidades Temporales (IT); y que esta política va en contra de las posturas reivindicadas por el propio Gobierno catalán. “Salvador Illa dijo que en las bajas prevaldría únicamente el valor médico, y no está siendo así. Que la consejera de Salud [Olga Pané] deje de enredar”, ha insistido. Según denuncian Comuns y los sindicatos, el Departamento de Salud ha convertido dos de los indicadores de su catálogo de objetivos para este 2026 en un requisito para garantizar un pequeño porcentaje del presupuesto que el CatSalut destina al equipo. Estos pasan por conseguir que las IT tengan de media una duración de 20 días en los casos de salud mental y 17 días en las dolencias osteomusculares, según apuntan fuentes de Metges de Catalunya. Además, el sector denuncia que parte de la retribución variable (conocido como DPO, Dirección Por Objetivos) de los profesionales pasa por alcanzar estos objetivos colectivos, lo que convierte la duración de las IT (que depende de los propios médicos) en una parte de la ecuación para obtener todas las DPO. “No es una cuestión de dinero, sino de que la decisión atenta contra el código deontológico y no es ética”, denuncia Eva Segura, médica y miembro de la Focap, el Fòrum Català d’Atenció Primària (FoCAP). Cid ha recordado que el Govern se comprometió en el acuerdo de Presupuestos a que en la prescripción de las bajas prevaldría únicamente el criterio médico. El documento establecía que Salut “garantizará que ningún médico ni ningún equipo directivo de los centros de atención primaria vean reducidas sus condiciones económicas por la duración o la cuantía de las IT, prevaleciendo siempre que la prescripción y el seguimiento de estas atiendan a criterios profesionales”. Ahora, según Cid, el Govern está incumpliendo este compromiso, y ha advertido a Illa de que su apoyo a los Presupuestos depende en buena parte de la revisión de la medida. “La pelota está en el tejado del Govern”, ha recalcado Cid. El resto de partidos de la oposición también han afeado la postura del Govern. Ester Capella, portavoz de ERC en el Parlament, socio de Illa, ha asegurado que la medida es una “mala praxis” y ha advertido al Govern de que “no puede hacer lo que está haciendo”. “Si no rectifican, ya diremos lo que tenemos que decir”, ha planteado. Para Salvador Vergés (Junts) se trata de una “perversión del sistema”, y Laure Vega (CUP) ha acusado a Illa de “mentir” cuando aseguró que las bajas laborales se seguirán concediendo solo en base a criterios médicos.El Departamento Salud rechaza que la consejería pretenda recompensar a aquellos médicos que acorten las bajas laborales y asegura que estos indicadores son vigentes desde 2017. Fuentes de la consejería aseguran que los responsables sanitarios detectaron hace años que las IT vinculadas a la salud mental y a las dolencias osteomusculares eran mucho más largas en Cataluña porque los pacientes no tenían un diagnóstico por la saturación del sistema. Sin esta prueba, que los ambulatorios reclaman a los centros hospitalarios; los médicos desconocían el origen del dolor y los usuarios no podían empezar un tratamiento. Las mismas fuentes aseguran que Salut habilitó unos recursos para que los CAP derivaran a estas pruebas a centros concertados para aligerar la carga en el circuito público y, así, acelerar los tratamientos. El indicador que utilizan los CAP para evaluar la cuestión, señalan, es la duración de las IT, vinculadas a este proceso clínico. Si este se acelera, la baja se acorta, entiende Salut.Tras el Consell Executiu, Sílvia Paneque, la consejera portavoz, ha insistido en que el único criterio para conceder la baja o el alta es el médico. “Es que siempre ha sido así así”, ha dicho. “No hay ningún tipo de discusión”. La posición del Ejecutivo no es que en Cataluña haya un problema de bajas sino que no se destinan los recursos necesarios a los CAPs para hacer las pruebas diagnósticas para acelerar en la curación de los pacientes. Paneque ha subrayado que si esas pruebas se aplican no es para acelerar su alta sino para dar una respuesta a su problema de salud. La consejera ha deslizado que Pané realizará un “proceso de escucha” con los comunes y que confía en acotar esa discrepancia. “Lo que el Govern traslada a los CAPs es que las bajas se debe guiar solo por criterios médicos”, ha dicho, atribuyendo el origen dela discrepancia a una confusión sobre el destino de los recursos que precisan los ambulatorios para agilizar las pruebas.“Pero se hacen por la salud del paciente”, ha insistido señalando que Pané también hizo en su día una declaración semejante. “Eso es lo que quizá ha generado la confusión”, ha insistido. ¿El Govern cree que hay un problema con la cantidad de bajas que se dan?, se le ha preguntado. “No, el Govern cree que no hay recursos necesarios para atender a las personas en baja laboral con el tiempo que haría falta”. Recurso contra la orden del TSJC de izar la bandera en el ParlamentLa Mesa del Parlament de Catalunya ha decidido este martes presentar un recurso de reposición contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que insta a la cámara catalana a colocar de forma “inmediata y permanente” la bandera española junto a la ‘senyera’ catalana en el exterior. Así lo ha acordado la Mesa en su reunión de este martes, después de que el pasado mes de marzo la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC estimara parcialmente una petición de medida cautelar formulada por Impulso Ciudadano, entidad liderada por el exdiputado de Ciutadans José Domingo.Impulso Ciudadano reclamaba medidas cautelares para ordenar al Parlament que coloque de manera inmediata y permanente la bandera de España en el exterior del edificio, “en igualdad de condiciones” con la bandera catalana. En el auto de marzo, el TSJC estimaba parcialmente la petición de medida cautelar, de manera que instaba al Parlament a “colocar de forma inmediata y permanente la bandera de España y la de Cataluña en el exterior” del edificio “todos los días”En el recurso de reposición que presentará este martes, según han explicado fuentes parlamentarias, la Mesa alegará que las banderas catalana y española solo se exhiben en la fachada del Palau del Parlament las jornadas en que se celebra una sesión plenaria y se arrían el resto de días. Este procedimiento, según las citadas fuentes, forma parte de los “usos y costumbres” de la cámara catalana desde 1981.