El Gobierno ordena la retirada del último monumento franquista de Palma

El Gobierno ha anunciado la inclusión del último monumento franquista de Palma, sa Feixina, en el Catálogo de Símbolos contrarios a la Memoria Democrática y ordena su derribo, a pesar de que este monumento, que preside uno de los espacios centrales de Palma, fue resignificado cuando la actual secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo era alcaldesa de la ciudad. Tras esta decisión, el monumento fue declarado Bien de Interés Cultural, pero asociaciones memorialistas y partidos de izquierdas han seguido reclamando su derribo.La comisión técnica que elabora el catálogo recuerda que en 2010 le fueron retirados los símbolos e inscripciones franquistas, pero cree que la forma del monumento responde en sí misma “al estilo propio conmemorativo de las construcciones dictatoriales dirigidas a recordar a los caídos” que evidencia “el gusto propio de la dictadura” por este tipo de construcciones.“La estética del monumento no es separable, por tanto, de lo que fueron los valores del régimen que lo construyó (jerarquía, monumentalidad, virilidad expresada a través del verticalismo, sencillez entendida como expresión de la gravedad, afán de dominación y control del espacio público, religiosidad, etc.)”. señala.Añade que la construcciones no puede analizarse “de forma aislada” de la función política y simbólica para la que fue concebido. “Su valor formal no es autónomo ni neutral”, añade, sino que está profundamente condicionado por su origen, su lenguaje estético y su implantación urbana, “todos ellos propios de la cultura monumental del franquismo”.El Gobierno entiende que la resignificación que se hizo en su día no es suficienteLa medida se ampara en la Ley de Memoria Democrática, que obliga a las administraciones a retirar o resignificar aquellos elementos que supongan exaltación de la dictadura o la sublevación militar. Sin embargo, el caso de sa Feixina presenta particularidades que complican su aplicación precisamente porque el monumento cuenta con la máxima protección patrimonial al estar declarado Bien de Interés Cultural.Esta figura implica que no puede ser demolido ni alterado sustancialmente sin la autorización de los órganos de patrimonio, lo que limita la capacidad de actuación incluso ante un mandato estatal. El Consell de Mallorca, la autoridad patrimonial de la isla, siempre ha defendido su valor histórico y ha negado que sea un símbolo franquistaLa declaración como Bien de Interés Cultural implica que no puede ser demolidoLos tribunales ya jugaron un papel decisivo en etapas anteriores, cuando frenaron intentos de demolición impulsados desde el ámbito municipal cuando gobernaba una coalición de PSOE, Més y Podemos. Las resoluciones judiciales consolidaron la necesidad de evaluar su valor histórico y arquitectónico, un proceso que culminó con su protección como BIC y que, en la práctica, blindó el monumento frente a intervenciones drásticas.El conflicto actual se sitúa en la interpretación de si el monumento sigue constituyendo una exaltación franquista pese a la retirada de sus símbolos. Mientras el Gobierno entiende que su significado original, como homenaje a un buque del bando sublevado, es suficiente para justificar su eliminación, desde el ámbito municipal se sostiene que la intervención ya realizada ha neutralizado ese carácter y que cualquier actuación adicional debería limitarse, en todo caso, a su contextualización. Este choque augura una nueva batalla jurídica ya que la resolución puede ser recurrida de alzada ante la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.