La izquierda dará la batalla por el decreto de vivienda con movilizaciones en la calle

“Vamos a apurar al máximo hasta el final”. Sumar se plantó ante el PSOE para arrancar el decreto de vivienda que congela los alquileres y ahora emprende una ofensiva que combinará diálogo político y presión social en un intento de que el Congreso lo convalide antes del 6 de mayo. Pese a las reiteradas negativas de Junts a aprobar la medida y al escepticismo de los socialistas sobre las posibilidades de recabar apoyos suficientes, el ala más a la izquierda del Gobierno se resiste a tirar la toalla. Sumar asume que llevará el peso de las negociaciones y cuenta con el apoyo de sindicatos y entidades sociales para redoblar la presión, incluidas movilizaciones en la calle.La coalición izquierdista prepara contactos con el conjunto del arco parlamentario, pero a nadie se le oculta que “la clave está en Junts”, como resume un destacado dirigente. Aunque el PNV tampoco se ha mostrado muy favorable, los responsables de Sumar confían en la mayor predisposición al acuerdo que siempre exhiben los nacionalistas vascos, sobre todo si en este punto se lograse avanzar con los catalanes.En la parte socialista del Gobierno, bregada en la negociación con Junts, no se aprecian visos de que los independentistas puedan dar marcha atrás en su negativa a ratificar el decreto. El secretario general de la formación, Jordi Turull, ya ha dado por hecho que el Congreso lo tumbará, mientras acusaba al Gobierno de practicar el “postureo” y de “criminalizar a los pequeños propietarios”. Pero Sumar ha tomado la cuestión como su gran bandera, en un momento en que las fuerzas a la izquierda del PSOE necesitan un revulsivo para recuperarse de sus patinazos electorales y reforzar su perfil frente al socio mayor del Ejecutivo. De ahí su máximo interés en echar el resto y mantener viva la batalla mientras se estira el plazo para la convalidación en el Congreso. El límite es el 5 de mayo, 30 días hábiles después de que se publicase el decreto en el BOE, el 21 de marzo, al día siguiente de ser aprobado en un convulso Consejo de Ministros. La medida, de momento vigente, prorroga por dos años, con una subida máxima del 2%, los alquileres que vencen antes del final de 2027.El voto favorable de Junts, la pasada semana, a otro decreto gubernamental, el de medidas para atenuar las consecuencias económicas de la guerra de Irán, ha despertado ciertas esperanzas en Sumar. “Junts ha vuelto a sentarse a negociar con el Gobierno”, destacan en el grupo parlamentario de la formación. En el debate sobre la convalidación de ese otro decreto, la portavoz adjunta de Sumar y miembro de los Comunes, Aina Vidal, se dirigió a los diputados de Puigdemont en catalán y con términos calculadamente diplomáticos para instarles: “No le fallen a Cataluña”. Vidal se esforzó por combatir la idea de que la congelación de alquileres castigará a los pequeños propietarios, en cuya defensa se escuda Junts para justificar su rechazo. “Se ha creado un falso debate social”, insiste la portavoz adjunta de la coalición en el Congreso. “Esto a quien afecta es a los grandes tenedores, a grupos como Caixabank y Blackstone, que solo entre ellos dos tienen 40.000 viviendas en alquiler”. Sumar machacará con la idea de que si no se prorroga la congelación, cientos de miles de inquilinos verán cómo los arrendamientos de sus viviendas actuales se disparan en porcentajes inasumibles para sus bolsillos. En el intento de mantener viva la batalla, uno de los ministros de Sumar, el de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, llegó a asegurar el pasado lunes en La Sexta: “Estoy absolutamente convencido de que esta votación la vamos a ganar”. Bustinduy se dirigió también a PP y Vox. “Si la derecha y la ultraderecha piensan que pueden votar en contra sin pagar un altísimo precio por ello, se equivocan”, afirmó. “Este es un tema transversal; los inquilinos son de derechas y de izquierdas. Es la vida de centenares de miles de españoles lo que está en juego”. Consumo calcula que son más de 2,5 millones los arrendatarios afectados.El ministerio de Bustinduy, basándose en sus competencias en Consumo, es parte principal de la ofensiva para intentar crear un clima favorable a la medida en la opinión pública. Esta semana ha enviado una carta a 13 grandes grupos inmobiliarios que, según sus datos, gestionan en total 100.000 viviendas, para recordarles que el decreto está plenamente en vigor y es su obligación acatarlo. “Se solicita la máxima diligencia por parte de su entidad para asegurar la correcta aplicación de la medida”, urge la misiva. Consumo ha contribuido a distribuir formularios para que los inquilinos se dirijan a sus caseros a fin de reclamarles la prórroga de los contratos conforme al decreto ya en vigor. Sumar defiende que esa prórroga puede ser inamovible aun en el caso de que el Congreso tumbase el decreto. Los sindicatos de inquilinos también están distribuyendo el formulario y dicen que solo el primer día que lo divulgaron en su página web contabilizaron 230.000 visitas.Otro ministro, el catalán Ernest Urtasun, titular de Cultura, tendrá también protagonismo principal en los contactos con los grupos parlamentarios, muy en especial con Junts. En Sumar cuentan con el refuerzo de la presión social, a través del activismo de los sindicatos de clase y de los que representan los intereses de los inquilinos. El secretario general de CC OO, Unai Sordo, ya anticipó movilizaciones en la calle, a las que ha apelado también la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. La vivienda será un “eje central” de las manifestaciones sindicales del Primero de Mayo, que coincidirán con las vísperas del debate decisivo en el Congreso.Pese al escepticismo que los socialistas transmiten en privado, el mensaje público de la parte mayoritaria del Gobierno tampoco da por hecha la derrota. “Apelo a la responsabilidad de las fuerzas políticas, este Gobierno va a trabajar para que este decreto siga estando en vigor cuando llegue el momento de su convalidación”, afirmó, tras el Consejo de Ministros del martes, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz.En algunas comunidades autónomas han tomado sus propias iniciativas. El Gobierno de Navarra, que preside la socialista María Chivite, ha enviado —a través del departamento de Vivienda, en manos de la coalición de izquierdas Contigo-Zurekin— 10.000 cartas a inquilinos invitándoles a reclamar de inmediato los derechos que le otorga el decreto. En Canarias es el PSOE, en la oposición, el que está difundiendo el mismo mensaje y ha abierto un canal para asesorar a los afectados.