PP y Vox vuelven a pactar para una Mesa autonómica tres años después: presidencia 'popular' y vicepresidencia primera para los de Abascal en Castilla y León

El PP y Vox han alcanzado un acuerdo en Castilla y León para la composición de la Mesa de las Cortes, que se constituirá en la primera sesión parlamentaria. Vox apoyará al candidato del PP para la presidencia de las Cortes, y a cambio, el PP votará para que un representante de Vox sea el vicepresidente primero. Además, cada partido ocupará una secretaría de la Mesa. Este es el primer acuerdo entre PP y Vox en esta ronda de comicios autonómicos, después de que no se llegara a un acuerdo similar en Extremadura y Aragón. El pacto se produce tras la posibilidad de que el PSOE pactara con los regionalistas y obtuviera la presidencia de la cámara. El PP valora positivamente el acuerdo, a pesar de que Vox había renunciado inicialmente a entrar en la Mesa.

Juanma Moreno Bonilla, candidato del PP a la presidencia de Andalucía, busca revalidar su mayoría absoluta con una campaña centrada en temas autonómicos y minimizando la influencia nacional. Como en las elecciones de 2022, la estrategia implica reducir la presencia de líderes nacionales, incluyendo a los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy. La decisión se debe a que el perfil de Aznar y el juicio por el caso Kitchen que afronta Rajoy podrían distraer del mensaje moderado de Moreno Bonilla. Aunque Aznar y Rajoy participaron en la campaña de Castilla y León, el PP andaluz busca distanciarse de la marca nacional. Moreno Bonilla ya ha aparecido con el expresidente socialista Felipe González, marcando el inicio de la campaña para las elecciones del 17 de mayo.

Según un barómetro de Ipsos para La Vanguardia, la derecha española, liderada por el PP y Vox, obtendría una mayoría absoluta holgada en las próximas elecciones generales, con 194 diputados, frente a los 124 de PSOE y Sumar. La derecha cuenta con 12 millones de votos, máximos históricos, mientras que la izquierda cae a mínimos con 8,5 millones, en un contexto de baja participación. La derecha enfrenta una competencia interna para maximizar su rédito electoral, mientras que la izquierda tiene el desafío de movilizar, concentrar y trascender, debido a la desmovilización y fuga de votantes. El 55% de los españoles prefiere un gobierno liderado por el PP, frente al 24% que opta por una reedición de la precaria mayoría parlamentaria de la izquierda.

España ha sufrido una serie de catástrofes naturales desde el verano pasado, incluyendo incendios y tormentas, que han causado daños extensos en campos, pueblos y playas. El gobierno ha destinado más de 10.000 millones de euros para reparar estos daños e impulsar la reconstrucción de las infraestructuras afectadas en regiones como Andalucía y Extremadura. Sin embargo, muchas de estas reparaciones no incluyen medidas preventivas para evitar la recurrencia de estos fenómenos, que se espera que sean más frecuentes e intensos debido al cambio climático. Expertos señalan que la falta de incorporación de evidencia científica en las decisiones lleva al despilfarro presupuestario y a la incapacidad de resolver los problemas a largo plazo, priorizando la reparación sobre la prevención y adaptación. Esta situación se observa en áreas como el litoral, donde los temporales causan graves daños.

Tras las elecciones autonómicas de Castilla y León, Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox) conversaron y acordaron seguir negociando para formar gobiernos en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Feijóo reveló que sus equipos se reunirían inmediatamente en Extremadura para avanzar en un acuerdo programático. Esta revelación ocurre después de críticas de Vox hacia Feijóo. A pesar de esto, Feijóo y Abascal han intensificado su comunicación debido a las elecciones autonómicas. Feijóo no ha hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en más de un año. Feijóo insiste en que los votantes de PP y Vox han enviado un mensaje claro a favor de un gobierno de centroderecha.

El Partido Popular (PP) y Vox retomarán las negociaciones tras la Semana Santa para formar gobiernos de coalición en Extremadura y Aragón, centrándose en acuerdos programáticos. Según fuentes de Vox, el PP está dispuesto a hacer concesiones significativas para lograr un acuerdo. Las negociaciones se enfocarán en temas sectoriales, con el objetivo de detallar las prioridades de Vox, como seguridad, vivienda, reducción de impuestos y cambios en políticas de inmigración y medio ambiente. Aunque ambas partes expresan optimismo, Vox advierte sobre la necesidad de que los líderes del PP no interfieran negativamente. El PP resta importancia a los plazos iniciales para cerrar los pactos, mientras que los plazos límite para formar gobierno son el 4 de mayo en Extremadura y el 3 de mayo en Aragón.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), y Santiago Abascal, líder de Vox, retomaron las conversaciones tras las elecciones en Castilla y León para avanzar en la formación de gobiernos en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Según Feijóo, los equipos negociadores se reunirán, especialmente en Extremadura, donde ya se han reunido para trabajar en un acuerdo programático. Feijóo señaló que las conversaciones entre PP y Vox se han intensificado en las últimas semanas, consolidando un canal de comunicación más fluido. En contraste, Feijóo no ha tenido contacto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde marzo de 2025. Feijóo considera que los resultados electorales implican un mandato para formar gobiernos de centroderecha y advierte que no alcanzar acuerdos defraudaría a los votantes.

