El Gobierno obliga ahora a que los inmigrantes prueben que no tienen antecedentes penales para regularizarse y colaborará con ellos para legalizar a más de medio millón

Actualizado Martes, 14 abril 2026 - 13:29De acuerdo con las observaciones del Consejo de Estado, el Gobierno ha endurecido el real decreto que regularizar� de forma extraordinaria a m�s de 500.000 inmigrantes. El texto obliga ahora a que los extranjeros certifiquen que no tienen antecedentes penales para legalizarse, toda vez que el Ejecutivo colaborar� con ellos para maximizar el n�mero de beneficiarios de esta medida. Desde ahora, los interesados en acogerse a la medida disponen de un mes para solicitar un certificado de antecedentes. Si no lo consiguen, el Ministerio de la Presidencia podr� solicitarlo por la v�a diplom�tica en un plazo de tres meses.Los extranjeros podr�n presentar sus solicitudes en oficinas de la Seguridad Social, Correos y Extranjer�a entre este jueves y el pr�ximo 30 de junio de 2026. Adem�s del certificado de antecedentes, deber�n acreditar que llegaron a Espa�a antes del 1 de enero de 2026, haber permanecido en el pa�s al menos cinco meses consecutivos y "no representar una amenaza para el orden p�blico". Adem�s, deber�n acreditar uno de estos tres requisitos: tener alg�n v�nculo laboral en Espa�a, que permanecen en el pa�s junto a su familia si hay hijos menores o personas dependientes o que se encuentran en una situaci�n de vulnerabilidad.Pero la obtenci�n del certificado de antecedentes es uno de los grandes retos a los que se enfrentan los extranjeros que deseen legalizarse. De ah� las colas que se formaron frente a consulados en cuanto se anunci� la puesta en marcha de esta medida. En principio, el primer borrador del Ejecutivo planteaba la presentaci�n del justificante de petici�n de dicho documento, as� como una declaraci�n voluntaria en la que el interesado aseguraba no tenerlos. Tras las consideraciones del Consejo de Estado, esto �ltimo ya no basta en caso de no ser capaz de recabar el documento. As�, el nuevo texto del Gobierno, adelantado por la Cadena Ser y El Pa�s, prev� un modelo menos permisivo que el anterior.No obstante, para no mermar el n�mero de beneficiarios, la norma alarga los plazos para obtenerlo, colaborando as� el Gobierno con los inmigrantes. Si despu�s de un mes desde la solicitud del certificado de penales �ste no se ha recibido, el Ministerio de Presidencia podr� de recabarlo por v�a diplom�tica, siempre que el extranjero aporte la documentaci�n necesaria. Se abrir� entonces un plazo de tres meses para recibir esa documentaci�n y, si no llega, el extranjero dispondr� de 15 d�as adicionales para intentarlo de nuevo. Si no lo consigue, no podr� optar al proceso.Por su parte, el socio minoritario del Gobierno discrepa de la seria exigencia planteada por el Consejo de Estado e implementada por el Ejecutivo respecto a la necesidad de presentar un certificado que acredite la ausencia de antecedentes penales tanto en Espa�a como en cualquier pa�s en el que hayan residido en los �ltimos cinco a�os.Para Sumar, como ha advertido su portavoz en el Congreso, Ver�nica Barbero, "los problemas administrativos o de plazos no deber�an obstaculizar la regularizaci�n de todas las personas". Y, en consecuencia, insiste en que el Gobierno tendr� que poner cuantos instrumentos est�n en su mano para conseguir que el objetivo del reglamento de regularizaci�n se cumpla �ntegramente. Esto es as� porque, seg�n Barbero, los inmigrantes "se lo merecen y se lo han ganado".Con esta respuesta, la portavoz parlamentaria, se ha referido tambi�n al anuncio de Comisiones Obreras de convocatoria de huelga en las oficinas de extranjer�a por la sobrecarga de trabajo que supone la regularizaci�n masiva. Sumar asegura respetar y respaldar el derecho de huelga de estos trabajadores e insiste en que este anuncio "interpela al Gobierno" que es, afirma, el que debe poner todos los medios a disposici�n de las oficinas de extranjer�a para que todo el que lo desee pueda ejercer su derecho a pedir la regularizaci�n.Comprom�s coincide en que la regularizaci�n masiva hace de Espa�a un "Estado m�s justo". "Estas personas forman parte de nuestra sociedad y negarles derechos b�sicos es una anomal�a que no nos podemos permitir". No obstante, esta formaci�n denuncia que los ap�tridas, en concreto, los inmigrantes saharauis, quedan fuera del objetivo del Reglamento, informa Marisa Cruz.Solicitantes de asiloPor otra parte, en los primeros borradores hab�a cierta confusi�n con respecto a los solicitantes de protecci�n internacional, a los que se exig�a renunciar a estos procesos para adherirse a la regularizaci�n. De nuevo, tras las consideraciones del Consejo, s�lo se les exige abandonar la v�a de la protecci�n internacional si el permiso de residencia por regularizaci�n extraordinaria les ha sido concedido.El Ejecutivo aprobar� as� la iniciativa pactada con Podemos el pasado 26 de enero que, pese a las aseveraciones del Gobierno sobre el consenso logrado, ha suscitado numerosas cr�ticas. Entre ellas las del propio Consejo de Estado, que apreciaba en el texto de la norma que le fue remitido "un considerable desorden y falta sistem�tica en sus estructuras y distribuci�n de materias".Las estimaciones del Gobierno apuntaban a que medio mill�n de inmigrantes en situaci�n irregular podr�an beneficiarse de esta medida, pero un an�lisis de Funcas apunto que el n�mero de benecificiarios podr�a acercarse mucho al mill�n: 870.000. Sea como fuere, el Ejecutivo est� decicido a maximizar el n�mero de personas que se acojan a la medida por "una cuesti�n moral", ha se�alado esta ma�ana desde Pek�n el presidente, Pedro S�nchez, as� como "desde un punto de vista de inter�s econ�mico" de cara a hacer frente al "invierno demogr�fico" que atraviesa el pa�s.