La Audiencia de Valencia ordena reabrir la causa del excomisionado del Gobierno para la dana

La Sección Tercera de la Valencia" class="entity-link entity-organization" data-entity-id="72836" data-entity-type="organization">Audiencia de Valencia ha estimado los recursos de apelación interpuestos por la Valencia" class="entity-link entity-organization" data-entity-id="64195" data-entity-type="organization">Diputación de Valencia, Manos Limpias y la Fiscalía y ha acordado la reapertura de la causa contra el excomisionado del Gobierno central para la dana, José María Ángel, por la supuesta falsificación de su título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía.El Tribunal revoca así el sobreseimiento libre de las actuaciones que había decretado el titular de la plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Valencia" class="entity-link entity-organization" data-entity-id="67048" data-entity-type="organization">Tribunal de Instancia de Valencia, quien entendía que los hechos estaban prescritos.La Sección Tercera de la Audiencia de ha estimado los recursos interpuestos por la Valencia" class="entity-link entity-organization" data-entity-id="64195" data-entity-type="organization">Diputación de Valencia y Manos LimpiasLos magistrados de la Audiencia que ordenan el inicio de la instrucción sostienen, por el contrario, que no es “descartable” que el denunciado “haya hecho valer su título falso en demostración del cumplimiento de su preparación, de su condición de apto para acceder a las prórrogas en el servicio Activo”, por lo que “no se dispone de la necesaria claridad de hechos para poder ceñir el cómputo de la prescripción al momento de su inicial presentación en la década de los ochenta”.El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia decretó el pasado octubre el sobreseimiento libre de la causa abierta a raíz de una denuncia interpuesta por Manos Limpias por falsedad documental contra Ángel, al entender que los hechos estaban prescritos y, por tanto, la posible responsabilidad penal habría quedado extinguida.El magistrado razonaba que el delito de falsedad documental es un delito que se consuma de forma instantánea, aunque tenga efectos permanentes. La denuncia se refiere a la supuesta falsificación en el año 1983 de un título de diplomado en archivística y biblioteconomía, por lo que -según el auto ahora revocado por la Audiencia- estaría prescrito de conformidad con lo que dispone el artículo 131 del Código Penal. El auto judicial consideraba que “los hechos denunciados habrían prescrito cuanto menos hace 30 años”.