Coinbase contra todos: su oposición a la ley cripto provoca un cisma en la industria y agrava la guerra con la gran banca

Coinbase, el mayor exchange cripto en Estados Unidos, está en horas bajas. La compañía, pilotada por Brian Armstrong, tiene innumerables frentes abiertos: por un lado, sigue luchando en una guerra cada vez más profunda contra los bancos en torno al pago de intereses sobre stablecoins, incluido en el borrador del Clarity Act, la ley que regula el sector cripto. Por otro, ha provocado un cisma en la industria, después de su rechazo a la normativa el pasado enero que encalló el texto en el Senado. El retraso de una regulación tan esperada, unida a la crisis del mercado, ha lastrado su comportamiento en Bolsa: desde sus máximos de julio, se desploma más de un 60% y varias firmas de análisis rebajaron considerablemente su precio objetivo en las últimas semanas. Todo empezó a desmoronarse a mediados de enero cuando el Senado estaba llamado a debatir el borrador del Clarity Act. Unas horas antes de la sesión, el rechazo frontal de Armstrong al texto hizo que los legisladores paralizaran su avance legislativo para volver a revisarlo. El núcleo de la diatriba está en la prohibición del pago de intereses sobre stablecoins: actualmente los emisores de monedas estables no pueden pagar recompensas a los usuarios por mantener estos activos, pero sí pueden hacerlo los intermediarios, como los exchanges. El temor de que esto podría favorecer una fuga de depósitos hizo que la gran banca presionara para ampliar el veto a estas plataformas. Pero para Coinbase aquella era un línea roja: en 2025, sus ingresos relacionados con las stablecoins superaron los 1.300 millones de dólares, aproximadamente el 19% del total. Y según estimaciones de Bloomberg Intelligence, podrían multiplicarse hasta siete veces con la expansión de este mercado. Pero si el Clarity Act ampliara el veto, parte de estos ingresos se esfumarían justo cuando la compañía quiere dejar de depender de un negocio basado en el cobro de comisiones sujeto a los vaivenes del mercado. En el cuarto trimestre de 2025, de hecho, sus ingresos cayeron un 20% debido al mercado bajista que redujo la actividad de trading. En ese momento se desató la guerra. Coinbase acusó a los bancos de sabotear la normativa cripto en defensa de sus intereses y aseguró que los lobistas bancarios buscan poner freno a cualquier potencial competencia. Estos comentarios irritaron a la gran banca: el diario Wall Street Journal reportó un enfrentamiento tenso entre Armstrong y Jamie Dimon, CEO de JP Morgan en Davos el pasado enero. El banquero dijo expresamente al empresario que parara de mentir. En el mismo foro, Citi le concedió un encuentro de menos de un minuto, mientras Wells Fargo dijo que no tenían nada que hablar, reporta el medio estadounidense. Así, Armstrong se ha convertido en uno de los mayores enemigos de la gran banca estadounidense. Pero también ha provocado un cisma dentro de la industria cripto. Su famosa publicación en X “Preferimos no tener ningún proyecto de ley a tener uno malo” que paralizó la normativa cripto, despertó el recelo de parte del sector. Empresas como a16z, Galaxy Digital y Ripple apoyaban el texto, así como Kraken y Paradigm: consideran que la normativa es mejorable pero que lo más importante era tenerla lo antes posible para dar claridad al sector. “Retirarse ahora consolidaría la incertidumbre y dejaría a las empresas estadounidenses operando en la ambigüedad mientras el resto del mundo avanza”, dijo Arjun Sethi, CEO de Kraken, cuando se paralizó la normativa. Más de dos meses después del inicio de esta batalla, las negociaciones no han terminado y el texto no ha vuelto a debatirse en el Senado. Según medios del sector, un nuevo borrador del Clarity Act se presentará en estas semanas y ampliará la prohibición del pago de intereses, pero permitirá recompensas basadas en la actividad del usuario. Una opción que, según los rumores, Armstrong habría vuelto a rechazar. Esto ha desencadenado la frustración de parte del sector, que se queja de los retrasos de la normativa y de que el pulso de Coinbase no favorece a la industria sino persigue sus intereses. La tensión es palpable incluso en redes sociales, donde usuarios y traders animan a boicotear el exchange. Mientras, un informe de la Casa Blanca apoya la postura de Coinbase y destaca que la prohibición no tendría un efecto significativo en los bancos y solo impulsaría marginalmente los préstamos tradicionales (en un 0,02%): “Contribuiría muy poco a proteger los préstamos bancarios, al tiempo que privaría a los consumidores de los beneficios que obtienen al invertir en stablecoins”, destacan. Pese al espaldarazo de la administración, este entorno está pesando en la compañía. Coinbase se hunde más de un 60% desde sus máximos del pasado julio y sus acciones cotizan en los 175 dólares. Firmas de análisis como Bernstein y Goldman Sachs rebajaron recientemente su precio objetivo: la primera lo recortó de los 440 dólares a los 330, la segunda de 270 a 235 dólares. La caída del mercado cripto y la incertidumbre sobre el Clarity Act, que podría afectar considerablemente los ingresos de Coinbase la dejan en una situación de fragilidad. Fundada en 2012, y con unos 100 millones de usuarios, Coinbase fue la primera empresa cripto en debutar en Bolsa, llevando a las criptomonedas al corazón de Wall Street incluso cuando los reguladores en EE UU rechazaban la industria de activos digitales. Armstrong, un veterano en el sector, entendió que la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca podía suponer un cambio radical para su negocio ante la promesa de una flexibilización regulatoria y mayor aperturismo. Así, en 2024 invirtió decenas de millones en los comités de acción política a favor de las criptomonedas y está entre los que financian la construcción del polémico salón de baile en la Casa Blanca. Pero ahora eleva sus exigencias, en un pulso que demuestra su cada vez mayor influencia en Washington.