Un juez procesa a 13 militares por el caso de las niñas Alexa y Leidy, muertas a balazos en Sinaloa el año pasado

Un juez ha procesado a 13 militares por la muerte de dos niñas hace ahora 11 meses en Badiraguato, en la sierra de Sinaloa, en el noroeste de México. La Fiscalía General de la República (FGR) acusaba a los uniformados de homicidio por el caso de las niñas, y homicidio en grado de tentativa por el caso de otros dos menores que iban con ellas, junto a los padres de una de las niñas, que resultaron heridos. El ataque ocurrió a eso de las 14.00 del 6 de mayo del año pasado, en una carretera rural del municipio serrano. Los militares dispararon al menos 119 veces contra la familia, producto presuntamente de una confusión. Alexa Medina y Leidy Rojas, así se llamaban las niñas que murieron a los 7 y 11 años, respectivamente. Eran primas. El día de los hechos, las dos iban en la parte trasera descubierta de una camioneta, junto a Silvia y Gael Medina, menores también, de 14 y 12 años. Vecinos de una de tantas comunidades de la localidad, los padres de Rojas llevaban a los cuatro niños a sus escuelas, en la cabecera municipal de Badiraguato. En el camino, la familia se cruzó con un convoy militar, parte del 42.º Batallón de Infantería, con sede en Guamúchil, algo al norte del municipio. En el cruce, los militares dispararon. Alexa y Leidy murieron en el acto por las balas. Los otros cuatro resultaron heridos por proyectiles o esquirlas y acabaron en el hospital. Mediante información divulgada por canales extraoficiales, las autoridades informaron ese día de que la familia había sido víctima del fuego cruzado: militares y criminales se habían enfrentado justo en ese lugar. Pero, con el paso de las horas, gracias a los testimonios de los supervivientes y de algunos de sus familiares, se supo que no había habido ningún enfrentamiento. Los uniformados habían disparado sin que mediara amenaza alguna. En la audiencia de vinculación a proceso, que concluyó este fin de semana, la defensa de los militares arguyó precisamente que sus 13 defendidos, ocho de los cuales tienen 25 años o menos, dispararon porque creyeron de forma equivocada que enfrentaban una amenaza real. Los abogados señalaron que el error “no podía evitarse en ese momento” y que, por tanto, no tenían intención de matar a las víctimas. El argumento de los letrados trataba así de tumbar uno de los agravantes que había marcado la fiscalía, el dolo, crucial a la hora de determinar futuras penas. El juez desestimó el argumento de la defensa. Otro de los argumentos de los abogados fue que los militares implicados “actuaron en un contexto de violencia en el Estado de Sinaloa, bajo un estado de alerta y nerviosismo”. Eso es cierto, al menos la primera parte. Desde septiembre de 2024, facciones del extinto Cartel de Sinaloa pelean entre ellas en diferentes regiones del Estado, una guerra fratricida que ha dejado miles de muertos y desaparecidos, además de enfrentamientos en zonas urbanas y rurales, y bloqueos en carreteras y caminos. Solo en el primer año de guerra, el Ejército sufrió 10 “agresiones” en el Estado, con 13 militares muertos, según sus propias cifras. Así, la defensa de los acusados señalaba que la reacción de los uniformados respondía a un enfrentamiento previo, ocurrido en la zona el 27 de abril, semana y media antes. Según información a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el evento en cuestión habría ocurrido a las 20:00 de ese día, en la cabecera municipal de Badiraguato. Militares del mismo cuartel de los implicados el 6 de mayo se enfrentaron a balazos con criminales en las calles de la localidad. Como resultado, un uniformado resultó herido y dos personas fueron detenidas por portación de arma de fuego. El militar herido no participó en los hechos de Alexa y Leidy.La defensa señala que, semana y media más tarde, cuando el convoy castrense vio el vehículo de la familia, una GMC Sierra, color negro, con la batea descubierta, los uniformados pensaron que se trataba de la camioneta de unos criminales, de ahí la respuesta. Lo extraño es que estos dispararon al menos en 119 ocasiones, con el sol en lo alto del cielo –era la hora de comer– contra una camioneta en que varios niños iban sentados en la batea, a plena vista. Los militares, señaló la acusación en la audiencia, “no observaron los distintos niveles de uso de la fuerza previstos en la Ley Nacional de Uso de la Fuerza”. Inicia ahora el tramo final de la fase de investigación. Tanto la FGR como los defensores de los militares tienen hasta principios de julio para acumular o perfeccionar pruebas de cargo y descargo. Será entonces cuando inicie la etapa intermedia del proceso, en que la Fiscalía deberá presentar finalmente al juez toda su batería de evidencias, entre pruebas testimoniales y físicas. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que apoya legalmente a las víctimas, ha señalado: “El caso de Leidy y Alexa pone rostro a los efectos más lesivos y dolorosos de la política de despliegue militar, sin controles efectivos, en contextos de alta vulnerabilidad y violencia. También, es un reflejo de la necesidad de que, desde las más altas autoridades, se emitan mensajes claros de que este tipo de hechos no pueden volver a repetirse”.