Trabajo seguirá adelante con su registro horario pese al mazazo del Consejo de Estado y asegura que Sánchez lo aprobará

EmpresasModificar� el real decreto para blindarse ante una batalla judicial posterior que da por segura, pero no ceder� a las peticiones de Econom�aYolanda D�az, vicepresidenta segunda y ministra de TrabajoEFEActualizado Martes, 24 marzo 2026 - 17:54Audio generado con IAEl Ministerio de Trabajo ha decidido que seguir� adelante con la tramitaci�n del real decreto por el que quiere reforzar el registro horario -para que sea digital, accesible por la Inspecci�n de Trabajo y no manipulable- a pesar de los varapalos que le ha dado el Consejo de Estado y la Agencia Espa�ola de Protecci�n de Datos, y asegura que el presidente le apoyar� a pesar del rechazo de Econom�a para no vulnerar el acuerdo de Gobierno. Seg�n han informado este martes por la tarde fuentes del departamento que dirige Yolanda D�az, �ste tiene previsto ahora incluir ciertos cambios en el decreto, sobre todo para tener garant�as y evitar que los tribunales lo anulen despu�s en una batalla judicial que dan por segura. En concreto, dar�n m�s espacio a la negociaci�n colectiva, dejar�n claro que el tratamiento de datos no puede conllevar violaci�n de la intimidad de los trabajadores y pondr�n en valor que uno de los consejeros del Consejo de Estado ha manifestado sus dudas sobre que la norma no pueda instrumentalizarse en un desarrollo reglamentario.Una vez realizados estos cambios, el Ministerio de D�az no est� seguro de si el proyecto debe pasar por la Comisi�n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ�micos (CDGAE), seg�n admiten fuentes del departamento, ya que ya lo hizo la norma que preve�a aprobar la reducci�n de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas, que finalmente no vio la luz y de la que emana este proyecto. A�n as�, aseguran que de ser as� ser� un mero tr�mite administrativo. Pese a que la CDGAE est� presidida por el ministro de Econom�a, Carlos Cuerpo, que ha mostrado su disconfirmidad con ciertos aspectos de la norma -como el plazo de entrada en vigor, la no discriminaci�n por tipo de empresa o que no haya peculiaridades por sectores, entre otras-, el equipo de D�az le resta importancia. Fuentes del Ministerio que piden no ser entrecomilladas aseguran que Carlos Cuerpo est� en contra de la norma, a pesar de decir p�blicamente que apoya sus objetivos. Dan por descontado que no va a cambiar de opini�n, pero aseguran que no van a ceder ante sus reivindicaciones porque supondr�a vulnerar el Acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, algo que ahora no creen conveniente para la parte socialista.Por tanto, incluso aunque el ministro se oponga a la norma a su paso por la CDGAE, D�az cuenta con S�nchez intercerder� a su favor y se aprobar� pr�ximamente. No ir� de forma inmediata al Consejo de Ministros porque antes deben ultimarse esos cambios y pasar los tr�mites correspondientes, pero lo har� en cuesti�n de semanas, conf�an. Para D�az, que el Ministerio de Econom�a y el Ministerio de Funci�n P�blica y Transformaci�n Digital hayan emitido sendos informes desfavorables sobre el proyecto roza la deslealtad; ella asegura que jam�s en seis a�os ha presentado informe desfavorable de ninguna norma del Ejecutivo, aunque haya estado en contra. Atacan frontalmente tambi�n al Consejo de Estado, al que acusan de haber copiado los argumentos de Econom�a y de la patronal, tildando su informe de desafortunado, demoledor, extravagante, poco serio o poco riguroso, entre otros. Recuerdan, no obstante, que no es vinculante y aseguran que el Gobierno en esta legislatura ya ha aprobado catorce normas con el informe desfavorable de este organismo, bajo la f�rmula "O�do el Consejo de Estado...", mismo sistema que pretenden emplear ahora. Fuentes del Ministerio de Trabajo se�alan que Yolanda D�az no ha podido este martes hablar con el presidente del Gobierno despu�s de que se haya hecho p�blico el informe del Consejo de Estado ni tampoco despu�s de que Cuerpo haya insistido en la rueda de prensa posterior que Econon�a comparte el objetivo y "la ambici�n" de la norma, pero cree que debe compatibilizarse con una "tramitaci�n equilibrada", especialmente pensando en las peque�as y medianas empresas, para las que el Consejo de Estado ha estimado un coste de implementar el nuevo registro de 867 millones de euros.