El Gobierno aprueba la factura electrónica obligatoria en los pagos de empresas y profesionales

El gobierno español ha aprobado un real decreto que obliga al uso de la factura electrónica entre empresas y profesionales (B2B). La medida busca reducir la morosidad, agilizar los pagos y mejorar la competitividad empresarial, especialmente para las pymes. La nueva normativa permitirá registrar electrónicamente la emisión, aceptación y pago de facturas, facilitando el control de los plazos de pago y permitiendo a la Administración monitorizar su cumplimiento. Las empresas podrán intercambiar facturas electrónicas a través de plataformas privadas interconectadas o una solución pública gratuita de la Agencia Tributaria (AEAT). La implementación será gradual: las empresas con facturación superior a 8 millones de euros tendrán un año para adaptarse, y el resto, dos años, a partir de la publicación de la orden ministerial de Hacienda, prevista antes del 1 de julio de 2026. Este sistema B2B se diferencia de Verifactu, que se enfoca en combatir el fraude fiscal.

El gobierno español ha aprobado un real decreto que obliga al uso de facturas electrónicas entre empresas y profesionales (B2B). La medida busca impulsar la digitalización empresarial, reducir la morosidad y mejorar la previsibilidad de cobros, especialmente para las pymes. El decreto exige informar del estado de cada factura, incluyendo la aceptación y fecha de pago, para monitorizar el cumplimiento de los plazos. La entrada en vigor será escalonada: un año para empresas con facturación superior a 8 millones de euros y dos años para el resto, contando desde la publicación de la orden ministerial de Hacienda (prevista antes del 1 de julio de 2026). Las empresas podrán usar plataformas privadas o la solución pública y gratuita de la Agencia Tributaria. Este decreto es distinto al proyecto "Verifactu", que busca combatir el fraude fiscal.

España probablemente incumplirá las reglas fiscales europeas debido al reciente paquete de medidas anticrisis, según advirtió Cristina Herrero, expresidenta de la AIReF, en el Congreso. Este paquete, con un impacto de 5.000 millones de euros, excede los márgenes de gasto permitidos por la Comisión Europea, específicamente en el gasto primario neto. Aunque la recaudación actual permite cumplir con los objetivos de déficit, la Comisión se centra ahora en el gasto computable, lo que significa que el aumento de la recaudación no compensa el aumento del gasto. Herrero alertó que España podría exceder los márgenes permitidos ya en 2026, lo que podría llevar a la Comisión Europea a abrir un procedimiento de déficit excesivo en 2027, forzando ajustes al próximo gobierno. La AIReF ya había advertido sobre el riesgo de incumplimiento del límite de crecimiento del gasto computable antes de la aprobación del paquete de medidas.