En defensa del odio

Denunciar los discurso de desprecio sirve para estigmatizar y para que el poder fiscalice a los ciudadanosEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la inauguración de la primera Cumbre Internacional contra el Odio, el pasado marzo en Madrid.Chema Moya (EFE)Odiar no es delito. No es ni siquiera un ilícito. Puede ser desagradable, malo para el estómago y tristón, pero no es un crimen. Tampoco lo es expresarlo.El concepto del discurso del odio es un caballo de Troya contra la libertad. En Libertad de expresión (Ladera Norte), Jacob Mchangama señala una curiosa rima de la historia. Cuando los abolicionistas criticaban la esclavitud, uno de los argumentos para justificar la censura de su discurso “incendiario” era la difamación contra un grupo o asociación. El requiebro prefiguraba la idea del discurso del odio: un senador se quejaba de que los textos abolicionistas “contienen reflexiones que hieren los sentimientos” de los sureños; estaban siendo “profunda, vil y maliciosamente calumniados”. Es más relevante la advertencia de Eleanor Roosevelt, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Defendía que solo se proscribieran las apologías del odio nacional o religioso que incitaran a la violencia, y criticaba la propuesta soviética de prohibir el discurso del odio: “Cualquier crítica a las autoridades públicas y religiosas podría ser considerada con demasiada facilidad incitación al odio y, en consecuencia, prohibida”. Acertó: el discurso del odio es una categoría confusa que sirve para casi cualquier opinión que no nos guste. La asimetría y sus trampas son tan obvias que da vergüenza señalarlas: esos gusanos nos deshumanizan, etcétera. Las leyes ya castigan el acoso, las difamaciones y las amenazas. Cuando conocemos casos de ese tipo, siempre hay quien dice que exigen un cambio legal, pero las normas existentes son las que han permitido atajar el abuso. La denuncia del discurso del odio sirve para estigmatizar y para que el poder fiscalice a los ciudadanos: es lo que proponen plataformas como Hodio. Josu de Miguel se preguntaba si el Gobierno va a tratar los datos sin nuestro consentimiento y si ya no está vigente en España la prohibición de tratar datos que puedan revelar opiniones políticas. Germán Teruel alerta del “potencial liberticida” de la combinación de Hodio y la ley europea de servicios digitales: por un lado, el incentivo de las plataformas es actuar “con el mayor celo censor para evitarse problemas”; por otro, las herramientas están en manos de “órganos políticamente influenciables”. ¿Quién va a defender el odio, que Spinoza definía como “una tristeza acompañada por una causa externa”? Quizá el propio filósofo neerlandés, que escribió que “en un Estado libre está permitido que cada uno piense lo que quiera y diga lo que piensa”.Tu suscripción se está usando en otro dispositivo¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.¿Por qué estás viendo esto?Flecha Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez. Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.Archivado EnOpiniónSociedadDelitosCódigo penalRedes socialesGobierno de EspañaPolíticaLibertad expresiónEstado de DerechoCensuraCensura informativaReglamentos comunitariosFilosofíaBenedictus de Spinoza