La Generalitat Valenciana reduce la plantilla del juzgado de la dana

La Consejería de Justicia del Gobierno valenciano, que preside el popular Juan Francisco Pérez Llorca, ha acordado a partir del próximo 30 de junio quitar a cuatro funcionarias del juzgado de Catarroja (Valencia) que investiga la dana de 2024, según ha adelantado elDiario.es y confirman a EL PAÍS fuentes judiciales. “La finalidad es retrasar la instrucción y dificultar el trabajo de la magistrada”, apuntan estas fuentes. El Ejecutivo de Pérez Llorca valora el movimiento como un intento para promover un modelo de justicia “más fácil y eficiente”. Una portavoz de la Consejería de Justicia, que precisa que hay 200 puestos cuya cobertura no se renovará, justifica así la decisión de reducir al máximo la plantilla del juzgado de Catarroja: “Esta medida se adopta con el objetivo de avanzar en el proceso de estabilización de las plantillas y consolidar un modelo de Administración de Justicia más moderno, ágil y eficiente, orientado a garantizar un mejor servicio a la ciudadanía”. Y enmarca la decisión en una suerte de hito. “La medida responde, además, a una reivindicación histórica de las organizaciones sindicales y a una prioridad compartida por la propia Administración: reducir la temporalidad, dotar de mayor estabilidad a las plantillas y mejorar las condiciones laborales del personal al servicio de la Justicia”, añade. Las funcionarias que dejarán de trabajar en el juzgado desarrollan funciones de gestión y tramitación y, con su salida, la jueza instructora del caso, Nuria Ruiz Tobarra, se queda con un único auxilio judicial, que fue aprobado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) atendiendo a la magnitud de la investigación. Las empleadas que abandonarán las pesquisas conocían los detalles de esta compleja causa, que acumula decenas de tomos de sumario, más de 500 testigos, y que mantiene imputados desde hace más de un año a la exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat Salomé Pradas y a quien fuera su segundo durante la catástrofe que causó 230 muertos, el exdirector general de Emergencias, Emilio Argüeso. La causa de la dana no es una instrucción más. La magistrada de Catarroja solicitó en febrero al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la imputación del expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, que, al ser aforado por su condición de diputado autonómico, solo puede ser investigado por este órgano jurídico. El alto tribunal rechazó situar al dirigente bajo el foco de las pesquisas e instó a la magistrada a seguir investigando.