Los desacuerdos bloquean la normativa para proteger a las aves frente a los aerogeneradores

La falta de acuerdo entre el Ministerio para la Transición Ecológica y los grupos ecologistas, por una parte, y los sectores empresariales, por otra, mantienen paralizada la aprobación del real decreto que debe implantar en España la primera normativa legal para prevenir y reducir la mortalidad de las aves causada por los aerogeneradores.La nueva normativa debe servir para dar más garantías a la conservación a las especies protegidas y ofrecer una respuesta ante el reto que significa el gran despliegue de la energía eólica.Este real decreto es una obligación recogida en la estrategia española de Biodiversidad para 2030 y debía ser aprobado en 2023. Sin embargo, pese a haber sido sometido a consulta pública en marzo de 2025, “sigue bloqueado”, dice Juan Antonio Gil, secretario de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ).Medidas adicionalesEl objetivo es que las empresas promotoras tomen medidas para prevenir las colisiones de las aves con los molinos de viento si se constata su mortalidad una vez que los parques eólicos han entrado en servicio. “Si están matando pájaros, se tienen que tomar medidas”, resume Juan Carlos Atienza, experto de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife).Las medidas correctoras previstas irían desde la obligación de parar las máquinas hasta la exigencia de trasladar de sitio el aerogenerador para que no cause daños.Estas medidas deberían implantarse de manera adicional a las previamente establecidas en la declaración de impacto ambiental (la autorización clave que fija las correcciones exigibles para poner en marcha uno de estos proyectos)Rechazo del sector empresarialLa Asociación Empresarial Eólica se muestra contraria a este real decreto, pues estima que su aplicación tendría “consecuencias económicas graves y desproporcionadas”. Alega que en ningún caso se debe poner en peligro el funcionamiento de una instalación eólica”; y, además estima que “las medidas punitivas que se establecen son completamente desproporcionadas”.Las exigencias adicionales de protección incrementan las inversiones de los promotores eólicos, lo cual afecta a todo el esquema financiero programado para calcular la rentabilidad del parque, establecido en función del equilibrio entre ingresos por la producción de energía y gastos.Los promotores de los parques eólicos señalan que esta norma hace que el proyecto les resulte más caro y, además, que es un coste imprevisible.“Todo esto sucede por no haber identificado bien la posición en la que se colocan los aerogeneradores”, señala Juan Carlos Atienza.Tanto la Asociación Empresarial Eólica (AEE) como APPA Renovables consideran que las medidas para corregir y prevenir estos posibles daños ya son tenidas en cuenta en las declaraciones de impacto ambiental, necesarias para dar luz verde a los proyectos. Mayor rango legal para el protocolo que fija medidas contra los aerogeneradores 'reincidentes'Una de las funciones del nuevo real decreto es dar carta de naturaleza legal al “protocolo de aerogeneradores peligrosos” cuyos criterios ya vienen siendo considerados por las administraciones como recomendaciones, pero sin un carácter de obligado cumplimiento. Este manual, cuyos criterios son tenidos en cuenta muchas veces en las declaraciones de impacto ambiental, establece las medidas que serían deseables si se da una la reiteración de colisiones mortales de las aves con los molinos de viento y varía en función de si son especies protegidas o no.El Ministerio se plantea con todo ello reforzar el rango legal de este protocolo ante la eventualidad de que los jueces puedan juzgar endeble su base legal en caso de litigio con las empresas, según fuentes empresarialesUna lista negraLas administraciones dispondrían de algo así como una ‘lista negra’ de los molinos más peligrosos, de manera que la reincidencia podría dar lugar a una parada técnica del molino o su traslado a otra ubicación. Según ese protocolo, en caso de accidente, la empresa puede ser conminada a parar el molino de viento durante un período más o menos prolongado, e, incluso, en caso extremo, ser obligada a desmantelarlo, algo que hasta ahora nunca se ha dado.Ahora, los parques eólicos son objeto de un seguimiento para valorar la mortalidad que causan: son objeto de un seguimiento con vigilantes o con otros métodos tecnológicos para ejecutar la parada de la máquina si se aproximan la aves.