La nueva financiación autonómica (II): el reparto del dinero

El gobierno español se enfrenta a una semana crucial en el Congreso. El miércoles, Pedro Sánchez comparecerá para explicar las medidas adoptadas por la guerra en Irán y la posición de España. El jueves, se debatirá y votará el decreto anticrisis, aprobado tras tensiones internas en el gobierno de coalición, donde Sumar presionó para incluir medidas sobre vivienda en un decreto separado. El decreto anticrisis, ya en vigor temporalmente, incluye la reducción del IVA en combustibles, electricidad y gas, la suspensión de impuestos a la producción de energía eléctrica y ayudas al gasóleo profesional. Aunque el gobierno confía en su aprobación, el PP aún no ha definido su voto, a pesar de aplaudir algunas rebajas fiscales incluidas.

El domingo entraron en vigor en España un paquete de medidas anticrisis, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El plan, dotado con 5.000 millones de euros, busca paliar los efectos de la guerra en Oriente Próximo. Incluye la reducción del IVA del 21% al 10% en electricidad, gas y carburantes, así como la suspensión temporal del impuesto de generación eléctrica. También se congela el precio máximo de venta del butano y propano, y los precios del alquiler. El Congreso de los Diputados votará el jueves su convalidación. Adicionalmente, se prohíbe el despido en empresas que reciban ayudas públicas y se implementa un plan de movilidad sostenible para empresas grandes.

Para mitigar el impacto económico de la guerra en Irán, el gobierno español aprobó rebajas fiscales a los carburantes que entraron en vigor el domingo. Se estima un ahorro de hasta 29 céntimos por litro en gasolina 95 y 23 céntimos en diésel, gracias a la reducción del IVA del 21% al 10% y la disminución del impuesto de hidrocarburos. El Ministerio de Hacienda calcula que llenar un depósito de 55 litros de gasolina 95 costará 16 euros menos, mientras que el ahorro en diésel será de 12,5 euros. Esta medida forma parte de un paquete de ayudas de 5.000 millones de euros para mitigar el impacto económico de la guerra, que incluye una rebaja del IVA a los combustibles que supondrá un ahorro de 507 millones para ciudadanos y profesionales. El decreto ley será sometido a votación en el Congreso la próxima semana.

El gobierno español ha intervenido nuevamente en el mercado del alquiler debido al contexto económico deteriorado por la guerra en Irán. Un real decreto-ley, publicado el 21 de marzo de 2026, limita la subida anual de los alquileres al 2% hasta el 31 de diciembre de 2027. Esta limitación aplica a todos los arrendadores, con condiciones específicas para grandes tenedores y pequeños propietarios. Además, el decreto establece la prórroga automática de los contratos de alquiler que venzan entre 2026 y 2027 por un máximo de dos años adicionales, a petición del inquilino. La aplicación del decreto comienza al día siguiente de su publicación, aunque su convalidación en el Congreso no está asegurada, ya que el grupo Junts se opone a las medidas. El gobierno justifica la medida por la crisis de vivienda que podría agravarse por la guerra de Irán.

El gobierno español aprobó un paquete de medidas de urgencia valorado en 5.000 millones de euros para mitigar el impacto económico de la tensión en el mercado energético derivada de la guerra en Irán. El plan, anunciado el viernes tras una reunión extraordinaria, incluye rebajas de IVA en luz, gas y combustibles, descuentos en carburantes, ayudas a transportistas y agricultores, y apoyo a la industria electrointensiva. El objetivo es proteger la economía y la sociedad ante la incertidumbre del conflicto, tomando como referencia medidas aplicadas durante la guerra en Ucrania. A pesar de las críticas por extender las rebajas fiscales a la electricidad y la bonificación de combustibles, el plan se considera una respuesta rápida y adecuada a la crisis. La reunión del Ejecutivo también reveló tensiones dentro de la coalición de gobierno debido a la inclusión de medidas sobre vivienda.

La estrategia del gobierno de Pedro Sánchez para capitalizar un plan frente a la guerra de Irán se vio opacada por una disputa interna con Sumar. Los ministros de Sumar retrasaron su entrada al Consejo de Ministros exigiendo la inclusión de medidas de vivienda en el decreto. Sánchez cedió a incluir una disposición para vigilar a las empresas, pero el decreto principal se aprobó con 5.000 millones de euros en rebajas fiscales, favoreciendo a socios de derecha como Junts y PNV. Este cisma sin precedentes eclipsó el mensaje de Sánchez sobre el impacto económico de la guerra y su llamamiento a la unidad, desviando la atención del paquete de medidas que pretendía presentar como un "blindaje social y económico". La disputa pública entre las dos alas de la coalición diluyó el impacto deseado del plan.