Un alumno que denunció una agresión sexual de otro compañero lleva dos meses sin ir a clase: “Nos ofrecen cambiar de aula o irnos”

Pedro (nombre ficticio) reparte trípticos a la salida del colegio. Son las 17.00 del pasado martes, la hora de salida. A medida que abandonan el recinto, los padres de los alumnos cogen el papel y ponen cara de sorpresa cuando lo leen. “Justicia“. El texto habla del hermano de Pedro, alumno de sexto de Primaria, que lleva más de 60 días en casa sin ir al colegio. Hace dos meses, aseguró que en 2024 había sufrido un agresión sexual por parte de otro compañero en las colonias de cuarto y la familia reclama soluciones para recuperar su escolarización sin que tener que abandonar el colegio. ”La situación es insostenible”, lamenta Pedro. El conflicto refleja la dificultad del sistema educativo para dar respuesta a situaciones muy complejas en las que confluyen el relato de dos menores, la necesidad de proteger a todas las partes implicadas y de actuar sin una determinación clara de los hechos. Al conocer el relato del menor, el pasado 8 de febrero, la familia lo trasladó a la escuela al día siguiente. El centro activó el Protocolo de actuación ante cualquier tipo de violencia en el ámbito educativo, separó a los dos niños y el acusado fue reubicado a la otra clase del mismo curso. Sin embargo, según Pedro, la medida fue revocada por Inspección al cabo de tres días porque el caso “pasaba a estamentos superiores”. “No nos dieron ninguna explicación sobre los motivos de la decisión”, afirma. Fuentes conocedoras del caso coinciden en que la familia del otro menor implicado alertó del impacto que implicaban las medidas de segregación y de las acusaciones recibidas. Los protocolos del Departamento de Educación recalcan la importancia de que, en situaciones de agresión sexual entre alumnado, el proceso de intervención debe guiarse por cuatro premisas: creer la versión de la víctima, protegerla y derivarla a las unidades especializadas para hacer un seguimiento en el tiempo. Sin embargo, las mismas fuentes admiten la dificultad de aplicar estos principios en situaciones en las que existen dos relatos no necesariamente contradictorios, pero sí sujetos a interpretaciones distintas. Pedro, en todo caso, recuerda que su hermano experimentó un caso de violencia sexual y que, como víctima, no recibe el apoyo necesario de las instituciones. Como soluciones, Pedro asegura que la escuela y el Consorci d’Educació de Barcelona plantearon un cambio de clase para su hermano menor, la aplicación de un mapa de medidas protectoras, que pretende aislar el contacto entre los dos niños a pesar de convivir en la misma clase, o mantener la escolarización de forma telemática. La familia lo rechazó, y como último recurso pidió una mezcla de todos los alumnos sin que los implicados coincidieran. Desde entonces, el hermano de Pedro suma más de 60 días sin ir a la escuela. El centro, ubicado en el barrio de Sants de Barcelona, rechaza a EL PAÍS exponer su versión. La falta de avances irrita a la familia. A finales de marzo presentó ante el Consorci d’Educació de Barcelona una queja por la falta de respuestas, en la que acusó a la escuela de “no asumir la responsabilidad” sobre unos hechos que ocurrieron bajo su tutela durante las colonias de cuarto y de no ofrecer alternativas. “Mi hijo está cada vez más triste y hundido”, lamenta la mujer en su escrito. Además, reclamó la incorporación “inmediata” sin tener que compartir aula en ningún momento con el compañero denunciado. “Comunico formalmente la extrema gravedad que la situación está teniendo en el menor a nivel emocional, psicosocial y académico”, subraya la madre en su solicitud. El conflicto pasó a manos de la unidad integrada de atención a niños y adolescentes víctimas de violencia sexual (Barnahus), que contactó con la familia el 23 de marzo. “A la vista de estos hechos, que los alumnos manifiestan que habrían tenido lugar hace dos años y entre alumnado que entonces cursaba cuarto de primaria, se ha considerado que, para preservar los derechos de los menores implicados, procede la gestión del caso por parte de un servicio especializado y experto”, responde el Consorci d’Educació a petición de EL PAÍS. Barnahus realiza ahora el seguimiento con el fin de “adoptar las medidas de apoyo y acompañamiento que garanticen el bienestar emocional, social y académico de los menores”, añade. La primera visita del menor con atención psicológica especializada, según Pedro, no se concretó hasta el pasado 7 de abril. Ahora la familia estudia las nuevas propuestas después de una reunión celebrada en el Consorci el pasado viernes. “Nos ofrecen lo mismo: un cambio de clase o irnos de la escuela”, sintetiza Pedro. El Consorci defiende que el entorno educativo debe ofrecer medidas de protección y garantías para “los dos alumnos implicados”. Uno de ellos, sin embargo, ya suma más de 60 días sin ir a clase.