La eutanasia de una joven de 25 años

Noelia Castillo, de 25 años, falleció el jueves a media tarde en el hospital-residencia Sant Camil de Sant Pere de Ribes, después de que se le aplicara la eutanasia, siguiendo el protocolo establecido en la legislación vigente. Terminaba así, además de su vida, un período de veinte meses de batalla legal, fruto de la disparidad de criterios entre Noelia y su padre, ella incapaz de seguir aguantando sus padecimientos, él deseoso de preservar la vida de su hija, tarea en la que contó con el apoyo pertinaz de miembros de la organización ultracatólica Abogados Cristianos. Una batalla librada en sucesivas instancias (el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos), que reconocieron, una tras otra, el derecho de Noelia.La muerte de una joven de esa edad, y más si es inducida, es un hecho que de entrada parece contra natura. Pero, ciertamente, cada caso requiere un análisis pormenorizado, y se hace muy difícil, además de injusto, generalizar. Porque lo determinante en el caso de Noelia Castillo no era su juventud sino la severidad de su sufrimiento físico y psíquico, que la sometía a unas penalidades a su entender insoportables. A priori, los jóvenes no desean morir. Pero se hace difícil seguir adelante cuando la propia vida se ha convertido en una tortura cotidiana sin horizontes de recuperación.Solicitar la eutanasia es, ante todo, una decisión personal, siempre que quien la pida sea mayor de edad y que concurran las circunstancias que convierten su existencia en un infierno. Es también un derecho individual desde la entrada en vigor de la ley de la Eutanasia, promulgada el 24 de marzo del 2021, con el propósito de regular y despenalizar este procedimiento, mediante una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista. Y no para atender un capricho particular sino, según leemos en el preámbulo de la mencionada ley, para responder a “una demanda sostenida de la sociedad actual”. Se trata de facilitar una “buena muerte” a quien ha perdido ya cualquier esperanza de llevar una vida digna. Cabe recordar, también, que en su trámite parlamentario esta ley fue aprobada en diciembre del 2020 con 198 votos a favor y 138 en contra (de PP, Vox y UPN).La ley regula el derecho a la “buena muerte” para quienes tienen una vida con dolores insufriblesCuando el sufrimiento de una persona es tan agudo, cualquier intento de decidir por ella es, cuando menos, discutible. Y, desde luego, nos parece fuera de lugar aprovechar la tragedia vital de una persona como combustible para la lucha ideológica. No es este un modo muy respetuoso de acompañar en sus últimas horas a quien reclama poner fin a su sufrimiento. No fue por tanto apropiada la presencia de personas contrarias a la eutanasia ante la residencia-hospital Sant Camil, entonando cánticos y proclamas, justo en los instantes en los que Noelia esperaba morir en paz.Al igual que las leyes del divorcio o del aborto, y salvando todas las distancias, la de eutanasia generó más ruido político que debate social. Divorciarse no suele entrar en los planes de quienes se casan, pero es preciso que la ley regule el proceso cuando la unión se rompe. El aborto no es plato de gusto para ninguna mujer, pero de nuevo es deseable que, llegado el caso, se pueda llevar a cabo con las mayores garantías posibles y sin discriminación debida a motivos, por ejemplo, de tipo económico.Las leyes que inciden en aspectos de la intimidad personal –y las mencionadas entran en ese grupo– no fuerzan a ninguna persona a divorciarse, a abortar o a pedir la eutanasia. Pero acompañan debidamente a quien en el ejercicio de su libre albedrío decide acogerse a ellas.Es inadecuado utilizar la tragedia vital de una persona como combustible para la lucha ideológicaEs verdad que el número de abortos sigue una curva al alza: en el 2024 hubo un 2,9% de aumento respecto al año anterior. En cambio, días atrás supimos que el año pasado las demandas de divorcio habían caído en España un 11,7% respecto al 2024. Quizás en ambos casos, pese a su dispar evolución, las dos magnitudes tengan algo que ver con razones de índole económica. No sería el caso, desde luego, de la eutanasia. Sus controles legales son particularmente estrictos y, desde que la ley entró en vigor, se han aceptado menos de la mitad (1.123 hasta el 2024) de las peticiones cursadas en pos de una “buena muerte”, la mayoría efectuadas por octogenarios.La tasa de mortandad por eutanasia es en España menor: el 0,07%. Y bien está que así sea. Porque tan adecuado es que la ley proteja los derechos de quienes, dada su situación insostenible, creen preferible morir, como que solo se aplique tras un análisis pormenorizado de cada caso.