La Audiencia Nacional deja en libertad a 24 investigados por narcotráfico

La Audiencia Nacional ha liberado a 24 investigados por narcotráfico, quienes estaban en prisión provisional, tras una sentencia del Tribunal Constitucional (TC). El TC dictaminó que los imputados en causas secretas tienen derecho a conocer las pruebas esenciales que justifican su encarcelamiento. La jueza María Tardón ordenó la liberación de los investigados en la operación Sombra Negra, que desmanteló una red que introdujo 57 toneladas de cocaína en Europa, debido a que sus defensas no recibieron suficiente información para impugnar la prisión. Esta decisión se basa en el criterio de la Sala de lo Penal, que previamente excarceló a otro imputado por vulneración de su derecho de defensa al no informarle del contenido de los indicios en su contra. La falta de detalles sobre las vigilancias policiales y las transcripciones de pinchazos telefónicos motivó la decisión.

Una sentencia reciente del Tribunal Constitucional español ha provocado la excarcelación de 24 personas acusadas de narcotráfico en la operación Sombra Negra. La Audiencia Nacional, liderada por la jueza María Tardón, ordenó la liberación debido a que los abogados defensores no recibieron suficiente información sobre las pruebas en su contra durante la fase de secreto de sumario, lo que vulneró su derecho a la defensa. El Tribunal Constitucional dictaminó que los jueces deben especificar no solo las fuentes de prueba, sino también los datos que permitan su identificación. La Fiscalía Antidroga ha expresado su preocupación por estas excarcelaciones, recordando un caso similar en el pasado. A los liberados se les han impuesto medidas cautelares.

La Audiencia Nacional ha excarcelado a 24 imputados por narcotráfico tras una reciente sentencia del Tribunal Constitucional del 23 de febrero. La sentencia exige que los jueces proporcionen información más detallada a los detenidos en prisión provisional en causas bajo secreto de sumario, incluyendo las fuentes de prueba de su implicación. La fiscal jefe Antidroga advierte que la resolución ha provocado una avalancha de recursos y pone en riesgo investigaciones en curso. El Tribunal Constitucional defiende que la sentencia es un reajuste doctrinal que responde a exigencias constitucionales y europeas, y no debería llevar a liberaciones indebidas si se aplica correctamente. El caso que originó la sentencia fue el de un guardia civil detenido en 2025 por su implicación en un narcotúnel en Ceuta, quien alegó que la información proporcionada sobre su imputación era insuficiente.