Pilar BlázquezMadrid 25/03/2026 13:53 Actualizado a 25/03/2026 19:16 La
Asociación Española Centros de Datos,
Spain DC, ha puesto este miércoles cifras concretas a la tendencia alcista que protagonizan estas infraestructuras en
España, pero alerta de que el decreto de medidas para paliar la crisis de la guerra de
Irán incluye elementos que podrían frenar el fuerte crecimiento que auguran. Según el informe presentado este miércoles por su directora ejecutiva,
Begoña Villacís, en
Madrid, durante 2025 la capacidad de centros de datos instalada en
España creció un 24%, pasando de los 355 MW de 2024 hasta los 439 MW, según los datos elaborados con la información de los 286 miembros de la asociación que, según Villacís, “es la más grande del sector en
Europa”.La expansión del cloud (la nube), la aceleración de la digitalización, pero sobre todo el auge de la inteligencia artificial están detrás de este impulso. La demanda que implica la implantación de la IA en todos los aspectos de la vida personal y empresarial, es el gran motor que, según el informe, puede impulsar el sector hasta multiplicar por seis su actual tamaño y alcanzar los 2.537 MW en 2030. “Esto supondría que el sector podría captar entre 16.000 y 66.900 millones de euros en inversiones hasta ese año, según el escenario normativo que definan los gobiernos españoles en los próximos años. En el escenario más favorable podría generar un impacto de 7.300 millones y superar la creación de 16.000 empleos al final de la década”, asegura el informe.Inseguridad jurídica“
España no compite solo por atraer centros de datos; compite por inversión, productividad y relevancia estratégica en la nueva economía digital. Consolidarnos como hub digital del sur de
Europa refuerza nuestra competitividad y nuestra capacidad para desplegar digitalización e IA desde infraestructura propia. Pero tenemos que convencernos de que tenemos que apostar por infraestructura física porque eso es lo que va a quedar. Y para ello, lo único que necesitamos son reglas claras y seguridad, porque el dinero es muy miedoso y, si no invierten aquí, lo harán en otros países”, ha afirmado
Begoña Villacís.Un miedo que podría alimentar, según Villacís, la discrecionalidad que introduce la normativa aprobada el pasado viernes por el
Consejo de Ministros para paliar los estragos de la guerra en
Irán, al establecer la creación de un comité de inversiones estratégicas encargado de determinar qué proyectos privados son considerados clave para el país, otorgándoles prioridad absoluta en el acceso a la red eléctrica. “No se han establecido ningún tipo de normas o criterios que este comité deba cumplir”, insiste. A ello se suma que en el acceso a la red se establecen criterios de eficiencia energética y tratamiento de agua que no se alinean con los establecidos en otros países de la Unión Europea.
Madrid sigue en cabeza y Barcelona afianza negocioTanto Villacís como Emilio Díaz, presidente de SpainDC, han alertado del riesgo que supone que
España esté planteando exigencias superiores a las del resto de la Unión Europea. “Este sector no teme la regulación y está preparado para cumplirla, pero de cara a nuestra competitividad, cuesta entender que se nos exija más que a nuestros vecinos con los que competimos en la atracción de capitales e inversiones”, ha apuntado Díaz. El informe identifica a
Madrid como principal nodo nacional y regional con el 35,9% de las instalaciones y una proyección de hasta 612 MW de potencia instalada en 2030. A su vez, Barcelona fortalece su papel como mercado metropolitano, aunque todavía permanece en tercer lugar, y Aragón ha ganado mucho peso hasta acoger el 26% del total de MW instalados y gana, junto a Valencia, peso como polos de desarrollo a escala campus. Con esta evolución,
España está dejando de ser un mercado nacional y gana fuerza en el mapa de infraestructuras digitales de
Europa frente a los grandes focos como Frankfurt, Londres, Ámsterdam o París.Licenciada en Periodismo. Master en Información Económica. Ha trabajado como directora en Capital y BolsaCinco. Redactora en Público, El País, El Economista. Jefa de Comunicación en Airef. En La Vanguardia desde 2018