Un directivo de Plus Ultra ficha al abogado que defendió a Ábalos

Los implicados en el caso Plus Ultra se arman para iniciar la batalla judicial. El secretario del Consejo de Administración de la aerolínea, Santiago Fernández Lena, ha fichado al abogado que defendió al exministro José Luis Ábalos antes del cambio de letrado que realizó a las puertas de su juicio por corrupción en el Tribunal Supremo. El exfiscal Carlos Bautista se ha hecho cargo de la defensa de este directivo de Plus Ultra y ha pedido a la Audiencia Nacional que levante el secreto de la causa que, por el momento, está contemplado hasta finales de este mes. Bautista conoce a la perfección el ecosistema de la Audiencia Nacional al que perteneció hasta septiembre de 2024 cuando colgó la toga para mudarse al edificio de enfrente. Dejó de ser fiscal en aquel órgano y se inició en el mundo de la abogacía de la mano de Luis Chabaneix, en el bufete Chabaneix Abogados que se ubica literalmente una calle más arriba del despacho que ocupó Bautista durante años en la Fiscalía. El exfiscal ingresó en la carrera en 1993 y ha estado destinado casi dos décadas en el órgano que investiga las causas por terrorismo, donde ejerció como coordinador de vigilancia penitenciaria. Allí se hizo cargo de asuntos tan mediáticos como el caso Faisán o el juicio del 11-M. Como abogado especializado en el área penal su asunto más mediático ha sido el caso Koldo del que salió de forma abrupta por diferencias, principalmente económicas, con Ábalos a las puertas del juicio por el asunto por mascarillas. El letrado entra ahora en el caso Plus Ultra que permanece secreto, pero que amenaza con convertirse en otra investigación muy mediática una vez se levante el secreto por las derivadas que pueda traer al Gobierno la causa que pone el foco en el rescate de 53 millones de euros que se desembolsó para la compañía tras la pandemia; y por la implicación del empresario Julio Martínez Martínez, amigo personal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Petición de levantar el secretoLa defensa de Fernández Lena ha pedido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que levante el secreto de la investigación que se inició, según su escrito, el pasado 28 de noviembre de 2025. “La interpretación restrictiva del secreto es un mandato constitucional, no una opción”, indican. El magistrado instructor José Luis Calama decidió a finales de marzo volver a prorrogar un mes más esta situación. El letrado recuerda que no tener acceso a las actuaciones vulnera el derecho de defensa y que se debe ponderar el tiempo que este velo permanece sobre el sumario. “Cinco meses sin acceso a las actuaciones no equivalen a un mes multiplicado por cinco: suponen una restricción cualitativamente distinta, que afecta a la capacidad de los investigados de preparar su defensa, de conocer los indicios que se dirigen contra ellos y de articular estrategias procesales que podrían ser decisivas en fases ulteriores”, indica. Fue el pasado 11 de diciembre cuando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registró la sede de Plus Ultra en el marco de una operación que indaga si el dinero del rescate que acordó el Consejo de Ministros en 2021 se utilizó, en realidad, para blanquear dinero de procedencia venezolana. Los agentes detuvieron al presidente de la compañía Julio Martínez Sola, al consejero delegado, Roberto Roselli, al empresario Julio Martínez Martínez (que trabajaba para Plus Ultra como “conseguidor”) y a un abogado madrileño. Además, registraron la vivienda de Fernández Lena y de otros implicados. Fuentes de la investigación exponen que la causa afecta también a empresario venezolanos y peruanos, de hecho, el juez instructor ha solicitado a Aruba (un pequeño país isleño que se encuentra frente a Venezuela) la extradición del empresario Luis Felipe Baca Arabulu.