El Parlamento español ha aprobado una propuesta que vincula el "terrorismo" con la regularización masiva de inmigrantes indocumentados. La iniciativa, promovida por el Partido Popular, fue presentada en Bruselas y ha sido llevada hasta la comisión mixta de Congreso y Senado de Seguridad Nacional. Con 20 votos a favor y 9 en contra, Vox y los populares han aprobado una ponencia para estudiar "el conjunto del proceso" de regularización. El PSOE, ERC y EH Bildu rechazaron la iniciativa, mientras que Junts y Podemos no acudieron a la sesión. La propuesta anuncia la apertura de ventanillas para recibir solicitudes de permisos de residencia y trabajo de más de medio millón de personas en situación irregular en España.

La Comisión Mixta de Seguridad Nacional en España ha aprobado una propuesta del Partido Popular (PP) para estudiar los posibles efectos en la seguridad nacional de la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno. El PP y VOX votaron a favor, mientras que PSOE, ERC y EH Bildu votaron en contra. El PP busca analizar el proceso de regularización y posibles responsabilidades, argumentando riesgos para la seguridad basados en documentos oficiales sobre terrorismo y tráfico de personas. Critican que la política migratoria del gobierno contradice la política migratoria común de la Unión Europea y las advertencias sobre la libre circulación de inmigrantes regularizados en España dentro de la UE. El gobierno español aprobó en enero iniciar el trámite de urgencia para regularizar a más de medio millón de inmigrantes.

El artículo analiza los desafíos de los posibles pactos entre el Partido Popular (PP) y Vox en varias comunidades autónomas de España. Vox ha presentado 11 "compromisos" que exige al PP en las negociaciones, los cuales reflejan su programa ideológico. Sin embargo, varios de estos puntos, como el fin de Mercosur y el Pacto Verde, chocan con el "documento marco" del PP, que establece límites a las políticas que pueden adoptarse a nivel autonómico. El PP busca ceñir los acuerdos a las competencias autonómicas, mientras que algunas propuestas de Vox exceden este ámbito y se relacionan con políticas europeas. Aunque Vox está dispuesto a negociar, la compatibilidad de sus demandas con las líneas rojas del PP presenta un desafío significativo.

Las negociaciones entre el PP y Vox para formar gobiernos en Extremadura, Aragón y Castilla y León se complican tras la convocatoria anticipada de elecciones en Andalucía. Vox no comparte la urgencia del PP por cerrar los acuerdos antes de la campaña andaluza, que comienza el 1 de mayo, y prefiere acercar la resolución de las negociaciones a esa fecha. Aunque las negociaciones "avanzan", Vox se toma el mes de abril para llegar a "buenos acuerdos". Extremadura y Aragón tienen como fecha límite el 4 de mayo para evitar repeticiones electorales, mientras que Castilla y León tiene su primera fecha clave el 14 de abril con la constitución de las Cortes. El PP confía en alcanzar acuerdos en los tres territorios a pesar de las diferencias en los tiempos.

En España, la polarización política y la fragmentación dificultan la formación de mayorías, obligando a los partidos grandes a depender de formaciones más pequeñas. Estas últimas, buscando visibilidad o supervivencia, a menudo recurren al veto, bloqueando gobiernos. Ejemplos recientes incluyen a Vox impidiendo que el PP gobierne en algunas autonomías, Sumar mostrando desacuerdos con el PSOE en el Consejo de Ministros, y ERC vetando la negociación de presupuestos con el PSC en Cataluña. Vox y ERC buscan crecer desplazando al PP y al PSC respectivamente, mientras que Sumar lucha por diferenciarse. Esta situación es resultado de la incapacidad de los partidos grandes para alcanzar consensos. El PP ha sufrido consecuencias por adelantar elecciones autonómicas, como en Extremadura, donde la falta de acuerdo con Vox ha impedido la formación de gobierno.

Noelia Castillo, una joven parapléjica en España, recibió la eutanasia en Barcelona tras una batalla judicial de casi dos años instigada por su padre. Su caso ha reabierto el debate sobre la ley de eutanasia en España y los límites de la misma, especialmente en personas con problemas de salud mental. Críticos, incluyendo organizaciones ultracatólicas y partidos políticos conservadores, argumentan que el Estado falló en proteger a Noelia y que la ley carece de protocolos adecuados. Sus defensores, sin embargo, denuncian que la judicialización prolongó innecesariamente su sufrimiento, a pesar de que médicos y juristas avalaron su derecho. La ley de eutanasia, en vigor desde 2021, ha sido solicitada por más de 2.400 personas, de las cuales más de 1.100 la han recibido.