La regularización de 500.000 inmigrantes

El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto para regularizar a alrededor de 500.000 inmigrantes, afincados desde hace al menos cinco meses en España y ya operativos, pero todavía carentes de los papeles reglamentarios. Se trata de una medida extraordinaria –la anterior comparable se produjo veinte años atrás, siendo presidente José Luis Rodríguez Zapatero– que cuenta con partidarios y detractores. Entre los primeros, claro, el Gobierno y los partidos a su izquierda, incluido Podemos. Pero también la patronal, con alguna reserva, si bien consciente del déficit de mano de obra en distintos sectores laborales, así como la Iglesia. Entre los segundos, el PP, que prepara una ofensiva judicial y parlamentaria contra el decreto, pese a que en el 2024 votó en el Congreso a favor de la iniciativa legislativa popular con fin similar apoyada por la Iglesia. Y también Vox se opone frontalmente y se declara partidario de la expulsión urgente de cuantos acceden de modo ilegal a nuestro país; el líder del partido ultra ha llegado a enfrentarse con obispos a raíz de este asunto.En su redactado definitivo, el real decreto atiende algunas de las recomendaciones contenidas en un informe del Consejo de Estado, sobre todo en lo tocante a antecedentes penales de los solicitantes en sus países de origen. Lo que de hecho endurece las condiciones para proceder a la regularización de determinados peticionarios. Porque, pese a que la voluntad normalizadora del Gobierno es firme e incluye la asunción de gestiones diplomáticas con países de origen para facilitar trámites cuando ello sea preciso, y a que es flexible a la vez en materia de plazos, no habrá regularización si el inmigrante no acredita antecedentes limpios garantizados por su país de procedencia antes de que expire el plazo fijado. Otra recomendación del Consejo de Estado atendida por el Gobierno se ha plasmado en su renuncia a que los solicitantes que previamente habían pedido a España protección internacional la retiraran cuando quisieran acogerse al proceso de regularización; ahora solo deberán hacerlo una vez hayan obtenido el permiso de residencia.La inmigración no es en España, ciertamente, un fenómeno nuevo. Pero sus cifras actuales son muy elocuentes. El número de personas residentes en España pero no nacidas aquí ronda los diez millones, la mitad de ellas procedentes de Latinoamérica; es decir, una de cada cinco personas que viven en el país. Según datos oficiales, el 14,1% de las personas afiliadas a la Seguridad Social a fines del año pasado eran de origen extranjero, sumando 3,1 millones de cotizantes.El Consejo de Ministros aprueba un real decreto para adecuar el mercado laboral a la realidadFrente a los argumentos que insisten en presentar a los inmigrantes, a menudo de modo indiscriminado, como delincuentes, y que proponen suprimir cualquier ayuda o beneficio social para ellos, el Gobierno opone razones de cuño pragmático o humanitario. En el preámbulo del real decreto leemos que “la incorporación plena [de los inmigrantes] al sistema administrativo y económico fortalece la Seguridad Social, mejora la recaudación tributaria y contribuye a un mercado laboral más transparente y eficiente. Asimismo, permite garantizar a las personas extranjeras el ejercicio efectivo de sus derechos y prevenir situaciones de explotación laboral”.Este argumentario es en buena medida compartido por instituciones de diverso orden, desde el Banco Central Europeo o el Banco de España hasta el Defensor del Pueblo, que en distintos estudios han coincidido en que los flujos migratorios impulsan el PIB, el consumo, la inversión y el crecimiento potencial de la economía española. También que el aumento del número de las autorizaciones de residencia repercute en un alza de las cotizaciones y de la recaudación fiscal, a la vez que reduce el volumen de la economía sumergida.Apoyada por la izquierda, la patronal y la Iglesia, la medida es rechazada por el PP y por VoxEs verdad que en ocasiones se abusa de las ayudas oficiales, y que en tal conducta insolidaria incurren también inmigrantes. Y que los servicios públicos se ven sometidos a más tensión ante la mayor demanda. Pero si cada problema tiene su solución, la de este no pasa por la criminalización genérica del extranjero, sino por la exigencia al Gobierno y al resto de administraciones que vigilen y atajen las mencionadas conductas, puesto que son perjudiciales para el conjunto de los ciudadanos del país, indistintamente de cual sea el lugar de nacimiento de quien las lleva a cabo.Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, presentó ayer el real decreto que motiva estas líneas como “uno de los grandes hitos de la legislatura”, haciendo hincapié en que beneficia a personas con las que ya convivimos, pero también al resto de la ciudadanía. Que así sea.