Begoña Gómez y la Fiscalía piden al juez Peinado que archive el caso

El juez Juan Carlos Peinado ha seguido su costumbre y ha dedicado otro miércoles de Semana Santa a escuchar a las defensas y acusaciones del caso Begoña Gómez. El trámite tampoco era nuevo. Una mera formalidad para comunicarles que, si llega a juicio, será ante un jurado popular. Las partes tampoco se han salido del guion. Los investigados ―la mujer del presidente del Gobierno, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés― no han acudido presencialmente, dejando su defensa en manos de sus abogados, que han exigido el archivo definitivo del caso, al igual que la Fiscalía. Las acusaciones, en cambio, han reclamado al instructor que ahonde en la investigación y encargue nuevas diligencias, según las fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS.Anticipando un nuevo rechazo de sus pretensiones, las defensas de Gómez y Álvarez han solicitado a Peinado que, si decide seguir adelante con la causa, acepte varias diligencias. El abogado de la mujer de Sánchez, el exministro Antonio Camacho, ha reclamado la declaración como testigo de José Manuel Ruano, el director de la cátedra que codirigió Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y que le permita aportar tres informes periciales. Uno de ellos, para analizar la figura del cónyuge del presidente del Gobierno con el objetivo de acreditar que tradicionalmente todas las parejas han contado con un asistente que les ayudaba con sus asuntos; otro sobre el funcionamiento de las cátedras extraordinarias de la UCM; y un tercero sobre el supuesto perjuicio económico al centro universitario. El abogado que defiende a Álvarez, José María de Pablos, ha planteado que se reclame a Moncloa un certificado sobre su cliente que acredite el cumplimiento de sus funciones.En el otro extremo, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han propuesto a Peinado que requiera la vida laboral completa de Gómez hasta la fecha; una actualización del salario que cobra Álvarez; y que solicite a la plataforma Lefevbre información sobre una reunión relacionada con el software desarrollado en el marco de la cátedra, de la que ya informó Making Science ―otra empresa que participó en el proyecto― indicando que la asesora de Gómez era una de las intervinientes. Es la segunda vez que el juez hace este trámite. Esta vez, sin embargo, se ha visto obligado a dar más argumentos, porque así se lo exigió la Audiencia Provincial de Madrid. Peinado empezó a investigar a Gómez en abril de 2024. Desde que admitió a trámite una denuncia presentada por Manos Limpias ha ido ampliando la causa con querellas impulsadas por Hazte Oír y Vox. En total, son cinco los delitos que le atribuye: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación. Por un lado investiga su actividad profesional con empresarios y la UCM; y, por otro, si se produjo un desvío de dinero público al contratar a Álvarez como su asesora en La Moncloa para que colaborase con su actividad institucional y con su “actividad privada” —una tesis que ambas han negado—.Ya en septiembre, cuando el procedimiento se dividía en dos piezas, el juez informó a la esposa del presidente del Ejecutivo de que, si el caso por malversación iba a juicio le juzgaría un jurado popular y no un tribunal conformado por jueces. Luego, unificó la investigación y avisó de que toda la causa seguiría el mismo rumbo. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid le corrigió y le avisó de que, si quería mantener esa línea, debía justificarlo con argumentos suficientes. Peinado respondió a mediados de marzo con una resolución de 47 páginas en la que insistió en que existe una “verosimilitud delictiva” suficiente como para encausar a los sospechosos. Así, reiteró que Gómez se ha aprovechado de su condición de esposa del presidente del Gobierno y líder del PSOE para beneficiarse de un cambio “radical” en su trayectoria profesional y que su asesora ha realizado “actuaciones completamente ajenas a las funciones institucionales de la Presidencia”. La defensa recurrió la decisión y aseguró que todo eran “meras conjeturas”.