El subdirector de Emergencias revela que Presidencia pidió el audio de Aemet que se manipuló

El subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, ha confesado a la jueza de Llíria que fue Presidencia de la Generalitat Valenciana quien pidió el audio del día de la dana correspondiente a parte de una conversación entre una funcionaria de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y una técnica del servicio de Emergencias 112 Comunitat Valenciana que posteriormente se filtró a los medios de comunicación manipulado.Así se ha pronunciado Suárez, en su declaración en calidad de testigo, en el juzgado de Llíria que investiga la filtración del audio manipulado en el mes de febrero de 2025, según ha podido saber Europa Press.La magistrada citó a Suárez tras examinar los informes del Equipo de Investigaciones Tecnológicas (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valencia, que revelaban que dos altos cargos de la Conselleria de Justicia e Interior en las fechas de la dana accedieron al audio de la conversación. En concreto, a la parte en la que la funcionaria de Aemet aludía a un desplazamiento del temporal hacia la serranía de Cuenca.Según se indicaba en el informe, entre los días 30 de octubre y 2 de noviembre de 2024, tuvieron acceso y grabación a la llamada dos personas de la Conselleria de Justicia e Interior dirigida por la investigada en la causa de Catarroja, Salomé Pradas: Ricardo García García, subsecretario de este departamento, y Alberto Martín Moratilla, en ese momento director general de Emergencias y Extinción de Incendios, quienes habrían obtenido copia de la llamada en un pendrive.El juzgado de Llíria que investiga la filtración del audio manipulado en el mes de febrero de 2025Al respecto, Suárez ha explicado ante la jueza, a preguntas de abogados de las acusaciones populares del PSPV y Podemos, que solicitaron desde Presidencia que se le localizara una llamada referente al desplazamiento del temporal a Cuenca. La misma no se encontró hasta que se concluyó que se había hecho desde un teléfono fijo.Esta petición la realizó en un primer momento, según ha dicho, Alberto Martín Moratilla, quien solicitó localizar la llamada y su transcripción.La transcripción, ha añadido, no se llegó a hacer porque Ricardo García pidió urgentemente el 2 de noviembre que se localizara esa llamada. Fue personalmente con un técnico a un despacho para encontrar el “trozo” de grabación y se generó un fichero que se llevó en un pendrive, ha comentado el testigo.Suárez ha señalado que no se aludió a ningún motivo para solicitar la grabación ni hubo petición por escrito ni firma de ningún documento al respecto. Ricardo García “se la llevó sin más”, ha señalado.Al respecto, el testigo ha manifestado que es la única vez que ha ocurrido algo así. “Nunca se ha pedido una grabación de esta manera por parte de un alto cargo”, ha indicado. La jueza de Llíria abrió una investigación el pasado año después de que la Fiscalía Provincial de Valencia presentara una denuncia por la filtración del audio incompleto al considerar que se trataba de un hecho que podía ser constitutivo de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, tipificado en el artículo 197.1 y 3 del Código Penal.Según la Fiscalía, esa conversación tiene “carácter reservado”, conforme a la legislación vigente, al haberse producido en el contexto de la gestión de una emergencia y el artículo 53 de la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunitat Valenciana, establece que toda la información relativa a la gestión de un incidente de emergencia gestionado por el 112 será puesta a disposición de todos los servicios esenciales involucrados “a los estrictos fines de su gestión” y una vez finalizada esta, “únicamente se facilitará dicha información a solicitud de la autoridad judicial”.