Vergüenza de ministros

Uno puede enorgullecerse por múltiples motivos de pertenecer a un país como España. Por eso duele más, si cabe, que personas que han ocupado puestos de la mayor relevancia en la gestión política se sienten esta semana en el banquillo de los acusados para dar cuenta de actuaciones no solo presuntamente ilegales, sino indignas y éticamente reprobables. Son nada menos que dos antiguos ministros que pertenecieron a dos gobiernos de los dos principales partidos políticos nacionales, el PP y el PSOE. Jorge Fernández Díaz y José Luis Ábalos cargan ya con la culpa de hacernos sentir vergüenza de nuestro propio país, por resultar incapaz de impedir semejantes desmanes como los que se juzgan estos días en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo y por haber albergado en sus gobiernos a ministros de tal catadura moral.Un país como la España del siglo XXI no se merece asistir a juicios como el del caso Kitchen y el de Ábalos-Koldo. Escuchando el relato de lo que se juzga, uno diría que vive en un país rescatado del pasado, pero que aún pervive por mucho que el esfuerzo colectivo nos haya convertido hoy en el que más crece de la Unión Europea o en el que abandera con sus leyes la conquista de derechos individuales o la lucha contra el machismo. No, no parece que sea fácil resetear el sistema al completo y convertirnos en una nación limpia y ejemplar. Hay demasiados poderes interesados en impedirlo.La justicia, dirán algunos, al menos funciona, como prueba el espectáculo de ministros y altos cargos sentados en el banquillo, pero en el caso que juzga al exministro Fernández Díaz llega con 13 años de retraso y con algunos de sus protagonistas, como María Dolores de Cospedal, habiendo esquivado la investigación pese a los conocidos y evidentes indicios que la señalan. La sensación de que se va a juzgar 'lo mínimo' de lo que ya era imposible dejar de juzgar planea sobre una vista que el Partido Popular, principal afectado, puede permitirse situar en un pasado que no involucra a sus actuales dirigentes.Para el exministro socialista de Transportes, sin embargo, todo ha ido mucho más rápido e incluso asiste a la vista trasladado desde la cárcel, la que Fernández Díaz nunca llegó a pisar en todos los años de investigación de la Operación Kitchen. Las consecuencias políticas para el PSOE, que asiste al juicio desde el Gobierno en el que Ábalos ocupaba asiento hace apenas cuatro años, son pues mucho más evidentes y dañinas, pese a que los delitos puedan quedar circunscritos al enriquecimiento personal de un reducido número de personas.El alcance de lo que se juzga en la Audiencia Nacional, con el exministro de Interior como acusado, y de lo que se dirime en el Supremo, con José Luis Ábalos en el banquillo, difiere sustancialmente. En el primero, es una de las principales piezas del aparato del Estado, la de la seguridad, la que fue utilizada para proteger al partido en el poder y para perseguir a adversarios políticos. Toda una operación política de altísimo nivel que contamina el sistema democrático y a las fuerzas del orden. En el segundo se juzga un clásico caso de corrupción económica, aunque con sórdidos detalles relativos a la vida personal de los acusados que han engordado el repudio a los hechos. Ambos juicios, sin embargo, tendrán similar efecto en los ciudadanos: el desafecto por la política y el desapego por el sistema.La principal beneficiaria será, sin duda, la ultraderecha, que alimenta el mensaje de que "todos son iguales" y de que el sistema es imposible de reformar con sus actuales mimbres. La destructiva política de Vox bebe de estos juicios y desgraciadamente lo estamos comprobando en sus últimos resultados electorales. Los demócratas sentimos una profunda vergüenza como país por haber pagado sueldo de ministros a Fernández Díaz o a Ábalos, pero creo sinceramente que la experimentaríamos mucho mayor si en España llega a gobernar la extrema derecha.