Anticorrupción investiga a la alcaldesa de Valencia y a la presidenta del Puerto por la creación de puestos de trabajo a dedo

La Fiscalía Anticorrupción investiga penalmente al Valencia" class="entity-link entity-organization" data-entity-id="64200" data-entity-type="organization">Ayuntamiento de Valencia, que preside María José Catalá (PP), y a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias a raíz de la recolocación a dedo de trabajadores del denominado Valencia-2007" class="entity-link entity-organization" data-entity-id="115947" data-entity-type="organization">Consorcio Valencia 2007, de titularidad pública, según confirma a EL PAÍS el Ministerio Público. Junto a Catalá, las pesquisas indagan la presunta implicación en esta irregularidad de dos concejalas del Consistorio, Rocío Gil y Paula Llobet, y de la presidenta de la APV, Mar Chao. La Fiscalía también apunta a cuatro trabajadores públicos. El Valencia-2007" class="entity-link entity-organization" data-entity-id="115947" data-entity-type="organization">Consorcio Valencia 2007, desde donde se urdió la supuesta recolocación a dedo, es una entidad integrada por el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento. La investigación de Anticorrupción arrancó tras una denuncia presentada en febrero por Compromís, que sostenía que Catalá, Chao y las concejalas Rocío Gil, presidenta de la Fundación Deportiva Municipal; y Paula Llobet, de la sociedad pública Visit Valencia; impulsaron un proceso de “subrogación encubierta” de trabajadores que formaban parte del Valencia-2007" class="entity-link entity-organization" data-entity-id="115947" data-entity-type="organization">Consorcio Valencia 2007. Y que después pasaron a ocupar cargos directivos en dos entidades municipales y en la Autoridad Portuaria de Valencia. La supuesta irregularidad se cometió en 2024, según la denuncia. Las pesquisas indagan, entre otros, el proceso de contratación que se produjo en la Fundación Deportiva Municipal, que en abril de 2024 aprobó dos convocatorias de contratación pública para puestos directivos del área administrativa y económica. Y, según Compromís, el Ayuntamiento maniobró para colocar a los empleados procedentes del Valencia-2007" class="entity-link entity-organization" data-entity-id="115947" data-entity-type="organization">Consorcio Valencia 2007. Unos hechos que contemplarían los delitos de prevaricación -dictar una resolución injusta a sabiendas- y tráfico de influencias. La portavoz municipal de Compromís en Valencia, Papi Robles, enmarca la presunta recolocación irregular en “una trama para contratar a afines en puestos directivos y acusa al gobierno municipal de PP y Vox de utilizar las instituciones como ”una agencia de colocación". La Autoridad Portuaria de Valencia ha declinado valorar el caso. “No informamos de los tramites realizados en el marco de los procesos judiciales en marcha que consideramos forman parte de una instrucción. Obviamente, la APV facilita siempre la documentación e información requerida por cualquier órgano fiscalizador”, ha asegurado el organismo.