El Govern abrirá el martes la convocatoria de ayudas al alquiler para personas entre 36 y 64 años

El Govern abrirá el martes de la semana que viene la nueva convocatoria de ayudas al alquiler para personas entre 36 y 64 años tras un acuerdo con los Comuns. Lo hará con un incremento del tope de ingresos que se requieren para poder acceder a esta prestación y también crece el presupuesto destinado a ello, alcanzando los 106 millones de euros. Es una de las medidas que el Executiu y los ecosocialistas pactaron para el acuerdo de presupuestos y que, tras la retirada de este proyecto, el grupo de Jéssica Albiach reclamó que la mayoría de las medidas consensuadas se incorporaran en el suplemento de crédito de más de 5.000 millones que se aprobó. Las solicitudes, según han explicado los Comuns, se podrán realizar hasta el próximo 30 de abril, y calculan que se podrán beneficiar unas 40.000 personas más que en anteriores convocatorias al subir los ingresos que se demandan. Si antes el máximo estaba fijado en 25.000 euros anuales, ahora serán 36.279,32 euros. En paralelo, esta nueva convocatoria establece cambios en el importe de las ayudas. En función de los ingresos de los solicitantes, el máximo que percibirán mensualmente serán 200 euros, mientras que el montante mínimo asciende de 20 a 50 euros. Estos topes en la subvención también varían según el ámbito territorial. Por otro lado, la entente alcanzada entre El Govern y Comuns recoge la activación de la ampliación del tope del alquiler en los municipios del área metropolitana de Barcelona, que pasa a 1.000 euros mensuales por vivienda (en la convocatoria anterior era de 900) y 750 euros en el resto de la demarcación barcelonesa. En cuanto al alquiler subvencionable para las familias numerosas, monoparentales o que tienen algún miembro con una discapacidad, el importe máximo es de 1.100 euros en el Ámbito Metropolitano de Barcelona y de 900 en el resto de Catalunya. En un comunicado, los Comuns defienden que estas subvenciones “están destinadas a personas que, aunque no se encuentren en un riesgo inminente de exclusión, necesitan una ayuda para poder continuar residiendo en su vivienda habitual”. “Son una herramienta para prevenir el riesgo de exclusión residencial”, alegan.