Los supervisores nacionales chocan con la Comisión Europea sobre la vigilancia de las empresas cripto

Poner de acuerdo a los 27 países de la Unión siempre ha sido un reto para las instituciones europeas, lo que ha llevado a menudo a dilatar los tiempos para impulsar cualquier legislación. MiCA, la ley sobre criptoactivos, tardó años en gestarse y entró en vigor el 30 de diciembre de 2024. Pero poco más de un año después, ya se busca revisar la normativa o, al menos, aclarar algunos aspectos del texto. La Comisión Europea propuso en diciembre centralizar la supervisión de las empresas cripto en manos de la ESMA, el coordinador europeo, quitando de facto la competencia a los vigilantes nacionales. Pero no todos están de acuerdo: algunos se oponen totalmente a esta posibilidad, otros consideran que solo debería vigilar a las entidades significativas. La postura de la Comisión es firme: la naturaleza transfronteriza del negocio cripto, su elevado riesgo y su dimensión virtual requieren extremar precauciones y eliminar, de una vez por todas, cualquier laguna o discrepancia entre reguladores que pueda suponer un riesgo para la estabilidad financiera de la región. Aunque ahora la ESMA debería garantizar la convergencia entre los vigilantes europeos, en el primer año de implementación de MiCA ha habido una enorme disparidad entre países: mientras Alemania ya ha otorgado 50 licencias y Países Bajos 22, Italia y Grecia no han concedido ninguna. Los supervisores se han adaptado a velocidades distintas y con doble vara de medir, como demostró el pasado verano un informe exprés de la ESMA, que cuestionaba la falta de rigor en el proceso de concesión de licencias por parte del regulador de Malta. Pese a ello, la propuesta de la Comisión ha generado fricciones entre los países de la UE, algunos de los cuales se han convertido en el destino favorito para entidades internacionales que buscan una puerta de entrada al mercado europeo. En respuesta a este periódico, varios reguladores han expresado dudas sobre los costes de esta medida, su eficiencia y las dificultades añadidas para los proveedores cripto. Preocupaciones que también emergieron en el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin) del pasado 10 de marzo. El supervisor maltés, que fue señalado por la ESMA, es el más critico: “La autoridad considera prematuro evaluar la centralización de la supervisión dado que MiCA acaba de aplicarse. Creemos que el marco actual debería tener tiempo para operar, mientras se sigue reforzando la convergencia supervisora mediante la labor de coordinación de la ESMA”, explica un portavoz de la autoridad a CincoDías. Aunque el reglamento europeo entró en vigor a finales de 2024, todavía no es de completa aplicación en todos los países: algunos, como España, han optado por un periodo de transición más largo, de 18 meses, que acabará en julio de este año. No obstante, la labor supervisora ya ha empezado, durante la fase de concesión de licencias y con la vigilancia de las entidades que ya la han obtenido.A la isla se suman Hungría y Luxemburgo. Durante el Ecofin, Gilles Roth, ministro de Finanzas de este país, se mostró escéptico al considerar que la propuesta de Bruselas podría elevar los costes y tener un impacto negativo sobre la inversión. Su homólogo irlandés, Simon Harris, también trasladó que la supervisión debería estar en manos de los vigilantes nacionales, que están cerca del mercado, aunque abrió la puerta a un papel reforzado de la ESMA para garantizar mayor convergencia entre autoridades nacionales. “Hay que simplificar, no complicar las cosas”, afirmó. Otros supervisores abogan por un modelo compartido, donde la ESMA vigila a los actores significativos mientras las autoridades nacionales se encargan de las entidades locales. España y Bélgica apoyan esta postura y piden mayor cooperación entre supervisores nacionales y el europeo. “Estamos de acuerdo con que los grandes actores transnacionales estén supervisados por ESMA. Pero creemos que es más eficaz que los de menor tamaño, que operan en mercados nacionales, estén bajo las autoridades nacionales en coordinación con el supervisor europeo”, explica la CNMV. El Banco Central de Letonia también comparte esta visión y detalla a este periódico que deberían establecerse criterios calibrados para definir cuándo un actor es significativo en el mundo de los criptoactivos. Destaca que un modelo compartido evitaría una carga excesiva de supervisión, administración o costes para los actores de menor tamaño y con orientación local. Justifica, además, que los principales riesgos provienen de las entidades significativas. “Si el principio de proporcionalidad no se integra adecuadamente en el nuevo marco de supervisión, existe un riesgo notable de limitar de forma involuntaria la innovación en la UE y de establecer una estructura supervisora desproporcionada, innecesariamente compleja y duplicada”, avisan. Algunas jurisdicciones hicieron frente común. Francia, Italia y Austria —que el pasado septiembre reclamaron la supervisión directa de la ESMA sobre las empresas cripto tras el informe sobre Malta—, respaldan la centralización de la vigilancia de los actores más relevantes, pero proponen que el control de los de menor tamaño se determine caso por caso, en función de los riesgos específicos. No obstante, fuentes cercanas a las negociaciones apuntan a que este modelo crearía cierto desequilibrio: países como Irlanda o Malta concentran el control de actores significativos, como Kraken, OKX y Crypto.com. Por ello, perderían gran parte de su labor supervisora, frente a otras autoridades que seguirían manteniendo la supervisión sobre varios operadores. También hay países que secundan la propuesta de la Comisión. Los supervisores de Portugal, Eslovenia y República Checa han trasladado a este periódico su conformidad con la autoridad europea, necesaria para eliminar el arbitraje regulatorio y limitar los riesgos transfronterizos asociados a estos actores. No obstante, otro vigilante que prefiere no ser citado advierte de que muchas entidades no cuentan solo con la licencia MiCA, sino también con la de entidad de pago para operar con stablecoins, que suelen conceder los bancos centrales nacionales. Así, una parte de la supervisión recaería en el regulador europeo y otra a nivel nacional; y esto podría dificultar la convergencia y la eficiencia supervisora, avisa la autoridad. El debate sobre un supervisor único para el sector cripto ha sido recurrente. Fuentes financieras explican que ya se había planteado durante el desarrollo de MiCA pero finalmente no se llevó a cabo, dejándolo en manos de los estados. Destacan que algunos supervisores locales ven con buenos ojos el traspaso de estas competencias, porque no se sienten cómodos con estos activos de elevado riesgo y con una industria cuyo modelo de negocio es muy complejo y transfronterizo. Cualquier crisis, de hecho, podría contagiar a todas las jurisdicciones. No obstante, consideran desproporcionado obligar a una entidad pequeña a comunicarse con la ESMA. Desde el supervisor europeo comparten la necesidad de un control centralizado ante un mercado concentrado con unos pocos grandes actores que atienden a la mayoría de los clientes; y aseguran que estarían preparados para asumir esta competencia. “No obstante, serán necesarios recursos adecuados para asegurar una transición fluida, algo que ya se ha trasladado en los intercambios con las instituciones de la UE”, avisa un portavoz. La propuesta de la Comisión se perfila cada vez más política: en el Consejo de la UE ya se han reflejado las primeras discrepancias así como en el Parlamento Europeo, donde también han surgido posturas distintas entre los diferentes grupos, reflejo de la fragmentación entre jurisdicciones.