Cultura traslada a la Justicia la extinción de la Fundación Francisco Franco

El Ministerio de Cultura ha dado este martes el paso decisivo para instar ante la Justicia la extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco. Coincidiendo con el 14 de abril, fecha de la proclamación de la Segunda República, Ernest Urtasun ha firmado la resolución que cierra el expediente administrativo y abre la vía judicial para su posible disolución.El propio ministro de Cultura ha explicado que el procedimiento ha concluido tras meses de recopilación de informes y análisis que, según ha subrayado, coinciden en un punto “crucial”: la fundación “no cumple con el requisito de perseguir fines de interés general”. El expediente incorpora el estudio de los contenidos de su página web, dictámenes jurídicos y testimonios de víctimas, y concluye además que la actividad de la entidad incluye la difusión de mensajes que suponen “menosprecio y humillación” para las víctimas del franquismo.El titular de Cultura ha enmarcado la decisión en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde 2022, que contempla la extinción de aquellas fundaciones que no se ajusten a fines de interés general o desarrollen actividades contrarias a estos. Según ha detallado, el expediente acredita también el enaltecimiento del franquismo con vulneración de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, lo que constituye otra causa legal de disolución.“El Gobierno actúa con la ley en la mano para proteger la memoria de las víctimas”, ha señalado Urtasun, quien ha recalcado que la decisión final corresponderá a la autoridad judicial. En el proceso han participado el Ministerio de Memoria Democrática, la Abogacía del Estado y expertos independientes, incluido un catedrático de Derecho Constitucional, cuyos informes, ha dicho, refuerzan el “rigor jurídico” del procedimiento.Las actividades de la fundación trasladan una visión “inequívocamente positiva” del franquismo e incluyen contenidos de carácter negacionista sobre la represiónEl movimiento culmina una fase iniciada el pasado otoño, cuando Cultura notificó a la fundación las conclusiones de un expediente de 37 páginas que ya apuntaba a su extinción. Aquel documento, basado en el análisis de más de 5.000 archivos de la propia entidad, sostenía que sus actividades ofrecían una visión “inequívocamente positiva” del franquismo e incluían contenidos de carácter negacionista sobre la represión.Tras el trámite de alegaciones -concedido en dos ocasiones a la fundación-, el ministerio ha dado por cerrado el procedimiento administrativo y prepara ahora la vía judicial. Fuentes del departamento apuntan a que el Ejecutivo acudirá a los tribunales “lo antes posible” y no descarta solicitar medidas cautelares para limitar la actividad de la entidad mientras se resuelve el proceso.El paso dado este miércoles sitúa el foco en los juzgados y abre un nuevo capítulo en la política de memoria impulsada por el Gobierno, que ya ha tenido precedentes como la recuperación del Pazo de Meirás. Redactor de la sección de política tras una década cubriendo la actualidad de Madrid entre 2011 y 2022. Antes en Microsoft News y el diario Metro