La regularización de inmigrantes desata una nueva batalla política que divide al Congreso

Asier MartiarenaMadrid 14/04/2026 13:50 Actualizado a 14/04/2026 14:25 El tablero político no ha tardado en fijar posiciones tras la aprobación formal este martes por el Gobierno de la regularización extraordinaria de inmigrantes, una medida que ha reabierto la fractura entre bloques y ha activado una respuesta inmediata de los partidos. La medida, que en su origen concitó el respaldo de las fuerzas de izquierda y la abstención del Partido Popular en la admisión a trámite de la ILP, ha acabado por consolidar un nuevo frente de confrontación, con los populares desmarcados y alineados ahora con el rechazo frontal de Vox.Desde Sumar, socio del PSOE en el Ejecutivo, su portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha defendido que la norma debe desplegar “todos sus efectos” y ha advertido al grupo socialista de la necesidad de no escatimar en esfuerzos argumentando que cualquier cuello de botella administrativo que impida regularizar a quienes cumplen los requisitos supondría “un problema”. La formación ha subrayado el alcance de la medida -más de 500.000 personas- como un avance en derechos y ha reclamado reforzar los servicios de extranjería y ampliar plazos para evitar que la tramitación descarrile. En paralelo, ha cargado contra Partido Popular y Vox por, a su juicio, haber virado hacia posiciones de “miedo” y “bulos” tras haber avalado la tramitación inicial. También ha expresado cautela ante la huelga anunciada en las oficinas de extranjería, al considerar que podría perjudicar el proceso.En Podemos, su secretaria general, Ione Belarra, ha celebrado la aprobación como “un gran día” y una medida de “justicia social” para cientos de miles de trabajadores sin derechos. La formación ha reivindicado además su papel en la negociación “hasta el último minuto” y el impulso de las organizaciones sociales para sacar adelante la iniciativa. Pese a ello, ha deslizado reservas sobre el texto final. Belarra ha criticado las “concesiones” al informe del Consejo de Estado, especialmente en lo relativo a la acreditación de antecedentes penales, al entender que pueden dejar en un limbo a personas procedentes de países con dificultades para emitir estos certificados. Con todo, ha valorado positivamente el acuerdo alcanzado en la definición de vulnerabilidad -que, a su juicio, se ha simplificado- y ha confiado en que el proceso pueda avanzar con ritmo suficiente en los próximos meses.El apoyo a la norma también ha llegado desde el PNV. La portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, ha valorado el decreto como una herramienta “importante” para sacar de la invisibilidad administrativa a personas que ya forman parte de la realidad cotidiana y para favorecer itinerarios de integración más estables. El Ejecutivo autonómico ha anunciado que elaborará una guía práctica una vez disponga de información oficial, aunque ha reclamado al Ejecutivo central un plan estructural en política migratoria.En el polo opuesto, Vox ha elevado el tono. Su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ha calificado la medida de “sumamente lesiva” y ha denunciado que el Gobierno actúa sin respaldo social ni parlamentario suficiente, al recurrir al decreto. La formación ha confirmado que recurrirá la norma ante el Tribunal Supremo.La ofensiva de la derecha, no obstante, había quedado ya perfilada la víspera cuando Partido Popular y Vox anunciaron medidas para combatir el decreto que previsiblemente iba a aprobar el Ejecutivo. Los populares advirtieron de que “no habrá instrumento político, parlamentario y jurídico” que no vayan a utilizar. Su vicesecretaria, Alma Ezcurra, insistió en que harán “todo lo que esté en nuestras manos y más”, aunque pidió esperar al texto definitivo para concretar la vía exacta. Aun así, avanzó que se activarán mecanismos en el ámbito nacional y europeo frente a lo que calificó de “barbaridad” y “sinsentido”.La regularización abre así una doble vía: la administrativa, pendiente de su ejecución, y la política, que se anticipa áspera y con recorrido tanto en los tribunales como en las instituciones europeas.Redactor de la sección de política tras una década cubriendo la actualidad de Madrid entre 2011 y 2022. Antes en Microsoft News y el diario Metro