El PSOE da junto a Junts y PP el sí definitivo a la ley que endurece el castigo a los hurtos reiterados

La ley que endurece el castigo a los hurtos reiterados ha recibido la aprobación definitiva del Congreso de los Diputados con los votos a favor del PSOE, PP, Vox, Junts y PNV y la oposición de los socios de izquierda del Gobierno, tras la votación de las enmiendas que llegaron 'vivas' del Senado. El texto no sale adelante con la modificación que exigían los populares a la ley de extranjería para requerir la ausencia de antecedentes penales para conceder permisos de residencia, tras el veto del Gobierno en la Mesa del Congreso por causas presupuestarias. Únicamente se ha aceptado elevar la pena cuando se cometa un fraude en el consumo eléctrico , con el objetivo de castigar especialmente las plantaciones ilegales. En cuanto entre en vigor el texto, se castigará con entre seis y dieciocho meses de prisión o multa de doce a veinticuatro meses, tal y como reclamaban los socialistas. También el PP ha recibido el apoyo de la mayoría de la Cámara Baja a su enmienda para reformar la tipificación del petaqueo, el uso de pequeñas embarcaciones que hacen llegar el combustible a las narcolanchas en alta mar. Los retoques que querían introducir los populares -y que apoyaron en el Senado Vox y Junts la semana pasada- han copado gran parte del tiempo del debate previo a la votación de las enmiendas. Además de la reforma de la ley de extranjería con la que desde el PP pretendían frenar la regularización de migrantes con antecedentes penales, también pedían aumentar las plantillas de fiscales. Pero los diputados han centrado el asunto en la primera cuestión y han tratado de distinguir entre políticas de "derechas" y de "izquierdas". Mientras el PSOE y los socios de su izquierda han negado una relación entre extranjeros y delincuencia y señalan a "no confundir nunca la lucha contra el delito con la sospecha sobre el inmigrante"; Junts y PP han defendido que la seguridad no entiende de ideologías. Para los populares, el Ejecutivo está actuando así por "oportunismo político" y recuerdan que desde 2024, cuando presentaron su iniciativa para mejorar la respuesta frente a los delincuentes reincidentes , llevan defendiendo que "no basta con la reforma del Código Penal"; sino que también hay que dotar de más medios a la Justicia y demás organismos responsables. Es en esta cuestión en la que el Ejecutivo basa su veto, en que la implementación de dichas enmiendas supondría la creación de 891 plazas en total de funcionarios en las brigadas provinciales de extranjería y fiscales, lo que supondría un coste adicional para las cuentas públicas de más de 70 millones de euros. La norma, que ya estará en vigor en Semana Santa, castigará con hasta tres años de cárcel a quienes cometan hurtos en varias ocasiones , aunque el monto total de lo sustraído no sume 400 euros, o roben móviles u otros dispositivos electrónicos. También la condena será más dura para quienes reincidan en tres o más ocasiones en el delito de estafa. Sin embargo, tras el veto "antidemocrático, abusivo e intempestivo", como lo ha calificado la diputada popular, María Jesús Moro, que es además extemporáneo, el PP acudirá al Tribunal Constitucional para denunciar un nuevo bloqueo a sus propuestas legislativas.