Álvaro García Ortiz pide al TC que anule su condena por revelación de datos reservados

13/04/2026 12:49 Actualizado a 13/04/2026 13:22 La Abogacía del Estado, en representación del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, ha recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional su condena por un delito de revelación de datos reservados.En un recurso, al que ha tenido acceso La Vanguardia, el abogado jefe utiliza similares argumentos que los presentados por la Fiscalía en el recurso presentado la semana pasada contra la sentencia del Tribunal Supremo que condena a García Ortiz a dos años de inhabilitación para ser fiscal general del Estado por filtrar a periodistas datos reservados respecto de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.El abogado se centra en el secreto profesional de los periodistas “entendido, no solo como un derecho del periodista, sino como una garantía al servicio del derecho a la información”. El tribunal no tuvo en cuenta la declaración de varios periodistas que afirmaron que García Ortiz no fue la persona que les filtró unos correos electrónicos cruzados entre el abogado de González Amador y el fiscal que investigaba al empresario por fraude fiscal.Lee también”En este caso, los periodistas que declararon en juicio delimitaron su derecho al secreto de las fuentes y decidieron hasta dónde llegaba. Para ellos, es claro que no formaba parte de ese derecho el poder decir quién no era la fuente, por lo que si lo dijeron están sujetos a su deber de decir verdad que impone la ley penal a todo testigo”, argumenta.El abogado del Estado también alega que se ha vulnerado la presunción de inocencia de García Ortiz al haber contado como prueba de cargo contra él el borrado que hizo del contenido de su teléfono tras conocer que iba a ser investigado. “El borrado equivale a un silencio por parte del acusado, más aún cuando no existe ninguna prueba de que la supuesta filtración fuera hecha por alguno de los terminales borrados”, sostiene.“Considerar que, si no existe una obligación legal de borrado, el acusado está obligado a conservar el contenido de su teléfono móvil porque, si no lo hace, recaerá sobre él la carga de probar que lo que ha borrado no era la prueba de un delito, supone un desplazamiento de la carga de la prueba contrario a la presunción de inocencia”, añade.También reclama al TC que revise la interpretación que ha hecho el Supremo sobre la comisión de un delito de revelación de secretos por recoges unos datos ya conocido en una nota de prensa divulgada a todos los medios de comunicación.“La sentencia realiza una interpretación del precepto sorpresiva, que atenta contra la seguridad jurídica”, sostiene la Abogacía del Estado. “Es contrario al principio de tipicidad y a las exigencias constitucionales que han de delimitar sus contornos, mantener la relevancia penal de los hechos examinados, cuando falta el presupuesto mismo de la revelación de un dato reservado, es decir, cuando la información divulgada ya había perdido su carácter secreto o reservado por haber sido previamente difundida y ser de conocimiento público”, interpreta.Otro de los argumentos, igual que los recogidos por la Fiscalía, es la desproporción de la medida de entrada y registro en su despacho oficial der fiscal general del Estado acordado por el juez que instruyó la causa para copiar todo el contenido de su teléfono y correos electrónicos.Testigo de juicios históricos: procés, 11-M, 17-A, Gürtel, Nòos o de los más sanguinarios etarras. Voy tras los casos de corrupción, de la política a lo empresarial y lo policial, para destapar todo tipo de abusos