Las víctimas de la dana de Valencia, a las puertas del Congreso: “Vamos a defender a la jueza”

Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat Valenciana, ha recurrido ante la Audiencia de Valencia la decisión de una jueza de Catarroja que le niega personarse en la causa que investiga la dana de octubre de 2024, donde fallecieron 230 personas. La jueza había citado a Mazón como testigo y el TSJCV rechazó imputarlo debido a su condición de diputado autonómico. El abogado de Mazón argumenta que la jueza elevó una exposición razonada al TSJCV para pedir su imputación antes de finalizar la instrucción, generando indefensión procesal al no poder participar en diligencias que le afectan. La investigación, que lleva más de un año y medio, ya ha tomado declaración a más de 500 testigos y tiene como únicos imputados a la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y al exdirector general de Emergencias, Emilio Argüeso.

Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat, ha recurrido ante la Audiencia de Valencia la decisión de una jueza de Catarroja que le niega personarse en la causa sobre la gestión de la dana de octubre de 2024. La jueza rechazó su solicitud argumentando que la figura del "testigo asistido" no existe en España, pese a haberlo citado como testigo. El recurso de Mazón se basa en una supuesta "anomalía procesal" al elevarse la exposición razonada en una fase intermedia de la instrucción, apartándose del criterio previo del Tribunal Superior de Justicia y la propia instructora. Alega que se han practicado diligencias que le afectan sin que haya podido defenderse, generando indefensión procesal. Su defensa destaca que el TSJ ya se pronunció sobre la inexistencia de responsabilidad penal de Mazón.

La Generalitat Valenciana, liderada por Juan Francisco Pérez Llorca, reducirá la plantilla del juzgado de Catarroja que investiga la dana de 2024 a partir del 30 de junio, eliminando cuatro funcionarios. Esta decisión, según fuentes judiciales, dificultará la instrucción del caso, que investiga la gestión de la catástrofe que causó 230 muertos. Entre los imputados se encuentran la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el exdirector general de Emergencias, Emilio Argüeso. La Consejería de Justicia justifica la medida como parte de un plan para estabilizar las plantillas y modernizar la administración judicial. La jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra, se quedará con un único auxilio judicial para gestionar la compleja causa, que cuenta con numerosos tomos y más de 500 testigos.