“Esto supondría que el citado protocolo daría un gran salto en su eficacia, muy por encima de lo que supone actualmente”, dice Atienza.¿Tambien para los parques existentes?La intención era extender la aplicación de este protocolo a todos los parques, independientemente de si ya están autorizados, y hacerlo extensivo este documento a todas las comunidades autónomas.No obstante, SEO/BirdLife se muestra partidaria de hacer algún tipo de distinción en este caso entre los nuevos proyectos y los parques que están autorizados y los que están en funcionamiento. “Pero, por propia responsabilidad, todas las empresas deberían aplicar medidas de protección cuando las muertes de aves van más allá de lo que es aceptable”, añade Atienza.“La norma no puede afectar a aerogeneradores ya instalados que han venido cumpliendo todas las exigencias de las declaraciones de impacto ambiental otorgadas en su momento”, sentencia la AEE.Pidene prohibirlos en zonas protegidas por EuropaLa Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) y la Fundació para la Conservació del Quebrantahuesos proponen además que se prohíba de manera expresa instalar parques eólicos en espacios de la Red Natura (zonas de especial protección de las aves y zonas de especial conservación) y en las áreas definidas como de máxima sensibilidad ambiental en el mapa de zonificación aprobado en su día por el Ministerio, de manera que este mapa tenga un valor vinculante y no de mera recomendación.“Somos conscientes de que el real decreto comporta contratiempos para las empresas, y por eso creemos que se deben buscar soluciones posibles y reales; queremos que el sobre las aves se dé el menor posible…” dice Atienza.La mortalidad “se ha revelado significativa”, según el ministerioLa mortalidad de la avifauna que colisiona con los aerogeneradores “se ha revelado significativa”, según el Ministerio para la Transicion Ecológica, que promueve el nuevo real decreto. Y con esta finalidad inició un proceso de consultas con los sectores implicados (agrupaciones empresariales, grupos de defensa del medio ambiente) para que aportaran las soluciones que se deberían tomar, antes de su aprobación definitiva.Esta norma se deriva del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a 2030, publicado en el BOE el 30 de diciembre de 2022. Este mismo real decreto debe ser también el encargado de establecer las nuevas medidas reforzadas para proteger a la avifauna frente a la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión (para actualizar las actuales obligadas, fijadas en 2008). En relación a rea decreto existe acuerdo en lo que respecta a los tendidos, pero se mantienen las discrepancias en torno a las medidas que deberían implantar las empresas para afrontar o evitar los accidentes mortales de aves con los molinos de viento. El Ministerio y las oenegés se muestran decididas a implantar esta norma, mientras que a las empresas les gustaría eliminar del redactado los artículos que hacen referencia a los aerogeneradores en el real decreto.El rechazo del sector eólicoLa Asociación Empresarial Eólica considera que el actual marco normativo -la ley de 2013 de evaluación ambiental- ya “es garantía adecuada de un alto nivel de protección del medio ambiente y de la biodiversidad”. “En ningún caso se debe poner en peligro el funcionamiento de una instalación eólica por aplicación de medidas basadas en estimaciones que no son contrastables sobre un supuesto daño ocasionado”. También cree que las medidas incluidas en la propuesta del real decreto ley son en sí mismas “sanciones al propietario de la instalación con consecuencias económicas graves y desproporcionadas en comparación con la jurisprudencia en casos equiparables”. Estima que la nueva norma “implica un cambio retroactivo en las reglas de juego, un cuestionamiento del trámite de la obtención de la declaración de impacto ambiental y una pérdida de seguridad jurídica”.Periodista especializado en medio ambiente. Promotor del Canal Natural. Autor de 'Emergencia climática: Escenarios del calentamiento y sus efectos en España'. (Librosdevanguardia) acerrillo@lavanguardia.es