Brasil juzga a una turista argentina por insultos racistas contra varios camareros en un bar carioca

La turista Argentina Agostina Páez, de 29 años, estaba de vacaciones en Río de Janeiro con unas amigas el pasado enero cuando un día, al amanecer, en un bar cercano a la playa de Ipanema, le dieron la cuenta y apuntó a un posible error. Estalló una discusión con el camarero, al que según la denuncia de la Fiscalía, llamó negro. Cuando ya se iba del local, la Argentina lo llamó mono, imitando los gestos y sonidos de un macaco, escena que el empleado grabó. También le advirtió de que aquello en Brasil era delito y llamó a la policía. Los insultos racistas son un delito grave en Brasil que bate récords de denuncias, más de 8.500 en 2025, pero pocas con la repercusión internacional de este caso. El juicio contra Páez, que está desde enero en arresto domiciliario en Río, ha comenzado este martes en esa ciudad. Paez se enfrentaba a una pena de hasta 15 años de cárcel, pero en la primera audiencia la Fiscalía redujo el pedido de condena de tres delitos a uno, con una pena mínima que podría compensarse con servicios comunitarios y el pago de resarcimiento a la víctima, según ha declarado la abogada de la víctima, Carla Junqueira, a la salida de los tribunales. Páez, que había confesado su temor a quedar presa por un largo tiempo en Brasil, se ha mostrado aliviada. “Han aceptado mis disculpas”, ha dicho al finalizar la audiencia. “En estos días me van a dejar volver a casa”, ha anticipado.🔴 LA ABOGADA SANTIAGUEÑA SIGUE DETENIDA EN Brasil: PIDEN JUICIO ORAL Y 5 AÑOS DE CÁRCEL• La Fiscalía de Río pidió elevar a juicio a Agostina Páez por injurias raciales en un bar de Ipanema.• También solicitó que no pueda volver a Argentina.pic.twitter.com/WDwmlmT6T6— El Economista (@ElEconomista_) March 4, 2026 La turista fue acusada en un primer momento del delito de injuria racial, que está tipificado en el Código Penal brasileño desde hace casi tres décadas. En 2023, la pena por “injuriar a alguien por su raza, color, etnia o procedencia nacional” fue ampliada a entre dos y cinco años de prisión. Los tres delitos de injuria racial de la acusación original han sido reducidos a uno, según la abogada defensora, en un caso bajo secreto de sumario.Dos semanas antes del juicio, la denunciada divulgó un vídeo en el que pide perdón a las personas “que se hayan sentido ofendidas”. Una actitud muy distinta de la que exhibió ante los agentes que fueron a detenerla. Entonces, alegó que aquellas palabras y gestos eran puras bromas para sus amigas, que no había ninguna mala fe. Pero la policía llegó a otra conclusión tras ver la escena grabada por el denunciante e interrogar a varios testigos que estaban en aquel bar aquel día a las seis de la mañana. Pronto la acusaron de insultos racistas, le colocaron una tobillera electrónica, le confiscaron el pasaporte y le prohibieron abandonar Brasil. Con la escena grabada y el video corriendo como la pólvora por redes sociales, la policía carioca actuó veloz. La acusada clamó que las autoridades brasileñas se estaban ensañando con ella y que tenía miedo por lo que pudiera ocurrirle. Pero Brasil está cada vez más sensibilizado ante las actitudes racistas. Basta ver la indignación con la que el país entero, desde el presidente de la república hasta los ciudadanos de a pie, reacciona ante los frecuentes ataques racistas que el futbolista Vinicius JR sufre en España y las acusaciones de permisividad contra las autoridades.En Argentina se ha seguido el caso con estupefacción. Los insultos racistas no son inusuales en ese país y a legislación local no contempla penas para ellos, como sí ocurre en Brasil. Además, el instituto que recibía denuncias por discriminación, xenofobia y racismo, el Inadi, fue cerrado por el Gobierno de Javier Milei en 2024. La fiscal del caso Fabiola Tardin Costa le ha explicado al diario G1 cómo afronta el caso: “El objetivo de mi acusación es demostrar que nuestro país está comprometido con la lucha contra el racismo (…) sin descuidar la importancia de garantizar el derecho de la víctima a la reparación”. La representante del Ministerio Público ha señalado que, en este momento, no considera necesario solicitar el ingreso en prisión de la acusada.La abogada de la Argentina ha explicado que su clienta “ha demostrado un arrepentimiento sincero, ha pedido disculpas y buscó comprender las consecuencias de su actitud”.