Cuando un inquilino monta un prostíbulo en tu piso: "La policía se desentiende. Hay decenas por toda la ciudad"

Un piso de dos habitaciones y dos ba�os en un edificio de 2007, en un barrio consolidado de Valencia y con un precio de 900 euros al mes. As� podr�a haber sido el anuncio de una inmobiliaria que gestion� el alquiler de esta vivienda cuando sali� al mercado a finales de 2020. No tardaron en surgir interesados y el contrato se cerr� sin inconvenientes. Lo que estaba destinado a ser un hogar acab� convertido en un prost�bulo sin que, en todos estos a�os, su propietario haya conseguido que ninguna administraci�n, pese a sus denuncias, haya conseguido cerrarlo. El �ltimo recurso ha sido presentar una demanda en la Secci�n Civil de uno de los Tribunales de Instancia de Valencia. Antonio -nombre falso del propietario para preservar su intimidad- relata a EL MUNDO cu�ndo detect� que aquel hombre que le alquil� la vivienda la hab�a convertido en un burdel. "�l, espa�ol y de unos 60 a�os, se interes� por la vivienda y cumpl�a los requisitos, e incluso aport� un avalista, as� que le alquilamos el piso", explica. "En dos o tres meses, ya vimos que algo pasaba", a�ade. Sus inquilinos no han dejado de pagarle ni un solo mes la renta acordada, pero ve�an cosas raras. "Llegaba al portal gente pendiente del m�vil a la que abr�an la puerta sin que llamaran, siempre eran hombres y el resto de vecinos se quejaban de ruidos", a�ade. Esos ruidos, muchas veces, eran gemidos. Todo el edificio, medio centenar de viviendas, est� destinado al alquiler desde que la promotora de Antonio lo acab� en 2007 y el resto de inquilinos le transmitieron sus quejas. Un contrato que, cuando se firm�, ten�a una duraci�n de cinco a�os como m�ximo, la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno en 2023 lo ampli� a siete porque, al tener m�s de cinco inmuebles, al propietario se le considera gran tenedor. El pol�mico arrendatario tiene derecho a quedarse en la vivienda hasta 2027 si cumple con los pagos mensuales, algo que hace en tiempo y forma. La batalla de Antonio ha sido, desde entonces, c�mo romper un contrato porque quien lo firm� realiza una actividad econ�mica "alegal" en su vivienda. "La polic�a se desentiende. Me dicen que la prostituci�n no es un delito recogido en el C�digo Penal, salvo que pueda demostrar que hay una explotaci�n [proxenetismo o trata]. He tenido incluso alg�n inquilino polic�a que me ha confesado que no pueden hacer nada", explica. "He denunciado el caso a la Agencia Tributaria, porque hay alguien que se est� lucrando, a la Seguridad Social, para que compruebe si hay personas dadas de alta, a varios ministerios, entre ellos el de Igualdad en diciembre de 2024. Incluso he escrito una carta a la delegada del Gobierno, Pilar Bernab�, que es la secretaria de Igualdad del PSOE, porque mi caso no es el �nico en Valencia. Hay decenas de prost�bulos en la ciudad instalados en pisos", explica. Las respuestas no han llegado. La v�a judicial es la �nica que puede recorrer. En primer lugar, se las ingeni� para obtener pruebas indiscutibles de que en su piso se ejerc�a la prostituci�n. No fue f�cil, porque estos servicios no se anuncian en una direcci�n. "Ponen un n�mero de tel�fono para contactar y luego van dando instrucciones con referencias de comercios, nunca la direcci�n concreta y la puerta", relata Antonio. Adem�s, la ley marca que en un edificio residencial solo puede ejercerse actividad comercial o de servicios (terciaria) por debajo de las plantas de viviendas, en el entresuelo o primer piso, y nunca conviviendo con pisos en el mismo rellano. Por eso tambi�n se dirigi� al Ministerio de Vivienda. "Se consiente que haya negocios, pero no se deber�a permitir. Y menos con la escasez de vivienda que hay. Solo acabando con las decenas de pisos burdel que hay en las ciudades, la oferta de alquiler se incrementar�a", defiende.Con todos los argumentos que ha podido reunir, Antonio interpuso formalmente una demanda el pasado a principios de 2026. "Al acto de conciliaci�n ni se presentaron. Al mes siguiente volvieron a ingresar el alquiler", recuerda.El resto de vecinos, aunque le han expresado sus quejas, no han acudido a la polic�a, "porque si est� de alquiler, a quien buscas es al casero", reconoce. Sin embargo, cuando avance el proceso judicial, podr�an ser citados como testigos. Hay jurisprudencia de las Audiencias Provinciales de Madrid, Guip�zcoa o Vizcaya que avala el cese de los arrendamientos, no porque se trate de una actividad il�cita, sino por las molestias que genera al vecindario, como ruidos, uso de timbres equivocados y entradas de extra�os en el edificio, incluso a horas intempestivas.Seg�n los datos de la Asociaci�n para la Prevenci�n, Reinserci�n y Atenci�n a la Mujer Prostituida (APRAMP), los pisos burdel se aceleraron tras la pandemia, cuando la prostituci�n se traslad� a espacios privados, reforzando as� la invisibilidad que reclaman proxenetas y clientes. Es un modelo m�s oculto y de dif�cil acceso, pero no deja de crecer. Esta asociaci�n detect� en 2025 1.129 espacios donde se ejerc�a la prostituci�n: 908, el 80% del total, eran pisos. 251, el 22%, abiertos en ese �ltimo a�o. Quiz� Antonio no tenga sentencia antes de 2027, cuando se cumplir�n los siete a�os de contrato y las pr�rrogas ser�n imposibles. Pero quiere curarse en salud y avanzar para librarse de una pesadilla.