Arranca el juicio a Ábalos: 13 jornadas y 100 declaraciones para indagar la trama de las mascarillas sin entrar al caso Cerdán

El final de la Semana Santa da paso este martes al comienzo de uno de los juicios más mediáticos del año en el Tribunal Supremo . La Sala Segunda sentará en el banquillo de los acusados al exministro José Luis Ábalos ; a quien fue su 'hombre para todo', Koldo García ; y a Víctor de Aldama , el comisionista que se abrió paso en el Ministerio de Transportes a base de mordidas y logró contratos millonarios de varias administraciones públicas, todo ello durante la crisis sanitaria de la Covid-19. Entre los días 7 y 30 de abril pasarán por la Sala Segunda del Supremo 100 personas que declararán en calidad de testigos, a excepción de Ábalos, García y Aldama, que lo harán como acusados. El extitular de Transportes, su exasesor y el comisionista se juegan mucho en el primer juicio del caso Koldo. Anticorrupción pide condenas de prisión de 24 años y 19 años y medio para Ábalos y García, respectivamente. Para Aldama solicita siete años, dado el atenuante que se le aplica por colaborar con la investigación. Las acusaciones populares lideradas por el Partido Popular son aún más duras en su petición de condenas: 30 años de prisión para el exministro y su exasesor y siete para Aldama. Las elevadas peticiones de condena en un juicio que está ya a la vuelta de la esquina son el principal fundamento que ha llevado al Supremo a mantener a Ábalos y García en prisión y evitar así el riesgo de que decidan fugarse. De modo que el exsecretario de organización del PSOE y quien fue su mano derecha tendrán que levantarse cada jornada de madrugada para que un furgón policial les lleve desde Soto del Real hasta el tribunal que se levanta frente a la Plaza de la Villa de París, a escasos metros de la madrileña Plaza de Colón. Finalizado el juicio, la Sala Segunda deberá sentenciar las responsabilidades penales derivadas de los supuestos amaños de la trama, que afectarían a contratos de material sanitario por valor de más de 50 millones de euros. La sentencia abordará igualmente los presuntos enchufes de dos mujeres vinculadas a Ábalos , Jésica Rodríguez y Claudia Montes, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec. Y calificará las presuntas mordidas que Víctor de Aldama facilitó al exministro y a Koldo García, empezando por los 10.000 euros en metálico que les entregaba cada mes. Sin embargo, hay muchos acontecimientos que quedarán fuera del juicio celebrado en el Tribunal Supremo. Son todos los que aún se están investigando en la Audiencia Nacional, entre ellos los pagos en metálico del PSOE y los amaños de obra pública orquestados con Santos Cerdán al frente. También hay hechos del caso mascarillas que sí se abordarán en el juicio y por los que están imputados en la Audiencia Nacional otros empresarios y cargos públicos como la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera. Por tanto, en el juicio declararán en calidad de testigos muchas personas que tienen la condición de investigados en la Audiencia Nacional y que podrán negarse a contestar algunas preguntas. También están llamados a declarar el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres , y la presidenta del Congreso, Francina Armengol , pero ambas testificales se realizarán por escrito y no de forma presencial. Los tentáculos de Soluciones de Gestión Dentro del complejo entramado de corruptelas que conforma el caso Koldo, el juez instructor del Supremo Leopoldo Puente se encargó el pasado 3 de noviembre de limitar aquellos hechos que formarán parte del juicio del caso mascarillas. La clave del procedimiento consistirá en acreditar el amaño de los contratos de compraventa de mascarillas adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión, de la que Víctor de Aldama era propietario a través del testaferro Íñigo Rotaeche. El instructor subrayó en su resolución del 3 de noviembre que existió un "concierto de voluntades" entre Ábalos, García y Aldama , que buscaban lucrarse a través de distintas actividades ilícitas. En el marco de ese "acuerdo", Ábalos logró que Puertos del Estado y Adif —ambas dependientes del Ministerio de Transportes— adjudicasen contratos a la compañía. Según ha mostrado la investigación, Aldama logró obtener "información previa y privilegiada" sobre las necesidades de estas dos entidades dependientes de Transportes para asegurar que Soluciones de Gestión fuera el proveedor de mascarillas de Puertos del Estado y Adif. El contrato que abrió la veda fue el que firmó Puertos del Estado el 21 de marzo de 2020, por valor de 24.200.000 euros . El expresidente de Puertos del Estado Francisco Toledo y el ex número dos Álvaro Sánchez Manzanares tendrán que dar cuenta de cómo se gestó aquel primer contrato por la vía de urgencia. A los pocos días, el 27 de marzo, Adif firmó un segundo contrato por importe de 12,5 millones de euros, "pese a que existían otras ofertas económicamente más ventajosas", de acuerdo con los informes aportados por la Guardia Civil. Estos dos contratos sentaron las bases para que la trama se extendiera por otras administraciones, dado el aval que suponía para Soluciones de Gestión haber suministrado material sanitario a las entidades dependientes del Ministerio de Transportes. "La contratación con el Ministerio de transportes facilitó a Víctor de Aldama que Soluciones de Gestión resultara después adjudicataria de diferentes contratos de suministro de material sanitario", apuntó la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de calificación de los hechos. Muestra de ello es el contrato que adjudicó a la compañía el 20 de abril de 2020 la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior . Aquel contrato de 3.479.355 euros motivó que Anticorrupción solicitase la citación de Rafael Pérez, admitida por la Sala Segunda. Tan solo dos días después de que se firmase aquel contrato, el Servicio Canario de Salud adjudicó un primer contrato a Soluciones de Gestión. A aquella adjudicación se sumó una segunda el 4 de mayo, de modo que en total se abonaron 12.288.333,21 euros a la empresa clave del caso Koldo. Lo mismo sucedió con el Servicio de Salud de Illes Baleares, que el 12 de mayo de 2020 firmó un contrato por valor de 3.701.500 euros con Soluciones de Gestión. Las mordidas al exministro y su exasesor Además de acreditar las mordidas, el juicio abordará las contrapartidas que recibieron presuntamente el exministro Ábalos y Koldo García. A lo largo de la investigación judicial que comenzó en febrero de 2024, la UCO ha informado extensamente sobre estas supuestas contrapartidas. En el caso de Ábalos se incluye un contrato de alquiler de un piso en La Castellana (Madrid) del que disfrutó sin pagarlo. La trama también costeó el alquiler de un piso en Plaza de España (Madrid) para Jésica Rodríguez, vinculada al extitular de Transportes. Asimismo, las pesquisas han concluido que Víctor de Aldama abonó a Koldo García 10.000 euros mensuales en metálico entre 2019 y 2021; un dinero que el asesor ministerial repartía después con su jefe. Entre los hechos a enjuiciar se encuentran también las contrataciones presuntamente irregulares de Jésica Rodríguez y otra mujer vinculada al exministro, Claudia Montes, en las públicas Ineco y Tragsatec . Asimismo, se incluyen las supuestas gestiones de Ábalos y Koldo García para "agilizar" la concesión del rescate público a la aerolínea Air Europa ; así como las gestiones con las que el exministro trató de lograr que la compañía Villafuel consiguiera la licencia de operador en el mercado de los hidrocarburos.