El Gobierno gasta 100 millones en captar hasta 600 viviendas privadas mientras deniega la prórroga a los inquilinos de la Tesorería de la Seguridad Social

ViviendaEl Madrid" class="entity-link entity-organization" data-entity-id="108105" data-entity-type="organization">Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid afirma que, aunque "no existe ning�n impedimento legal" para aplicar la pr�rroga, ya hay familias que han recibido demandas de desahucioLa ministra de Inclusi�n, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.EUROPA PRESSActualizado Jueves, 9 abril 2026 - 22:43Audio generado con IA"No hay vida si no hay vivienda y, por tanto, no hay tarea m�s importante que tengamos que abordar todas las administraciones p�blicas", aseguraba Isabel Rodr�guez, ministra de Vivienda, hace apenas dos a�os. Sin embargo, esa tarea parece haberse detenido en las oficinas de su propio Gobierno. Este jueves, los vecinos de las viviendas de la Tesorer�a de la Seguridad Social (TGSS), cuyos contratos terminaban este a�o, recibieron la denegaci�n formal de la pr�rroga a sus alquileres. "El contrato quedar� extinguido de pleno derecho, y la parte arrendataria estar� obligada a devolver las llaves", concluye el documento.Parad�jicamente, la pr�rroga de dos a�os solicitada por los vecinos es una medida de protecci�n a los inquilinos aprobada recientemente por el propio Ejecutivo a trav�s del Real Decreto 8/2026 despu�s de un largo periodo de discusi�n pol�tica. El ministerio dirigido por Elma Sanz resolvi� no aplicarla a sus propios inquilinos ya que estos contratos -heredados de la extinta Sociedad P�blica de Alquiler- se rigen por el C�digo Civil y no por la Ley de Arrendamientos Urbanos. Una decisi�n que el Madrid" class="entity-link entity-organization" data-entity-id="108105" data-entity-type="organization">Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, donde est�n al menos 25 familias que viven en estas casas, tacha de "sorprendente e incre�ble" al tratarse de una normativa de su propia cosecha.Esta negativa oficial choca con la estrategia que el Ministerio de Vivienda ha desplegado esta misma semana. Mientras se deniega la permanencia a familias en barrios de Madrid -como Arg�elles, Lavapi�s, Ventas o Pac�fico- sin ninguna explicaci�n, la Entidad Estatal de Vivienda Casa 47 tiene en marcha una oferta p�blica de 100 millones de euros para adquirir entre 500 y 600 viviendas de propietarios privados y fondos de inversi�n. As� lo confirmaron fuentes de la entidad este mi�rcoles aseverando que "tenemos unas cuentas muy saneadas" y un "colch�n" presupuestario en Casa 47 para una segunda oferta.Seg�n los afectados, resulta "incoherente" que el Estado movilice fondos millonarios para captar pisos en el mercado privado mientras, de forma simult�nea, la Tesorer�a de la Seguridad Social mantiene "m�s de 800 viviendas vac�as" y se desprende de su patrimonio actual mediante subastas. A pesar de esto, fuentes del Ministerio de Vivienda aclaran que estas casas no forman parte de Casa 47 "ni se pueden adscribir de la forma que se ha hecho, por ejemplo, con las viviendas de la Sareb porque legalmente presentan singularidades que lo impiden". Sin embargo, ya se encuentran estudiando la forma para incorporarlas a su oferta p�blica.Mientras tanto, el sindicato afirma que, aunque "no existe ning�n impedimento legal" para aplicar la pr�rroga, ya hay familias que han recibido demandas de desahucio. "El contrato de arrendamiento quedar� extinguido con efectos de 31 de enero de 2026 , siendo ese el �ltimod�a en el que podr�n permanecer en el inmueble", dice el oficio formal que recibieron al menos cuatro familias del grupo que llevan m�s de 20 a�os ah�, aunque afirman que podr�an ser m�s."Cabe recalcar que esta actuaci�n contraviene distintos art�culos de la Ley de Vivienda aprobada por este Gobierno, en concreto el art�culo 28 y la disposici�n adicional segunda, que obligan a las administraciones p�blicas no solo a mantener el parque p�blico de vivienda, sino tambi�n a incrementarlo", advirti� el sindicato. Adem�s, aseguran que supone una "clara disminuci�n de recursos habitacionales" en plena crisis de vivienda y en un pa�s que mantiene uno de los porcentajes m�s bajos de oferta p�blica.