Un informe de la
Catalunya" class="entity-link entity-organization" data-entity-id="113972" data-entity-type="organization">Sindicatura de Comptes de
Catalunya, el órgano fiscalizador externo del
Parlament, confirma la magnitud del problema estructural que afecta al 51% de los municipios catalanes: la falta de estabilidad de las plazas de funcionarios habilitados, especialmente secretarios e interventores.Las consecuencias de esta carencia afectan al día a día de los consistorios. La falta de funcionarios con habilitación nacional no sólo complica la gestión municipal, sino que propicia el colapso administrativo y la paralización de las tramitaciones. Una situación que desde los gobiernos reconocen que “angustia a los alcaldes” por tener que cumplir la normativa y aprobar las cuentas sin disponer de personal adecuado.El órgano fiscalizador detecta funcionarios que actúan sin disponer de la acreditación preceptivaLa Sindicatura de Comptes ha auditado el déficit que lleva años denunciándose desde los ayuntamientos y del que este diario viene informando desde hace cuatro años. El informe publicado en diciembre de 2025 y remitido al
Parlament, concluye que el 92% de los nombramientos de secretarios-interventores en los ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes son temporales. Es decir, nueve de cada diez funcionarios en pueblos pequeños lo hacen sin una plaza en propiedad.El organismo fiscalizador analizó 477 municipios catalanes, el 51% del mapa municipal, -aunque apenas es el 2,5% de su población- y detectó que de los 392 puestos de trabajo de secretaría-intervención, solo unos 31, alrededor del 8%, estaban cubiertos por un habilitado nacional definitivo. El 53% de los puestos se cubría con nombramientos accidentales o interinos, las fórmulas que la normativa permite de forma excepcional y el resto con coberturas provisionales precarias.El déficit es especialmente preocupante en las comarcas de
Lleida y
Tarragona, donde de los 164 y 99 municipios analizados, respectivamente, solo el 4% y el 2% contaban con un funcionario habilitado definitivo.El informe también destapa irregularidades que van más allá del problema. De los 110 municipios eximidos de tener secretario-interventor, 107 no cumplían los requisitos legales para estar liberados de la obligación. Además, 53 puestos de trabajo se cubrían sin disponer de la acreditación preceptiva de la Direcció General d’Administració Local (DGAL), y 24 de los 245 puestos vacantes no se habían convocado por concurso. En 83 casos, los nombramientos irregulares databan de antes de 2017; en uno de ellos, el nombramiento de comisión circunstancial se mantenía desde 2006.Con el resultado de la auditoría, la Sindicatura emite una serie de recomendaciones. Pide a los legisladores que revisen los límites presupuestarios que permiten eximir a un municipio de tener secretario-interventor, que regule e iguale los salarios de estos funcionarios para atraer candidatos a los puestos más pequeños, y que habilite a la DGAL para incluir de oficio en los concursos a los municipios que no hayan completado los trámites.Reclama también que la Generalitat y los colegios profesionales colaboren con las universidades para dar a conocer esta salida profesional entre los estudiantes de Derecho, Economía o Ciencias Políticas, que mayoritariamente la desconocen.A las diputaciones y consejos comarcales les exige que incorporen más habilitados en sus plantillas y que diseñen mecanismos para reducir la rotación, que hace que el conocimiento acumulado en cada municipio se pierda con cada cambio. Y a la DGAL le reclama que digitalice y actualice su información sobre la situación real de todos los entes locales, y que establezca controles periódicos sobre las coberturas.Por su parte, desde la DGAL informan que se ha elaborado un decreto de reestructuración para que la Generalitat asuma con solvencia el traspaso de competencias.Corresponsal de La Vanguardia en el Barcelonès Norte y corresponsal y responsable de la edición local de La Vanguardia en el Maresme. @fedecedo