Meses de espera en solicitudes de traslado a España para pedir asilo alimentan la angustia de familias gazatíes en Egipto

En los últimos meses se han sucedido varios acontecimientos que, a simple vista, podrían dar la impresión de que la situación en Gaza ha empezado a cambiar. El anuncio de un frágil alto el fuego en otoño y la reapertura del paso de Rafah con Egipto en febrero han brindado cierto alivio en la Franja. Desde el inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel en Irán, la situación y el futuro del enclave palestino han quedado relegados a un plano secundario. Estos giros se observan con preocupación entre muchos gazatíes que huyeron de la guerra y se encuentran en Egipto, debido a la angustia que genera la incertidumbre sobre cómo puede afectar a su delicada situación en EL PAÍS de acogida. Esta inquietud es especialmente visible entre quienes, además, permanecen desde hace meses a la espera de que la embajada española en El Cairo resuelva sus peticiones de traslado a España para pedir protección internacional en EL PAÍS, al amparo de un artículo de la ley de asilo que contempla estos traslados seguros. En Gaza, Israel sigue violando el alto el fuego constantemente, la reapertura de Rafah solo ha permitido regresar a un número muy limitado de personas en medio de denuncias de malos tratos y humillaciones, y la crisis humanitaria se ha agravado a la sombra de la guerra en Irán por las nuevas restricciones de las autoridades Israelíes. En Egipto, sus solicitudes avanzan sin plazos definidos ni comunicaciones claras de las autoridades españolas, según múltiples testimonios recogidos por EL PAÍS, prolongando una espera atravesada por la incertidumbre. “Para ser sincero, esta espera tan prolongada y la falta de claridad han sido emocionalmente agotadoras”, reconoce uno de los solicitantes, un hombre de Ciudad de Gaza que huyó de la Franja con su familia. “Estoy esperando con mucha ansiedad cualquier comunicación. Cada día se siente incierto y es difícil planificar cualquier cosa para mi familia o incluso sentirme estable, porque todo mi futuro depende de una decisión que está tardando mucho”, lamenta. Desde mayo de 2025 se han presentado solicitudes para al menos 37 unidades familiares que incluyen a 128 personas, según señala el colectivo que los representa, LegalAid38. Entre ellos figuran mujeres embarazadas, menores enfermos y sin escolarizar y gente mayor con afecciones severas. Pese a que las solicitudes se tramitaron por el procedimiento de urgencia, que los abogados afirman que fija un plazo de resolución de tres meses, la mayoría de casos llevan esperando más del doble, y hasta la fecha solo se ha contactado con nueve familias y se ha aprobado a una. EL PAÍS desconoce si existen otras solicitudes abiertas en paralelo. “Esperar algo que podría cambiar por completo mi vida y no saber si llegará a suceder o no me ha agotado”, explica una segunda solicitante de Ciudad de Gaza. “Siento como si mi vida estuviera en pausa y todo a mi alrededor siguiera avanzando. Lo que lo empeora aún más es el silencio: no saber en qué punto están las cosas ni cuánto tiempo más podría tardar”, agrega. Todos los testimonios hablaron con EL PAÍS en condición de anonimato por recelo a que su situación en Egipto o su solicitud de traslado a España pudieran verse comprometidas. Para evitar que alguien que huye de su país tenga que jugarse la vida para encontrar refugio en España, la ley de asilo de 2009 establece que los embajadores españoles podrán autorizar un traslado seguro a fin de que puedan realizar esta petición. La ley solo fija dos requisitos: que el solicitante no sea nacional del país donde está la embajada española y que su integridad física esté en peligro. En 2024, una sentencia del Tribunal Supremo aclaró que este peligro para la integridad física se refiere solamente a la situación en EL PAÍS de origen y no de tránsito. La mayoría de solicitantes que ha hablado con EL PAÍS señala que la falta de comunicación de las autoridades españolas ha aumentado en los últimos meses su inquietud a medida que se sucedían noticias como el alto el fuego y la reapertura de Rafah. “Me genera ansiedad, ya que no sé si afectará el proceso, lo retrasará más o lo complicará. Esa falta de previsibilidad añade otra capa de estrés a una espera que ya de por sí es difícil”, nota la segunda solicitante. “Con la reapertura limitada de Rafah estoy aterrorizado, porque siento que algunas embajadas van a tomárselo como una excusa para ir todavía más despacio en el proceso de estudiar estas solicitudes. Estoy aterrorizado de que digan: ‘Bueno, ahora todo está bien’, que no es cierto”, expresa un tercer solicitante de Ciudad de Gaza. “Gaza da miedo. Gaza no es estable. Volver no es una opción. Pero la pregunta es: ¿hasta cuándo vamos a vivir en este limbo?”, agrega. Aunque la situación en EL PAÍS de tránsito no figura entre los criterios de aplicabilidad del artículo 38 de la ley de asilo española, muchos gazatíes que huyeron a Egipto en los primeros meses de guerra se encuentran en una situación muy vulnerable. La mayoría entró al país con un visado ordinario sin opción de renovarlo, por lo que permanecen sin residencia. Esto les impide trabajar y acceder a servicios básicos como la sanidad y la educación. Asimismo, para salir de Gaza, la mayoría pagó mucho dinero, lo que representó un gran esfuerzo económico. Esta desprotección, además, fuerza a algunos gazatíes a tener que buscarse la vida en Egipto en condiciones muy precarias. “Yo he intentado trabajar, pero no puedo porque necesito un permiso de residencia. Y de hecho lo intenté de manera encubierta, pero no funcionó porque cada vez que había una inspección tenía que esconderme y no me pagaban suficiente”, cuenta un cuarto solicitante de Ciudad de Gaza. “Estoy atrapado desde hace dos años y medio”. Una quinta solicitante, también de Ciudad de Gaza, explica que, debido a su situación legal en Egipto, ninguno de sus hijos está yendo a la escuela. “Tampoco les gusta salir a la calle y sufren ataques de pánico, sobre todo mi hija pequeña. Todos tenemos traumas, no hemos superado lo que hemos vivido, pero mi hija sigue teniendo ataques”, añade, medio llorosa. En este contexto, algunos temen que Egipto aproveche en algún punto la tregua y la apertura de Rafah para presionar a los cerca de 100.000 gazatíes que se estima que huyeron para que regresen. “Desde marzo de 2024 estamos en un limbo, esperando. Y tenemos miedo de que en algún momento, por alguna razón, nos veamos forzados a volver”, admite una sexta solicitante de Ciudad de Gaza. “No se puede vivir en Gaza, la situación es muy mala”, agrega. “Lo que hace que este proceso sea especialmente difícil es que me siento atrapado entre dos realidades: no puedo seguir adelante sin una decisión [de España] y no puedo volver atrás porque no nos queda nada”, desliza el primer solicitante. “No pido lujos ni comodidad; solo una oportunidad para reconstruir nuestras vidas con dignidad. Quiero que mis hijos tengan seguridad, educación y un futuro que no esté marcado por el miedo y la pérdida”, apela. Preguntado por EL PAÍS en dos ocasiones, el Ministerio de Exteriores de España evitó aclarar el motivo de la dilación en la gestión de las solicitudes y se limitó a declarar que “se están tramitando o se tramitarán”, exactamente la misma respuesta ofrecida el pasado noviembre.