Netanyahu, fuera de control

El artículo describe al gobierno de Benjamín Netanyahu como el más extremo en la historia de Israel, aprovechando la coyuntura internacional para actuar sin apego a la legalidad. Se le acusa de expulsar organizaciones de la ONU, prohibir ONGs, ignorar a la Unión Europea y actuar con impunidad. El artículo señala que Netanyahu instigó a Trump a atacar Irán y ahora se enfoca en una invasión anexionista del Líbano, similar a la ocupación de Gaza y Cisjordania, con el objetivo de expulsar a la población al sur del río Litani. Internamente, se critica su extremismo por impedir al patriarca latino entrar al Santo Sepulcro, mostrando falta de respeto a la ley internacional y al pluralismo religioso en Jerusalén.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó la ley israelí aprobada por el Parlamento que aplica la pena de muerte a palestinos condenados por terrorismo. La ley excluye a ciudadanos israelíes, lo que ha generado críticas por discriminación. Sánchez calificó la medida como un paso hacia el "apartheid", argumentando que implica "mismo crimen, distinta pena". La portavoz del Gobierno español, Elma Saiz, también condenó la ley, señalando que "menoscaba el derecho internacional". Organizaciones de Derechos Humanos, como el Centro Palestino de Derechos Humanos, han criticado la ley, denunciando que viola el Derecho Internacional Humanitario. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Palestina alertó que la ley afianza la segregación racial y el apartheid, ya que se aplicará exclusivamente a palestinos.

La Knesset israelí aprobó una ley que permite la pena de muerte para palestinos de Cisjordania condenados por matar a israelíes, generando indignación en la ONU y Europa. La Unión Europea y varios países europeos lamentaron la medida, calificándola de discriminatoria y un retroceso en derechos humanos. La UE ha expresado su preocupación por el cumplimiento de Israel de sus obligaciones en materia de derechos humanos y recuerda su anterior moratoria de facto sobre la pena de muerte. Aunque no se prevén acciones concretas inmediatas, la UE mantiene abierta la posibilidad de suspender parte del acuerdo de asociación con Israel. Bruselas espera que la ley pueda ser frenada por las críticas internas y una posible apelación al Tribunal Supremo israelí.

El parlamento israelí, Knéset, aprobó una ley que permite la pena de muerte para palestinos condenados por ataques "terroristas" mortales. La ley, impulsada por la extrema derecha y apoyada por el Primer Ministro Netanyahu, establece que los condenados por tribunales militares israelíes podrían ser ejecutados en la horca en un plazo de 90 a 180 días. Aunque teóricamente aplicable a israelíes judíos, la ley se enfoca en ataques que buscan "negar la existencia del Estado de Israel". La legislación ha sido criticada como discriminatoria y varios países europeos advierten que socava los principios democráticos. Los defensores de la ley argumentan que es necesaria para romper el ciclo de terror, encarcelamiento y liberación de individuos que vuelven a cometer actos violentos.

El Parlamento israelí aprobó una ley que permite la pena de muerte para palestinos en Cisjordania culpables de asesinar israelíes en actos de terrorismo. La ley se aplicará en tribunales militares, que juzgan a palestinos, y no requerirá unanimidad de los jueces para la sentencia. La medida, impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, obliga a los tribunales a dictar sentencia en 90 días, sin derecho a indulto, a menos que existan "circunstancias especiales". La pena capital ya existe en Israel, pero esta ley la enfoca en palestinos de Cisjordania, generando controversia y debate en el parlamento. La ley ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos.

El Parlamento israelí (Knéset) aprobó una ley que permite la pena de muerte para terroristas, incluyendo el uso de la horca. La iniciativa, impulsada por un partido ultraderechista, fue aprobada con 62 votos a favor y 48 en contra. La ley se aplicaría a personas que intencionalmente causen la muerte con el propósito de dañar a ciudadanos israelíes o negar la existencia del Estado de Israel. La legislación podría ser aplicada tanto en tribunales civiles en Israel como en tribunales militares en Cisjordania. Se espera que la ley sea apelada ante el Tribunal Supremo israelí. La aprobación se produce en un contexto de escalada de tensiones y tras el ataque del 7 de octubre de 2023.

El Parlamento israelí (Knéset) aprobó el 30 de marzo de 2026 una reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para personas culpables de "asesinato terrorista". La ley, impulsada por la extrema derecha y con el apoyo del primer ministro Netanyahu, fue aprobada con 62 votos a favor y 48 en contra. La medida obliga a los tribunales militares israelíes a imponer la pena a palestinos residentes en Cisjordania ocupada, mientras que los tribunales ordinarios pueden optar por cadena perpetua para ciudadanos israelíes. Organizaciones de derechos humanos han denunciado la ley como discriminatoria y han recurrido ante el Tribunal Supremo, argumentando que carece de autoridad legal sobre la población de Cisjordania y que no disuadirá futuros ataques. La ley entrará en vigor en 30 días y no es retroactiva.