La Fiscalía y la defensa piden que se archive la causa contra Begoña Gómez

El caso contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, sigue adelante a pesar de las peticiones de la Fiscalía y la defensa para que se archive. El juez Juan Carlos Peinado comunicó por tercera vez su intención de que Gómez sea juzgada por un jurado popular por presuntos delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, malversación, intrusismo y apropiación indebida. La defensa de Gómez califica la causa como una "pesadilla" y argumenta que no hay indicios suficientes. Mientras tanto, las acusaciones solicitan nuevas pruebas, incluyendo información salarial y laboral de personas vinculadas al caso. El juez está a la espera de informes de la Guardia Civil antes de tomar una decisión final.

El juez Juan Carlos Peinado ha escuchado a las defensas y acusaciones en el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en un trámite formal previo a la posible apertura de juicio oral ante un jurado popular. Tanto la Fiscalía como las defensas de Gómez, su asesora Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, han solicitado el archivo del caso. Por su parte, las acusaciones han pedido al juez que profundice en la investigación. Las defensas de Gómez y Álvarez han solicitado nuevas diligencias, incluyendo la declaración de un testigo y la aportación de informes periciales. Las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han propuesto requerir información laboral y salarial de Gómez y Álvarez, así como datos sobre una reunión relacionada con un software desarrollado en el marco de la cátedra que codirigió Gómez. Peinado inició la investigación en abril de 2024.

El juez Juan Carlos Peinado ha notificado al abogado de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, su intención de que sea juzgada por un jurado popular. Gómez está siendo investigada por presuntos delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, malversación, intrusismo y apropiación indebida. La decisión se basa en un auto previo donde Peinado considera que el delito de malversación justifica un jurado popular, arrastrando los demás delitos. El juez cree que Gómez se valió de su posición para impulsar su carrera, creando una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid tras una reunión en Moncloa. La investigación también destaca la relación de Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés, quien colaboró en el diseño de la cátedra y recibió cartas de recomendación de Gómez.

La Fiscalía y las defensas de los investigados han solicitado nuevamente el archivo del caso Begoña Gómez durante una vista convocada por el juez Juan Carlos Peinado para determinar si el caso procede a un juicio con jurado. Las acusaciones populares solicitaron nuevas diligencias, incluyendo información actualizada sobre el salario de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, y su historial laboral completo. Ni Gómez, Álvarez, ni el empresario Juan Carlos Barrabés asistieron a la vista en Madrid. Anteriormente, la Audiencia Provincial de Madrid había anulado los intentos del juez Peinado de llevar el caso a un jurado por falta de motivación. El juez Peinado había dividido inicialmente la causa en dos piezas, una sobre las actividades de Gómez en la UCM y otra sobre la contratación de Álvarez, pero ahora las ha unificado.

El juez Juan Carlos Peinado ha citado por tercera vez a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, junto a su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, para comunicarles la decisión de que un jurado popular asuma el caso en su contra. La Audiencia Provincial de Madrid había anulado una decisión anterior por falta de motivación. Los tres investigados niegan los delitos que se les atribuyen y han recurrido la decisión del juez, pidiendo que se archive la investigación. El juez Peinado ve indicios de delito en que Gómez, "desde su posición de esposa del Presidente del Gobierno", impulsara una cátedra universitaria y sugiriera la adjudicación de concursos públicos. En la vista, el magistrado debe concretar la imputación contra los investigados.

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, ha recurrido nuevamente la decisión del juez Juan Carlos Peinado de llevar su caso ante un jurado popular. El recurso denuncia que el auto del juez contiene argumentos falaces y conjeturas sin indicios sólidos. Anteriormente, la Audiencia Provincial de Madrid ya había frenado un intento similar de Peinado. El abogado de Gómez argumenta que no existen indicios contra ella en los delitos imputados y que se le investiga por ser la esposa del presidente. El recurso busca anular el auto que acumuló el procedimiento en una sola causa y citó a Gómez y otros investigados para el 1 de abril, alegando falta de fundamentación y el riesgo de un "juicio paralelo" debido a la mediatización del caso.

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha recurrido la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que su caso sea juzgado por un jurado popular. Su abogado ha presentado un recurso para anular el auto judicial que acumuló todo el procedimiento en una sola causa y lo dirigió a un tribunal de jurado. El recurso alega que el auto contiene argumentos falaces y que la investigación se debe únicamente a su condición de cónyuge del presidente. Niega la existencia de indicios de los cinco delitos imputados y advierte del riesgo de un "juicio paralelo" perjudicial para su derecho a un juez imparcial. El recurso busca anular el auto que citó a Gómez y a otros dos investigados para el 1 de abril.

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, ha recurrido nuevamente la decisión del juez Juan Carlos Peinado de llevar su caso a un jurado popular. Su defensa, liderada por Antonio Camacho, argumenta que el intento del juez es una "reiteración de conjeturas" ya rechazadas por la Audiencia Provincial de Madrid por falta de fundamentación. El recurso de Gómez alega que el juez omite aspectos que contradicen su tesis y se basa en "datos falaces" para construir la acusación de tráfico de influencias. La defensa insiste en que no hay pruebas que justifiquen mantener viva la causa penal contra Gómez, señalando que ella dirigía un máster en la UCM desde 2014, antes de que su esposo fuera presidente. La defensa acusa al juez de intentar vincular el acceso de Sánchez a la presidencia con supuestas ventajas obtenidas por Gómez.