Dos tercios de las 153 ciudades obligadas siguen sin instalar sus zonas de bajas emisiones tres años después

Tres años después de que la ley de cambio climático obligara a las 153 ciudades más grandes de España a instalar una zona de bajas emisiones (ZBE), dos tercios de las urbes siguen sin ponerlas en marcha, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica a los que ha tenido acceso EL PAÍS. En el último año, tan solo se han sumado ocho nuevas áreas de tráfico restringido, mientras algunos ayuntamientos han apostado por áreas muy pequeñas e ineficaces para cubrir el expediente. Los ecologistas han denunciado a tres urbes por no instalar sus ZBE o hacerlo mal, y estudian más recursos, mientras el Estado sigue sin actuar contra las infractoras, aunque el Ministerio de Transportes pretende retirarles las ayudas al transporte público. La Ley de Cambio Climático de 2021 exigía a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes que antes del 1 de enero de 2023 pusieran en marcha una de estas zonas para limitar el paso de los vehículos más contaminantes, reducir la polución y mejorar la calidad del aire. Desde entonces, han ido sumándose a cuentagotas: una decena al principio —Madrid y Barcelona llegaron antes—, otra el siguiente año. El gran aumento llegó con los fondos europeos Next Generation que repartió Transportes, gracias a los cuales a inicios de 2025 se alcanzó la cifra de 45 ZBE (y otras cuatro en municipios catalanes más pequeños). Este año tendrían que haber llegado decenas más, pero tan solo hay ocho nuevas: Alicante, Badajoz, Cuenca, Getafe, Granada, Sabadell, Salamanca y Torrelavega, según los datos de finales de enero de Transición Ecológica (los últimos disponibles). Pero esto no quiere decir que las ZBE que están en funcionamiento multen a los coches más contaminantes: muchas alargan los plazos para no hacerlo. Guadalajara, por ejemplo, que la tiene activa, acaba de retrasar dos años más las sanciones. De vuelta las incumplidoras, la gran mayoría de proyectos continúan “en trámite”, según el ministerio. Y hay algo más preocupante: sigue habiendo 10 urbes rebeldes que ni tan siquiera han iniciado el proceso (o no se lo han comunicado al ministerio): Adeje, Arganda del Rey, Arona, Ferrol, Orihuela, El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Telde, Valdemoro y Vic. Los ecologistas han empezado a llevar a los tribunales a algunas de ellas. “Estamos denunciando a algunas ciudades por inacción, por fraude o por falta de ambición”, explica Carmen Duce, de Ecologistas en Acción. Los grupos locales de esta entidad han presentado ya recursos contencioso-administrativos contra las ZBE de Valladolid, Santander y Alicante, y van a hacerlo pronto contra Arganda y Valencia por no cumplir la ley.“Hemos denunciado la ordenanza de Valladolid por regresión ambiental, pues es mucho más pequeña que la prevista originalmente y no reducirá la polución, y por suspender la ZBE durante la concentración motera de pingüinos”, apunta Duce. “También lo hemos hecho en las de Alicante y Santander —junto a Santander Saludable— por fraude de ley, porque no van a cumplir los objetivos de reducción de contaminación”, continúa. Mientras, han enviado sendos requerimientos a Valencia y Arganda por no ponerlas en marcha, un paso previo antes del contencioso-administrativo. Estudian además otros casos para los próximos meses, aunque la ecologista explica que es complejo: “Nosotros tenemos una capacidad limitada, lo hacemos con voluntarios en sus ratos libres y en colaboración con grupos locales y otros colectivos. Pero es una acción ciudadana con pocos recursos. Nos sorprende que los ministerios no se estén poniendo más duros con las ciudades”.Ayudas al transporte público Transportes anunció hace dos años que exigiría la instalación de una ZBE para otorgar las ayudas estatales al transporte público, y según comunicó entonces, debería haber entrado en vigor en el segundo semestre de 2025. Fuentes del departamento de Óscar Puente señalan que este cambio de criterio todavía está en trámite, por lo que no pueden confirmar que ya se esté dejando fuera a las urbes incumplidoras, aunque sí está previsto hacerlo. Mientras, Transición Ecológica recuerda que la ley no cuenta con un régimen sancionador, por lo que no puede llevar a cabo ninguna acción contra las ciudades rebeldes. En cualquier caso, en este departamento insisten en que los ayuntamientos tienen que cumplir la ley. Ambos ministerios preparan un decreto que obligará a los consistorios a multar en sus áreas de tráfico restringido —muchos aún no lo hacen—, pero sigue sin fecha de publicación en el BOE. La Fiscalía de Medio Ambiente, por su parte, solicitó en octubre información sobre las zonas de bajas emisiones para atajar los incumplimientos, aunque todavía no se ha traducido en ninguna acción concreta. Algo similar ocurre con el Defensor del Pueblo, que también ha requerido papeles a las entidades locales y les ha pedido que instalen ya una de estas áreas. Cristina Arjona, portavoz de movilidad de Greenpeace, cree que no es suficiente: “El Estado debería aumentar la vigilancia y ser más estricto, porque a los ayuntamientos les falta voluntad política para establecer zonas de bajas emisiones efectivas que reduzcan la contaminación y mitiguen el cambio climático”. En su opinión, “muchas de las que están haciendo son ZBE fake, que solo sirven para cubrir el expediente, porque limitan áreas pequeñas y no están sirviendo para reducir el número de coches ni para impulsar la movilidad sostenible”. La entidad no está denunciando a las incumplidoras por falta de recursos. Coincide Duce: “Muchas ciudades no terminan de impulsar su área de tráfico restringido, y encima las que llegan son ridículas y no van a cumplir su objetivo de reducir emisiones. Hemos comprobado que las más pequeñas están haciendo ZBE en zonas que ya eran casi peatonales, así que estamos avanzando muy poco”. Por eso están empeñados en recurrirlas, pero es un camino arduo: “Si en cualquiera de estos casos nos condenan a unas costas de miles de euros, puede suponer el fin de un grupo local ecologista, mientras que el Estado y los ayuntamientos tienen sus equipos judiciales propios para pleitear. Debería actuar el Estado contra las incumplidoras”.