Anticorrupción abre diligencias contra la alcaldesa de València y el Puerto por prevaricación

La Fiscalía Anticorrupción ha incoado diligencias de investigación contra la alcaldesa de València, María José Catalá, junto a las concejalas Rocío Gil y Paula Llobet, la presidenta de la Autoridad Portuaria, Mar Chao, y otros cuatro empleados públicos, por posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La apertura de estas actuaciones, adelantada por The Objective y confirmada posteriormente, responde a una denuncia presentada por Compromís a partir de informaciones periodísticas publicadas meses antes. Se trata, en todo caso, de una fase preliminar y el asunto aún no ha sido judicializado.La alcaldesa de València, María José Catalá, ha subrayado que la Fiscalía “siempre” abre diligencias tras una denuncia “sea más fundamentada o menos”, por lo que ha asegurado que la investigación abierta por Anticorrupción es “un trámite que, evidentemente, tras una denuncia de la Fiscalía se suele hacer con absoluta normalidad”. La alcaldesa ha anunciado que pondrán disposición de la Fiscalía “todo el expediente completo” de la liquidación del Consorcio, el expediente interno de la Fundación de Visit València y el proceso del administrativo que compete al consistorio y que accedió al otro puesto “a través de un concurso de oposición, con todas sus bases totalmente arreglado y, por cierto, tras el que no hay ninguna reclamación”. “Ni una sola reclamación; es que no hay ningún recurso ni una reclamación en este ayuntamiento ni en las entidades del sector público referentes a esta actuación”, ha defendido.La investigación se centra en la liquidación del Consorcio València 2007, entidad participada por varias administraciones y presidida por la propia Catalá. Según la denuncia, durante la primavera de ese proceso se pusieron en marcha de forma paralela diversos procesos selectivos en el Ayuntamiento, fundaciones municipales y la Autoridad Portuaria. Estos procedimientos, de acuerdo con el escrito y con un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), podrían haber estado orientados a facilitar la incorporación de personal procedente del consorcio.Uno de los elementos que refuerzan las sospechas es un acta notarial fechada el 8 de mayo de 2024, en la que varios trabajadores del consorcio expresaban su convicción de que determinadas plazas del Puerto ya tenían destinatarias concretas. Posteriormente, esas previsiones se cumplieron, al resultar seleccionadas para puestos de responsabilidad dos de las personas mencionadas.A ello se suma el análisis de la IGAE, que cuestiona el diseño de algunos procesos selectivos, especialmente en el ámbito portuario. El organismo apunta a posibles vulneraciones de los principios de igualdad, mérito y capacidad, al detectar perfiles excesivamente específicos, falta de criterios homogéneos y deficiencias en la composición o funcionamiento de los tribunales.La denuncia explicada hoy por la portavoz local de Compromís, Papi Robles, describe una supuesta actuación coordinada entre distintas entidades públicas para favorecer la recolocación de trabajadores del Consorcio València 2007 mediante convocatorias adaptadas a sus perfiles. En este contexto, se identifican varios procedimientos impulsados por organismos como la Fundación Deportiva Municipal, la Fundación Visit València y la propia Autoridad Portuaria, con plazas vinculadas principalmente a áreas técnicas y de gestión económica.Asimismo, se señala que algunas de estas convocatorias concluyeron con la adjudicación a antiguos empleados del consorcio, mientras que otras quedaron desiertas o fueron anuladas una vez cumplido ese objetivo. También se apunta a una concurrencia limitada y a requisitos restrictivos que habrían reducido la competencia real en los procesos.La portavoz de Compromís per València, Papi Robles, ha calificado el caso de “gravísimo”. “La Fiscalía Anticorrupción confirma que hay indicios suficientes para que se investigue penalmente a Catalá. Ha convertido el Ayuntamiento en una agencia de colocación para los suyos, una presunta red clientelar utilizando recursos públicos para beneficiar a su entorno”, ha denunciado.Según ha explicado Papi Robles, los hechos se remontan a abril de 2024, en el momento en que el Consorcio València 2007 —presidido por la propia alcaldesa— se encontraba en proceso de liquidación y despedía a su plantilla. “Mientras unas personas eran enviadas a la calle, otras ya tenían preparado su futuro con plazas a medida en distintos organismos públicos. Es indecente y profundamente injusto”, ha señalado.Por su parte, el concejal de Compromís Ferran Puchades ha detallado el funcionamiento de la presunta trama. “En abril de 2024, mientras el Consorcio se liquidaba, tres organismos públicos lanzaron simultáneamente siete convocatorias de puestos directivos con requisitos muy restringidos. No es casualidad: el sistema estaba diseñado para que solo pudieran acceder determinadas personas”, ha explicado. Personas que iban a ser despedidas de una entidad pública ya tenían su futuro resuelto. De hecho, el Ayuntamiento declaró desiertas las convocatorias el mismo día en que las dos nuevas directivas se incorporaban al Puerto.Puchades ha destacado un elemento clave: un acta notarial firmada antes de resolverse los procesos en la que ya se anticipaba quién ganaría algunas de las plazas. “No era una intuición, era el conocimiento de un sistema que estaba preparado. Y, efectivamente, las personas que se mencionaban acabaron obteniendo los puestos”, ha afirmado.En lo que compete al Ayuntamiento de València, Catalá ha explicado que la investigación es por un empleado público que trabajaba en el Consorcio Valencia 2007 y que accedió a través de un procedimiento concurso-oposición “totalmente transparente” a una plaza de la Fundación Visit València.La alcaldesa ha detallado que el Consorcio 2007, que en la actualidad se encuentra en liquidación, es una entidad de derecho público, integrada por la Administración General del Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento de València. Según ha relatado, el Consejo Rector de este consorcio, en fecha 30 de mayo de 2022, acordó en cumplimiento de sus estatutos proceder a la “disolución y liquidación” del mismo.Uno de los principales activos de ese Consorcio, ha incidido, era su personal, quienes eran empleados públicos. “Por parte de los representantes municipales se ha mostrado siempre, desde el principio, interés en la situación de los trabajadores de este Consorcio. En mayo de 2022, ya el alcalde Ribó apostaba por la continuidad de estos trabajadores que, evidentemente, se han visto tras una liquidación inmersos en un Expediente de regulación de empleo (ERE)”, ha asegurado en alusión al entonces primer edil, Joan Ribó (Compromís).También ha desgranado que durante el proceso de liquidación se emitió un informe de la Abogacía del Estado --de 10 de enero de 2024-- en el que se concluía que la liquidación y extinción del consorcio suponía la extinción de los contratos de trabajo del personal del mismo y su despido mediante las técnicas de despido colectivo. Esta decisión, ha remarcado, “supuso que varios representantes municipales, tanto del gobierno como de la oposición, se interesaran por estos trabajadores”. Licenciado en Ciencias de la Información por la UAB y Doctor en Comunicación por la UV. Delegado en València y redactor jefe de La Vanguardia desde 1991Testigo de juicios históricos: procés, 11-M, 17-A, Gürtel, Nòos o de los más sanguinarios etarras. Voy tras los casos de corrupción, de la política a lo empresarial y lo policial, para destapar todo tipo de abusos