Réquiem por l'Estatut

Hay aniversarios que se celebran y otros que se dejan morir en silencio. Este mes de abril se cumplen veinte años de la reforma del Estatut de Autonomía valenciano de 2006, aquel pacto improbable entre el PP de Francisco Camps y el PSPV de Ignasi Pla que, con todas sus contradicciones, aspiró a algo tan ambicioso como reforzar el autogobierno valenciano y dignificar sus instituciones. Dos décadas después, el balance no es solo tibio: resulta descorazonador. Y el silencio institucional que envuelve la efeméride —ni un acto, ni una declaración, ni la más mínima liturgia democrática desde Les Corts Valencianes— suena más a réquiem que a conmemoración.Manifestación del 9 d´Octubre de 1979 en defensa de un Estatut secundada por centenares de miles de personas pidiendo la autonomíaEFELa presidencia de Les Corts, hoy en manos de Vox, ha decidido que veinte años de autogobierno reforzado no merecen ni siquiera un recordatorio protocolario. No es un olvido: es una posición política. Porque si algo define el momento actual no es la falta de agenda, sino la falta de interés. Y en ese desinterés coinciden, de manera llamativa, quienes más proclaman su defensa de “lo valenciano”. Cuesta no percibir cierta ironía —o directamente sarcasmo— en quienes invocan la valencianía como un mantra, pero rehúyen cualquier gesto que implique fortalecer sus instrumentos reales.El Estatut de 2006 no fue un texto menor. Como recuerda José Ramón Chirivella, presidente de Juristes Valencians, fue “el auténtico Estatut”: el que dotó de contenido normativo al autogobierno, el que reconoció a la Comunitat Valenciana como nacionalidad histórica y el que abrió la puerta a herramientas clave, desde una financiación más justa hasta la recuperación del derecho civil valenciano. También consolidó instituciones como el Consell Jurídic Consultiu o el Consell Valencià de Cultura, y amplió capacidades políticas como la disolución anticipada de Les Corts. Pero hay una diferencia sustancial entre construir un edificio y habitarlo. Y en el caso valenciano, la impresión es que el edificio institucional existe… pero nadie se ocupa realmente de mantenerlo.El ejemplo más evidente de ese abandono es el derecho civil valenciano. Aquel eje central del Estatut, que permitió legislar sobre cuestiones tan cotidianas como la custodia compartida o el régimen económico matrimonial, fue cercenado por el Tribunal Constitucional en 2016. Desde entonces, su recuperación se ha convertido en una causa casi quijotesca liderada por Chirivella y su asociación. Una batalla que tiene algo de kafkiano: no se estrella solo contra decisiones jurídicas, sino contra un clima político donde el desinterés —cuando no el abierto desdén— parece haberse normalizado.Lo más revelador no es la dificultad técnica de la reforma constitucional necesaria para restituir ese derecho, sino la ausencia de voluntad para siquiera intentarlo. El Partido Popular, que en 2006 abanderó esta reivindicación, hoy la bloquea en Les Corts con una colección de excusas que van desde la coyuntura política hasta la apelación a consensos imposibles. Mientras tanto, otras reformas —menores, puntuales, incluso anecdóticas— sí encuentran su camino en el Congreso.El contraste es tan evidente que roza el esperpento. Se organizan actos grandilocuentes sobre la historia, se reivindican símbolos, se invoca el pasado con entusiasmo… pero se desatienden los instrumentos presentes que permiten ejercer un autogobierno real. Es la política convertida en pirotecnia: mucho ruido, mucha luz y escasa sustancia. Todo ello en una comunidad que vive bajo la tutela financiera del FLA, consecuencia directa de una infrafinanciación crónica que no tiene visos de resolverse. En ese contexto, la falta de ambición institucional no es solo una carencia política: es una irresponsabilidad.Quizá lo más inquietante no sea la actitud de quienes gobiernan, sino la comodidad de quienes callan. Porque este réquiem no lo entonan solo Vox o el PP, sino también aquellos que han hecho del silencio una forma de supervivencia política. La renuncia, cuando se convierte en hábito, acaba pareciendo sensatez. Veinte años después, el Estatut de 2006 sigue ahí, como una promesa a medio cumplir: un texto que aspiraba a consolidar un autogobierno pleno y que hoy sobrevive entre la indiferencia y el cálculo político. Tal vez no haya actos conmemorativos porque, en el fondo, no hay demasiado que celebrar.O quizá sí: la extraordinaria capacidad de una sociedad para acostumbrarse a que sus propias instituciones importen cada vez menos.Licenciado en Ciencias de la Información por la UAB y Doctor en Comunicación por la UV. Delegado en València y redactor jefe de La Vanguardia desde 1991