Airbnb recurre la multa de 64 millones de Consumo: "Es contraria al marco legal español y europeo"

Airbnb está apelando una multa de 64 millones de euros impuesta por el Ministerio de Consumo de España en diciembre de 2025. La multa se debe a infracciones en la publicación de anuncios de alojamientos turísticos sin licencia o con información engañosa. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid denegó la solicitud de Airbnb de paralizar la sanción, pero la compañía ha presentado un recurso de reposición. Airbnb argumenta que la sanción es contraria al marco legal español y europeo, que cumple con la normativa y que es una plataforma sujeta a la Ley de Servicios Digitales de la UE, sin obligaciones de supervisión. El gobierno español identificó más de 65,000 anuncios problemáticos que fueron retirados de la plataforma en julio de 2025.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazó la solicitud de Airbnb para paralizar una multa de 64 millones de euros impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en diciembre de 2025. La multa se debe a la publicación de 65.122 anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, considerados "prácticas comerciales desleales" e infracciones graves por el Ministerio. Consumo detectó que Airbnb publicaba anuncios sin el número de registro obligatorio o con información falsa, además de otras infracciones relacionadas con contratos a distancia y obstrucción a la inspección. Airbnb puede presentar un recurso de reposición ante el mismo tribunal. La multa equivale a seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb durante el tiempo que los anuncios infractores estuvieron publicados.

Airbnb deberá pagar una multa de 64 millones de euros impuesta por el Ministerio de Consumo español en diciembre de 2025. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó la solicitud de Airbnb de suspender el pago mientras se dictaba sentencia firme. La multa se debe a infracciones en la publicación de anuncios de alquileres turísticos, incluyendo la falta de licencia, el uso de números de licencia falsos y la falta de información veraz sobre los anfitriones. El Ministerio de Consumo impuso la sanción, equivalente a seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb, como parte de un esfuerzo para abordar la crisis de la vivienda en España. Paralelamente, el Ministerio de Vivienda promovió el Registro Único de Alquileres para controlar los alquileres turísticos.